Funcionarios denuncian a EL MUNDO que el subdirector de Evaluación Ambiental presionaba para obtener informes favorables a los proyectos eólicos de la compañía aragonesa, la cual fue registrada durante seis horas por la Guardia Civil. El acusado lo niega «rotundamente».
«Era algo muy evidente. Primero se ejercían presiones sobre un grupo de unos 50 funcionarios, todos biólogos, especialistas en Ciencias Ambientales o ingenieros químicos: era obligatorio emitir valoraciones positivas sobre todos los proyectos que presentaba Forestalia. Las presiones provenían directamente del subdirector».
«Luego, al notar que numerosos técnicos rechazaban aprobar dichos proyectos, que en su mayoría contaban con informes negativos previos de comunidades autónomas, se decidió apartar a esos técnicos de la elaboración de las Declaraciones de Impacto Ambiental [DIA], que eran cruciales para la aprobación de los proyectos. Fue entonces cuando el propio subdirector empezó a asumir esos expedientes. De manera clara indicaba a todos: ‘Todo lo relacionado con Forestalia pásenmelo a mí’. Gracias a esto, los proyectos avanzaban. En su cuenta acumuló más megavatios que todos los técnicos del área juntos, varios de los cuales acabaron trasladados a otras áreas de la Administración donde podían trabajar sin presiones».
Estas son las acusaciones realizadas por varios funcionarios del departamento a EL MUNDO. Según ellos, durante la gestión de Teresa Ribera en la Subdirección General de Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica, se brindó un trato privilegiado a Forestalia, empresa ahora bajo investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por orden de la Audiencia Nacional, a raíz de presuntas irregularidades en la contratación pública, en una causa que derivó en la detención reciente de la fontanera del PSOE Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández Guerrero.
Los denunciantes señalan que en las oficinas ubicadas en la plaza de San Juan de la Cruz de Madrid, en 2022 —en el auge de las energías renovables en España— se favoreció claramente a Forestalia, firma que fue registrada la semana pasada por la Guardia Civil.
Se apunta directamente a una persona: Eugenio Domínguez, subdirector general de Evaluación Ambiental hasta junio de 2023, quien niega categóricamente al periódico: «No se favoreció a ninguna empresa. De hecho, existía un cuello de botella importante porque no podíamos atender todos los expedientes que llegaban. España apostaba de forma decidida por las renovables y no podía quedarse estancada en la burocracia. Por eso gestioné muchos expedientes, pero siempre para derivarlos a Tragsatec, subcontratada para esa función. En ningún momento se benefició a Forestalia ni a otra compañía», afirma Domínguez, funcionario con «44 años de experiencia».
De todas formas, la UCO registró la empresa durante seis horas la semana pasada dentro de una causa pendiente, dirigida por el juzgado central número 6 de la Audiencia Nacional, bajo secreto judicial.
«Era muy evidente porque muchas veces la documentación de Forestalia ni siquiera entraba por registro, como es obligatorio, sino que llegaba en discos duros directo a la mesa de Domínguez», detallan varios funcionarios a EL MUNDO.
«Esos documentos los almacenaba él en su ordenador de modo irregular. Pero eso no es todo. En Aragón ocurrían hechos extraños con los proyectos de Forestalia: primero llegaban informes negativos sobre un proyecto; posteriormente, un informe favorable del Inaga [Instituto Aragonés de Gestión Ambiental], que no estaba firmado por ningún funcionario sino por el director. En otro caso, nos comunicó un empleado de allí que un informe favorable que llegó no correspondía con lo que él había firmado.»
Según estas fuentes, la preferencia era evidente, incluso «se favorecieron proyectos colindantes con los de Forestalia, cuyos resultados negativos podrían afectar a Forestalia. En algunos casos el Inaga modificó radicalmente informes muy negativos sin justificación aparente, y con ese respaldo positivo el subdirector podía presionar para conceder una DIA favorable».
Eugenio Domínguez reconoce «desacuerdos puntuales» con los técnicos, «porque estos expedientes son complejos y tienen múltiples variables», pero «niega rotundamente cualquier trato preferencial».
Respecto a las acusaciones de sus subordinados, afirma: «No lo sé, más aún teniendo en cuenta que yo mismo les promocioné. Quizás no les gustó la subcontratación con Tragsatec, pero era la única forma de que los procesos avanzasen, esta es la realidad», explica. Domínguez testificó en un juzgado de Teruel, donde se investiga una de las denuncias generadas por alguna de estas Declaraciones de Impacto Ambiental positivas: la del parque eólico del Maestrazgo, al sur de Teruel, impugnada por Teruel Existe y con firme oposición del colectivo ecologista Paisajes de Teruel.
S EL MUNDO ha conocido ahora que esta fue la primera ocasión en que la Guardia Civil acudió a Transición Ecológica para solicitar información sobre Forestalia y el Maestrazgo. «Teresa Ribera llamó a Tomás Guitarte y le preguntó: ‘¿Pero qué habéis hecho?’. Y Tomás», relatan fuentes de Teruel Existe, «respondió: ‘No, no, qué habéis hecho vosotros’».