El Parlamento de Andalucía ha dado luz verde a una nueva Ley de Patrimonio que permitirá ahorrar hasta 6 millones de euros anuales en los costes de mantenimiento de los monumentos.
Esta legislación actualiza el marco jurídico sobre patrimonio, que no había sido revisado en más de cuatro décadas, y busca garantizar mayor transparencia junto con una gestión administrativa más ágil.
Se contempla la creación de una Plataforma digital de Publicidad Patrimonial que incluye un inventario detallado de los bienes inmuebles pertenecientes a la Junta y sus organismos asociados.
Además, se incorpora la economía circular para la administración de bienes muebles, estableciendo una ‘bolsa de segunda oportunidad’ destinada a la reutilización, reparación o reciclaje de mobiliario, vehículos y equipo informático.
El Parlamento andaluz ha ratificado la nueva Ley de Patrimonio de la comunidad. Según fuentes gubernamentales, esta normativa permitirá economizar hasta 6 millones de euros anuales en la conservación de los monumentos regionales.
La ley, aprobada con el respaldo del PP, la abstención de Vox y el rechazo del resto de partidos opositores, actualiza el régimen jurídico relacionado con el patrimonio, cuya normativa permanecía sin cambios durante más de cuarenta años.
Desde el Gobierno andaluz se explica que la comunidad cuenta con «uno de los conjuntos patrimoniales más grandes de España» y para su gestión era imprescindible dotar a la región de «herramientas jurídicas modernas que aseguren una administración eficaz y eficiente del patrimonio autonómico, uno de los más extensos del país».
La ley busca «garantizar transparencia y simplificar los procesos administrativos, así como promover un modelo sostenible en la utilización de los bienes públicos«, agregan las mismas fuentes.
Carolina España, consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, ha señalado que esta legislación surge «de un compromiso» del presidente de la Junta, Juanma Moreno, cuyo objetivo no es «vender patrimonio», sino protegerlo y ponerlo «al servicio de toda la sociedad».
Agencias
La ley define de manera más amplia el patrimonio de la comunidad autónoma, incluyendo el conjunto de bienes y derechos pertenecientes a la administración de la Junta de Andalucía y sus entidades dependientes.
Además, establece mecanismos efectivos que garantizan «la conservación y valorización del patrimonio andaluz», potenciando la eficiencia en la administración, especialmente en relación con los edificios administrativos de la Junta de Andalucía. Esto incluye la eliminación de gastos innecesarios, la gestión del parque móvil regional y la creación de un régimen jurídico específico para extender la vida útil de bienes muebles obsoletos, priorizando la reutilización y el reciclaje.
Por tanto, el texto legal se alinea con principios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad organizativa, publicidad, transparencia, colaboración, coordinación y control, pilares fundamentales para la adecuada administración, protección y conservación del patrimonio.
Uno de los objetivos prioritarios es organizar el extenso catálogo del patrimonio público andaluz. Según fuentes de la Junta, esto implica definir con claridad qué se considera patrimonio y cómo debe conservarse y explotarse, un aspecto que hasta ahora no estaba resuelto.
Por primera vez, la Junta de Andalucía ofrecerá a la ciudadanía una Plataforma digital de Publicidad Patrimonial, integrada en su portal web, que recopila un inventario exhaustivo de todos los inmuebles propiedad de la Junta y sus organismos relacionados.
Dicha plataforma también proporcionará información actualizada sobre subastas, aprovechamientos y otros posibles usos de estos bienes.
Asimismo, se introduce la figura de proyectos públicos de aprovechamiento y explotación, que permitirá a las administraciones territoriales de Andalucía solicitar a la Junta mejoras en el uso y explotación de los bienes patrimoniales ubicados en su demarcación.
Abandonados
De esta manera, un ayuntamiento andaluz podrá requerir al Gobierno autonómico la puesta en uso de inmuebles abandonados.
También se refuerzan los procedimientos para contratos públicos, tanto en concursos como en negociaciones con concurrencia pública y transparente.
Una innovación de la ley es la figura de la consulta de interés de mercado, que busca obtener información directa del tejido empresarial y la sociedad civil sobre cómo concretar, optimizar o mejorar proyectos específicos y preparar los procedimientos de adjudicación pertinentes, según recoge Europa Press.
En tercer lugar, esta normativa se ajusta a los principios de economía circular en la gestión de bienes muebles de la Junta de Andalucía, constituyéndose «como pionera en la implantación de altos estándares medioambientales que fomentan el uso eficiente y la prolongación de la vida útil de esos bienes».
Segunda oportunidad
De este modo, se creará una ‘bolsa de segunda oportunidad’ para reutilizar mobiliario, material informático, vehículos y otros recursos, priorizando la reparación, reutilización o reciclaje.
Por ejemplo, vehículos próximos al final de su vida útil podrán ser utilizados por estudiantes en grados formativos.
En caso de que no sea viable la reutilización, los bienes podrán ser cedidos gratuitamente a otras administraciones, organizaciones sin ánimo de lucro o gestores autorizados de residuos.
Finalmente, la nueva ley regula la obligación de proteger el patrimonio y establece deberes de colaboración, incorporando por primera vez en Andalucía un régimen de infracciones y sanciones para los daños que pueda sufrir el patrimonio autonómico.