La operación principal consiste en el rescate de Tubos Reunidos por un monto de 113 millones. Las comisiones obtenidas se destinaron a proyectos inmobiliarios.
La Unidad Central Operativa (UCO) atribuye a Leire Díez, conocida como fontanera del PSOE, y al empresario Antxon Alonso, socio del exdirigente socialista Santos Cerdán, la gestión para obtener un rescate de 113 millones en fondos públicos para la empresa vasca de tubos de acero Tubos Reunidos, a cambio del cobro de comisiones. Este rescate figura entre los 10 mayores realizados por el Gobierno tras la pandemia de Covid. Además, la Guardia Civil implica en esta operación al ex presidente de la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), Vicente Fernández Guerrero.
Después de su detención el pasado miércoles y cumplido el plazo legal de arresto, los tres fueron puestos a disposición del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional. Fueron liberados porque Anticorrupción no solicitó prisión provisional. El juez Antonio Piña ordenó medidas cautelares: comparecencias quincenales, retirada del pasaporte y prohibición de salir del territorio español.
Las resoluciones judiciales señalan que existen «numerosos indicios delictivos». La unidad especializada de la Guardia Civil indica que los tres arrestados conspiraron en unas cinco operaciones similares, compartiendo «intereses comunes» y formando un grupo de WhatsApp denominado Hirurok (que en euskera significa los tres juntos) para coordinar sus acciones.
Tubos Reunidos recibió un rescate de 113 millones de euros tras argumentar su situación financiera crítica debido a la pandemia, así como su carácter estratégico. La aprobación del rescate dependía de la Sepi. La inyección económica fue otorgada en 2021 tras una pausa en las ayudas causada por la controversia del rescate a la aerolínea Plus Ultra, a la que se concedieron 53 millones.
La UCO calcula que las comisiones percibidas por Antxon Alonso, socio del exsecretario de Organización socialista en la constructora instrumental Servinabar, ascendieron a 266.000 euros. Se establece que estos fondos se invirtieron en bienes raíces «compartidos» por Díez, Alonso y Fernández en las localidades de Marbella y Jaca (Huesca). Parte de las ganancias atribuibles a Antxon se utilizaron para la reforma de una propiedad suya.
Por las ayudas a la empresa vasca habrían recibido 115.000 euros
El juez de la Audiencia Nacional informó que se investigarán otras operaciones y que el número de imputados en el caso se ampliará, manteniendo el procedimiento bajo secreto. Por ello, se advirtió a los acusados para que eviten cualquier contacto con personas vinculadas a los hechos.
La UCO sostiene que los tres detenidos usaron una sociedad pantalla, Mediaciones Martínez, para recibir sobornos. Solo Vicente Fernández ha declarado, negando cualquier vínculo con esta entidad. Aseguró recibir honorarios profesionales fijos de unas 5.000 euros mensuales de empresas como Servinabar. Tanto Antxon Alonso como Leire Díez se acogieron a su derecho a no declarar, argumentando no haber accedido al contenido de las diligencias.
Respecto a la operación más importante analizada, el rescate de Tubos Reunidos, la Guardia Civil afirma que los tres imputados recibieron aproximadamente 115.000 euros como soborno, canalizados a través de su sociedad de fachada.
Con menor incidencia que la de Tubos Reunidos, la UCO revisa otras cuatro operaciones que considera irregulares. Entre ellas, una adjudicación del Parque Empresarial del Principado de Asturias (Pepa) por 2,8 millones de euros. En este caso, se estima que los implicados habrían cobrado un soborno de 400.000 euros.
Otra investigación se centra en un contrato por 18.000 euros otorgado por la sociedad pública Mercasa (Mercados Centrales de Abastecimiento SA) a Servinabar, que se considera simulado por los investigadores.
Una cuarta operación en análisis implica a Enusa (Empresa Nacional del Uranio SA), empresa dependiente de la Sepi. Allí fue destinada Leire Díez desde 2018 antes de pasar a otra entidad pública, Correos.
Habrían cobrado 400.000 euros por un proyecto en Asturias
La quinta investigación en curso, iniciada tras una denuncia de Anticorrupción, está relacionada con las ayudas públicas que recibió el Grupo Forestalia, cuya sede en Zaragoza fue registrada recientemente por la Guardia Civil.
Tras la difusión parcial de la nueva investigación de la Audiencia Nacional, Tubos Reunidos negó vínculo alguno con Joseba Antxon y Leire Díez. Sin embargo, confirmó que recibió una solicitud del Juzgado Central de Instrucción 6 para facilitar información sobre un contrato de asesoría con pagos estándar hasta hace unos meses, firmado con Vicente Fernández. La empresa afirmó que, con el fin de colaborar con la Justicia, entregó inmediatamente toda la documentación en su poder.
La variedad de operaciones implicadas explica la imputación por organización criminal que pesa sobre los investigados, además de los cargos por prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.