Elena Lorente lidera las investigaciones relacionadas con los fondos otorgados por el Gobierno a la aerolínea.
Hace un año, la Audiencia Provincial de Madrid sentenció al ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, a cuatro años, nueve meses y un día de cárcel por su responsabilidad en tres delitos contra la Hacienda Pública, uno de blanqueo de capitales y otro de corrupción entre particulares. Dicha sentencia fue posible gracias a la labor de la fiscal Anticorrupción, Elena Lorente, quien actualmente también está al frente de la investigación sobre el rescate gubernamental a la aerolínea Plus Ultra. La resolución llegó tras un juicio «extenso y complicado» para Lorente, quien tuvo que afrontar las continuas embestidas de Rato durante la vista oral. «¡El respeto se merece!», llegó a recriminarle el ex líder del Partido Popular a la representante del Ministerio Público durante el proceso judicial.
De la misma manera que Lorente impulsó la causa que condujo a la condena del todopoderoso ex ministro de Economía y ex director del Fondo Monetario Internacional (FMI), ahora también sostiene la investigación que lleva adelante el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid en torno a un posible lavado de dinero del rescate de Plus Ultra, a través de una red criminal con conexiones en Venezuela. Según fuentes fiscales consultadas por EL MUNDO, Lorente fue la fiscal que formuló una denuncia ante la Audiencia Nacional por estos hechos, pero el tribunal la rechazó en noviembre de 2024 por falta de competencia.
En esa denuncia inicial, Anticorrupción focalizó la atención en el presunto uso indebido de las ayudas públicas españolas, concretamente en los millones que Plus Ultra recibió el 9 de marzo de 2021 mediante un acuerdo del Consejo de Ministros. Esto se debe a que la aerolínea aparece como firmante y beneficiaria de contratos de préstamo vinculados a tres sociedades pertenecientes a la organización criminal.
A pesar de ese primer rechazo, la fiscal, apoyada en la apertura de diligencias de investigación solicitada por su superior, el fiscal jefe Alejandro Luzón, prosiguió con el examen detallado de todo lo relacionado con el rescate a Plus Ultra. Realizó esta tarea con máxima discreción hasta que optó por presentar una denuncia que provocó la reapertura del caso en el Juzgado Número 15 de Plaza de Castilla (Madrid).
Las personas que han colaborado estrechamente con Elena Lorente la describen como una fiscal con amplia experiencia, sólidamente preparada en lo técnico y sumamente discreta.
El pasado jueves, la Policía Nacional arrestó al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; al director ejecutivo, Roberto Rosellini; y a un empresario vinculado a la aerolínea, Julio Martínez Martínez. Los tres quedaron en libertad con medidas cautelares el sábado siguiente.
Como informó este diario, tanto el juez como la fiscal investigan, entre otros aspectos, los préstamos que la compañía solicitó a sociedades off shore con sede en Suiza y Reino Unido, dirigidas por una «organización criminal», según la Fiscalía, que luego fueron saldados con fondos del rescate concedido por el Gobierno español, que totalizó 53 millones de euros. Se trata de préstamos que Plus Ultra pidió entre 2020 y 2021 por un importe aproximado de 1,3 millones de euros a sociedades del financiero Simon Leendert Verhoeven, investigado por la Fiscalía suiza y señalado por los investigadores como cabeza de la red criminal.
Asimismo, la investigación ha revelado que el empresario detenido, con intereses en Venezuela, era cliente —a través de su sociedad Análisis Relevante— de la agencia de comunicación Whathefav, dirigida por las dos hijas de José Luis Rodríguez Zapatero. El ex presidente del Gobierno, estrechamente vinculado al régimen venezolano, intervino para que la aerolínea recibiera apoyo económico público tras la crisis pandémica, según la versión proporcionada por el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos.