El Gobierno andaluz ha aprobado este miércoles la Ley de Patrimonio de Andalucía. Entre sus disposiciones está que los alumnos de Formación Profesional podrán realizar prácticas con vehículos antiguos de la Junta. ¿La finalidad? Disminuir los residuos generados por la administración autonómica.
En la Ley de Patrimonio también se aborda la clasificación, protección y utilización de los hasta 400.000 bienes que el Gobierno andaluz ha registrado y que, hasta el momento, no se encontraban agrupados en un solo inventario.
La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha explicado que la normativa previa que regulaba el patrimonio de la comunidad tiene ya cuatro décadas. La consideró «anticuada«, comentó.
Así, la normativa que, según España, comenzará «en breve» su trámite parlamentario, se centra en dos líneas: la organización y gestión de los bienes de la Junta y, paralelamente, en la reducción de residuos impulsando la economía circular.
De esta manera, «la Ley de Patrimonio nace con la meta de transformar el patrimonio de ser un problema a convertirse en una solución», señaló Carolina España. Añadió que «cuando Juanma Moreno accedió al Gobierno, encontramos una gran cantidad de patrimonio sin registrar».
Subastas
Además del inventario patrimonial, la ley prevé que la información sobre subastas sea accesible al público. La consejera de Economía subrayó también el aspecto de la «simplificación administrativa».
En efecto, el Gobierno de Juanma Moreno pretende «dar una segunda vida a los bienes muebles de la Junta». Esto implica que los recursos de colegios, oficinas o vehículos empleados en centros públicos de Andalucía no se desechen automáticamente una vez obsoletos o sin uso.
Para propiciar esa «segunda vida», la nueva Ley de Patrimonio propone que esos vehículos, mesas o estanterías se destinen a lugares donde puedan continuar siendo utilizados. No se creará un ‘mercadillo’; en cambio, se asignarán a otras entidades públicas o privadas «siempre que cumplan una función pública», aclaró la consejera.
España aportó un ejemplo concreto. La Junta de Andalucía posee un parque móvil muy extenso, que incluye desde coches utilizados por servicios de limpieza hasta camiones del Infoca; desde aviones para bomberos forestales hasta todoterrenos para vigilantes de montes.
Al desguace
¿Cuál es el destino de estos vehículos cuando superan los límites de tiempo o kilometraje establecidos por ley? Hasta ahora, eran enviados al desguace. Tras la aprobación de la Ley de Patrimonio en el Parlamento andaluz, esto cambiará.
A partir de ese momento, dichos coches o aviones serán destinados a estudiantes de Formación Profesional (FP) de mecánica, por ejemplo. Ellos tendrán la oportunidad de examinar internamente estos vehículos y aprender con recursos que de otra forma serían considerados desechos.
El mismo procedimiento se aplicará al mobiliario de colegios u oficinas. Estos podrán ser asignados a otras entidades públicas o, incluso, privadas, tales como ONG y similares. La única condición es que la función o misión de los organismos o asociaciones que reciban estos objetos sea de carácter público.
España también indicó que la norma incluirá un régimen sancionador y tendrá como principal objetivo minimizar al máximo el desperdicio de bienes usados por la Junta de Andalucía, que es, recordemos, la entidad con mayor número de empleados en la comunidad.
PSOE
Desde la Junta recuerdan que esta no es la primera iniciativa destinada a ordenar el patrimonio de la administración autonómica. De hecho, el Gobierno de Juanma Moreno ya promovió la «recuperación de los 70 inmuebles que el gobierno del PSOE vendió en 2014», explicó España.
Gracias a esta estrategia, Andalucía «ahorra hasta 35 millones de euros anuales en alquileres» al no tener que pagar por los edificios que utiliza, añadió la consejera de Economía.
El nuevo texto legal, que ha recibido elogios del Consejo Consultivo como un ejemplo de buenas prácticas legislativas, según España, pretende asegurar la transparencia y facilitar la gestión administrativa, además de promover un modelo sostenible en la utilización de bienes públicos.
Para lograrlo, establece una definición más amplia del patrimonio de la comunidad autónoma, que incluye el conjunto de bienes y derechos de titularidad de la administración de la Junta y sus organismos.
Consejo Consultivo
Asimismo, contempla mecanismos eficientes para garantizar la conservación y valorización del patrimonio de Andalucía, aspectos que el Consejo Consultivo ha destacado por su carácter innovador.
De igual modo, se aumentan la eficacia y eficiencia en la gestión, especialmente en el ámbito de los edificios administrativos de la Junta de Andalucía, eliminando gastos superfluos e innecesarios, y en el parque móvil de la comunidad, al tiempo que se establece un régimen jurídico específico para prolongar la vida útil de los bienes muebles obsoletos, dando prioridad a su reutilización y reciclaje.
Por ello, según la Junta, esta ley está alineada con los principios de eficacia, eficiencia, economía y racionalidad organizativa, publicidad, transparencia, colaboración, coordinación y control, que deben guiar la regulación para una adecuada administración, protección y conservación del patrimonio, como también lo ha resaltado el Consultivo.
La Ley del Patrimonio de Andalucía vigente data de 1986, y desde entonces se han aprobado varias normas que han afectado, de forma directa o indirecta, al régimen patrimonial de la comunidad autónoma.
«Amplio catálogo»
Todas las modificaciones legales realizadas a lo largo del tiempo quedarán recogidas en esta nueva normativa patrimonial, que se adapta a la realidad jurídica actual y además permitirá ordenar el amplio catálogo de patrimonio público andaluz, ya que en anteriores mandatos no existía ni siquiera un inventario actualizado de los bienes de la Junta.
La carencia de organización causaba la existencia de decenas de solares, edificios y todo tipo de inmuebles abandonados y sin control, que permanecían sin uso y cuyo mantenimiento suponía un coste de seis millones para las arcas públicas, según la Junta. Además, se ha destacado que los esfuerzos realizados en años recientes han reportado “ingresos por 137 millones de euros mediante la enajenación de inmuebles no útiles”, fondos que se han destinado a servicios esenciales como salud, dependencia y educación.
Conforme a la apuesta del Gobierno andaluz por la simplificación administrativa, el proyecto de ley introduce medidas para acelerar y minimizar los trámites en operaciones patrimoniales, eliminando duplicidades y asegurando, mediante herramientas digitales, una gestión más ágil y coordinada, en beneficio de los ciudadanos, frente a los procedimientos anticuados que dificultaban el uso de los bienes para fines públicos.
Portal web
La norma promueve la transparencia y la participación. Por primera vez, la Junta pondrá a disposición de la ciudadanía una Plataforma digital de Publicidad Patrimonial, integrada en su portal web y que contiene un inventario completo de los inmuebles en propiedad de la Junta y sus organismos dependientes. Este sitio ofrecerá también información actualizada sobre subastas, aprovechamientos y demás usos posibles de dichos bienes.
Asimismo, se incorpora la figura de los proyectos públicos de aprovechamiento y explotación, mediante los cuales las administraciones públicas territoriales de Andalucía podrán solicitar a la Junta mejorar la explotación y aprovechamiento de los bienes patrimoniales localizados en su ámbito. Por ejemplo, un ayuntamiento andaluz podría pedir al Gobierno autonómico que active un inmueble abandonado.
Del mismo modo, se fortalecen los procedimientos de concurso y negociación con concurrencia y publicidad, y se introduce como novedad la figura de la consulta de interés de mercado, orientada a obtener información directa del sector empresarial y la sociedad civil para concretar, optimizar o mejorar determinados proyectos y preparar los procesos de adjudicación correspondientes.
«Pionera»
En tercer lugar, la norma se adapta a los principios de economía circular en la gestión de bienes muebles de la Junta, siendo, por tanto, «pionera en introducir los estándares ambientales más avanzados en la gestión patrimonial y en fomentar el uso eficiente y la extensión de la vida útil de esos bienes muebles».
Así, se creará una ‘bolsa de segunda oportunidad’ para reusar mobiliario, material informático, vehículos y otros elementos, priorizando su reutilización, reparación o reciclaje. Por ejemplo, aquellos vehículos próximos al fin de su vida útil podrán ser destinados a alumnos de grados formativos para su uso.
Cuando la reutilización no sea factible, los bienes podrán cederse gratuitamente a otras administraciones, entidades sin ánimo de lucro o gestores autorizados de residuos. Finalmente, la nueva ley regula la obligación de proteger el patrimonio y los deberes de colaboración, e incorpora por primera vez en Andalucía un régimen de infracciones y sanciones para los daños que sufra el patrimonio autonómico.