Las actas emitidas por Hacienda en julio de 2021 contradicen la versión presentada ante la jueza y especifican cuáles investigaciones fiscales se resolvieron y cuáles no entraron en el acuerdo.
Más información: La declaración de Laporta debilita la credibilidad de la versión del Barça en el caso Negreira: nadie estaba al tanto ni tenía conocimiento
Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, aseguró ante la jueza del caso Negreira que el club firmó en 2021 un «acuerdo fiscal global con Hacienda» y negó que los pagos a las empresas de José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del CTA, fueran considerados simples liberalidades.
Sin embargo, nuevamente en este caso Negreira, las evidencias relatan hechos muy distintos a los que provienen desde el club. Las actas de la Agencia Tributaria relativas a ese caso, a las que tuvo acceso EL ESPAÑOL, contradicen ambas afirmaciones.
El presidente azulgrana declaró el pasado viernes alrededor de una hora ante la jueza que instruye el caso Negreira como testigo, el mismo día en que también testificaron Luis Enrique y Ernesto Valverde.
Durante su testimonio, Joan Laporta intentó desvincular los pagos efectuados a José María Enríquez Negreira y su hijo de cualquier irregularidad, defendió la utilidad deportiva de esos pagos y negó que el club asumiera que se tratara de simples liberalidades sin contraprestación efectiva.
Además, aseguró que en julio de 2021 el Barça cerró un acuerdo «global» con Hacienda para resolver todas las inspecciones en curso, incluyendo aquella relacionada con los pagos a agentes de futbolistas, uno de los aspectos económicos más relevantes para la entidad en ese momento.
Declaración de Joan Laporta en el caso Negreira
El acuerdo con Hacienda
La documentación oficial de la Inspección de Hacienda del Estado, fechada ese mismo julio de 2021 y a la que tuvo acceso EL ESPAÑOL, presenta una realidad bastante distinta.
Las actas (sobre el Impuesto de Sociedades e IVA) firmadas por el club demuestran que el FC Barcelona no aceptó un pacto global por todas las causas abiertas, sino que rechazó expresamente la regularización relativa a los pagos a agentes de futbolistas.
Sin embargo, sí admitió -por escrito y con firma- que los pagos a las empresas de Negreira fueran clasificados fiscalmente como liberalidades, con todas las implicaciones tributarias que eso conlleva.
Joan Laporta, con uno de lo informes elaborados por Enríquez Romero Reuters
Durante el interrogatorio del fiscal, Laporta relató que, al asumir la presidencia en marzo de 2021, encontró una situación económica «complicada» y varias inspecciones en proceso por parte de Hacienda, iniciadas en julio de 2019.
Según su testimonio, la prioridad fue minimizar el impacto económico en las cuentas del club y, para ello, aceptaron una propuesta de la Agencia Tributaria que posibilitaba cerrar «todos estos asuntos» mediante un acuerdo de máximos.
«Firmamos esa conformidad», señaló Laporta, reiterando que fue un pacto global que abarcaba, entre otras cuestiones, el conflicto histórico sobre la contabilización de pagos a agentes de futbolistas, un capítulo que definió como potencialmente perjudicial para las finanzas del club.
Las actas oficiales contradicen este relato. En el documento de conformidad del Impuesto de Sociedades, fechado el 21 de julio de 2021, la propia Inspección señala que el Barça mostró su desacuerdo con varios puntos esenciales de la regularización.
Concretamente, el acta diferencia entre varios bloques: la regularización del IVA relacionado con facturas de agentes de jugadores, los servicios de ciertas entidades sanitarias y los gastos en vuelos chárter.
Todos esos puntos fueron rechazados por el club y se documentaron en actas de disconformidad independientes respecto al acta firmada en julio de 2021.
Por lo tanto, lejos de aceptar un cierre global, el Barcelona rechazó específicamente el apartado que correspondía a agentes de futbolistas, el mismo que Laporta presentó ante la jueza como uno de los principales problemas heredados resueltos mediante el acuerdo con Hacienda.
La única sección aceptada fue la relativa a las facturas de las compañías Nilsad SCP y Dasnil 95 SL, vinculadas a Enríquez Negreira y su entorno.
En el acta de conformidad sobre el IVA sucede lo mismo. Se declina aceptar la regularización de cuotas de IVA relativas a agentes de futbolistas,
pero se acepta el acuerdo para las facturas de Nilsad y Dasnil 95, así como para los ingresos derivados de la primera inscripción de jugadores profesionales provenientes de la cantera.
Joan Laporta, presidente del FC Barcelona
El concepto de «liberalidad»
Un punto central en la declaración de Laporta gira alrededor de la calificación fiscal de los pagos a las empresas de José María Enríquez Negreira.
Preguntado por el fiscal, el presidente negó rotundamente que el club hubiera reconocido que esos pagos fueran liberalidades, es decir, gastos sin causa económica efectiva o sin contraprestación real.
Según su versión, aceptar el acta no equivalía a admitir que los servicios de asesoramiento arbitral no existían o que no había informes respaldándolos.
En términos tributarios, el significado de liberalidad es muy claro. La normativa del Impuesto sobre Sociedades define como liberalidades aquellos gastos que consisten en una entrega gratuita de fondos sin contraprestación directa ni necesaria para generar ingresos.
En esencia, son pagos que no tienen una vinculación demostrable con la actividad empresarial y, por ello, no son deducibles fiscalmente.
La Inspección de Hacienda fue explícita justificando esta clasificación. El acta aclara que el FC Barcelona no demostró la existencia ni la efectividad de los servicios facturados por Nilsad SCP y Dasnil 95 SL.
A pesar de múltiples solicitudes, el club no presentó contratos, asignaciones específicas, identificación de los profesionales implicados ni informes, vídeos o documentos que avalaran el asesoramiento arbitral facturado durante varios ejercicios.
En febrero de 2020, un representante del club admitió ante la Inspección que fue «imposible» hallar esa documentación, dado que las personas responsables ya no se encontraban en la entidad.
El hijo del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira, Javier Enríquez, a su salida de la Ciudad de la Justicia de Barcelona
El posicionamiento de Hacienda
Para Hacienda, esa carencia probatoria resultó clave para clasificar finalmente esos pagos como liberalidades.
El acta incluye una amplia fundamentación legal basada en la doctrina consolidada del Tribunal Supremo.
Según esa jurisprudencia, para que un gasto sea deducible fiscalmente no basta con tener una factura o haber realizado el pago. Es esencial demostrar la existencia real del servicio, su concreción y su relación directa con la generación de ingresos.
La Inspección concluyó que, en el caso de las empresas de Negreira, estos requisitos no se cumplían. No se acreditó que los servicios fueran efectivamente prestados ni que influyesen directamente en la actividad económica del club.
Por ello, los pagos se consideraron liberalidades y, por ende, no deducibles ni en el Impuesto sobre Sociedades ni en el IVA soportado.
Además, el acta enumera los criterios que, según la jurisprudencia, definen una liberalidad: entrega gratuita aceptada por el receptor, ausencia de función compensatoria y falta de contraprestación real.
Desde este enfoque, Hacienda descartó que los pagos pudieran catalogarse como «gastos necesarios» para obtener beneficios deportivos o económicos.
Aceptación explícita del club
A pesar de la defensa verbal de Laporta delante de la jueza, el documento firmado en julio de 2021 no permite interpretaciones ambiguas.
En la parte final del acta, el obligado tributario -el FC Barcelona– acepta la propuesta de liquidación y ratifica su conformidad «con los hechos recogidos en el acta y con todos los demás elementos que determinan dicha liquidación».
Esta aceptación incluye, explícitamente, la calificación de pagos a Nilsad y Dasnil como liberalidades y la correspondiente regularización fiscal.
El club no impugnó esta parte del acta y efectuó el pago de la deuda correspondiente, que ascendió a 456.574,26 € entre cuota e intereses en el Impuesto de Sociedades (ejercicios 2015/16/17) y 558.041,65 € en el IVA (2015/16/17/18).
En conjunto, el FC Barcelona abonó 1.014.615,91 € entre ambas actas de conformidad y en ninguna aceptó el cierre del asunto que Joan Laporta consideraba prioritario para las finanzas del club.
Laporta posa junto a las cajas del ‘caso Negreira’ en rueda de prensa
Una contradicción más
La diferencia entre el contenido literal de las actas de Hacienda y el relato presentado por Joan Laporta ante la jueza genera una contradicción importante en el caso Negreira.
Por una parte, el presidente afirmó que nunca se reconoció la inexistencia de los servicios ni su falta de validez deportiva.
Por otra, los documentos oficiales evidencian que el club admitió una regularización fundamentada justamente en la ausencia de evidencias sobre esos servicios.
Asimismo, se desmiente la versión de un acuerdo fiscal global que cerró todas las investigaciones en curso.
El Barça rechazó la regularización de pagos a agentes, un tema que Laporta calificó de fundamental, y únicamente aceptó lo correspondiente a Negreira.
Aunque Laporta compareció como testigo y su imputación fue archivada por prescripción, estas diferencias documentales generan presión sobre la narrativa institucional del club.
En un caso que ya ha puesto bajo escrutinio dos décadas de pagos opacos y ha originado un fuerte impacto reputacional, las actas de Hacienda han pasado a ser un elemento incómodo: un documento oficial firmado que contradice, punto por punto, la versión ofrecida ante el fiscal.
El proceso judicial continúa, focalizado en las etapas de Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu al mando del club, debido a la prescripción de los años anteriores.
Pero la documentación histórica parece contradecir la versión azulgrana, al menos en el ámbito fiscal. El Barça admitió que los pagos a Negreira fueron una liberalidad, y no firmó ningún pacto global que resolviera todas sus disputas con Hacienda.