La Fiscalía sospecha que la Sepi habría utilizado fondos oscuros provenientes de una banda criminal asentada en el país sudamericano para ‘lavar’ dinero.
La aerolínea española con capital venezolano Plus Ultra habría empleado parte del rescate estatal para blanquear fondos vinculados a una «organización criminal» en Venezuela, según la investigación llevada a cabo por la Fiscalía Anticorrupción.
La Policía Nacional registró ayer las instalaciones de Plus Ultra y arrestó al presidente de la firma, Julio Martínez, y al CEO, Roberto Roselli, dentro de esta pesquisa por blanqueo de capitales que permanece bajo secreto sumarial. Las investigaciones se enfocan, entre otros aspectos, en los préstamos contraídos por la empresa con sociedades off shore radicadas en Suiza y Reino Unido, gestionadas por una «organización criminal», según indica la Fiscalía, y que fueron reembolsados gracias a los fondos del rescate otorgado por el Gobierno español, con un total de 53 millones de euros. Los préstamos solicitados por Plus Ultra entre 2020 y 2021 ascendían a 1,3 millones de euros y provenían de sociedades vinculadas al financiero Simon Leendert Verhoeven, investigado por la Fiscalía suiza y considerado por los investigadores como líder de la banda criminal.
El 28 de octubre de 2020, Plus Ultra pactó un primer préstamo por 500.000 dólares con Wailea Invest, entidad ubicada en Reino Unido. Posteriormente, el 20 de noviembre de ese mismo año, firmó otro préstamo por 500.000 euros con Allpa Wira, fondo domiciliado en Suiza. Finalmente, el 29 de enero de 2021 formalizó un tercer préstamo por 450.000 euros con Valerian Corporation.
Registros de la Policía Nacional en la aerolínea Plus Ultra, rescatada por el gobierno de Sánchez
La explicación que ofrece el presidente de Plus Ultra es que, durante una fase de pandemia, se necesitaba liquidez mientras el rescate público aún no se había materializado. Desde Plus Ultra afirman que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), encargada de gestionar el rescate, no impidió el uso de esos fondos públicos para amortizar préstamos obtenidos a altos intereses. No obstante, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que dicha amortización constituye una operación de blanqueo. Un portavoz oficial de la Sepi se negó a confirmar al periódico si autorizó realmente el uso del dinero para ese fin, argumentando que «la normativa exige confidencialidad respecto a la información relativa a las ayudas».
Dentro del entramado empresarial que facilitó estos préstamos, se investiga también la posible procedencia ilícita de fondos vinculados a funcionarios públicos venezolanos, la venta de oro por un valor de 30 millones a una empresa de Emiratos Árabes, y transferencias financieras a una cuenta en Panamá realizadas por personas con antecedentes policiales.
La instrucción de estas diligencias recae en el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid –el mismo órgano que archivó inicialmente la causa sobre el rescate debido a un error de la juez titular– y se ha llevado a cabo el volcado de dispositivos electrónicos además del registro de los domicilios de los principales directivos.
La Fiscalía Anticorrupción, bajo la dirección de Alejandro Luzón, solicitó la reapertura de la investigación. Este departamento presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional que fue desestimada en noviembre de 2024. En aquella denuncia inicial se describían supuestas actividades de blanqueo cometidas en España, vinculadas a un delito criminal previo originado en Venezuela, como posibles sobornos o malversación, y mediante la utilización de ayudas públicas españolas para blanquear fondos ilícitos. En ese momento, la Fiscalía ya puso el foco en el presunto uso inadecuado de las ayudas públicas otorgadas en España, específicamente en los millones recibidos por Plus Ultra el 9 de marzo de 2021 mediante resolución del Consejo de Ministros. Esto se debe a que la aerolínea figuraba como firmante y beneficiaria de los préstamos suscritos con las tres sociedades vinculadas a la organización criminal.
La red criminal operaría en Francia, Suiza y España, y estaría compuesta por extranjeros, personas nacionalizadas españolas y al menos un abogado español. Su actividad principal consistía en blanquear capitales ilícitos originados en hechos de malversación altamente cuantiosos llevados a cabo por funcionarios venezolanos, relacionados con fondos públicos de programas C.L.A.P. y ventas de oro del Banco de Venezuela. En aquella oportunidad, la Audiencia Nacional determinó que la competencia sobre el posible blanqueo de capitales no correspondía a dicho tribunal.
La denuncia de Anticorrupción se formuló tras recibir información a través de cooperación internacional proveniente de Francia y Suiza. El exministro José Luis Ábalos vinculó aquel rescate aprobado en 2021 con el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien negó categóricamente dicha relación.
Las cifras del rescate
53 MILLONES. Fue la cantidad total aprobada por el Consejo de Ministros en marzo de 2021 para auxiliar a Plus Ultra. Esta cifra fue proporcionalmente superior a la otorgada a Air Europa, considerando la plantilla de ambas empresas.
7 AÑOS. Es el plazo del préstamo, que incluye un tramo ordinario y otro participativo. Plus Ultra no tendrá que empezar a abonar el capital principal hasta el año siguiente.