DD.HH actualmente procesados, al aprobar el espúreo acuerdo de la mesa de
reconciliación (Por Sergio Ramírez).
por Sergio Ramírez
El presidente Lagos trazó una senda de amnistía a los violadores de los
DD.HH actualmente procesados, al aprobar el espúreo acuerdo de la mesa de
reconciliación: «No me cabe duda que llegado el momento se podrá establecer
la data precisa de su muerte (de los desaparecidos). Y cuando ello ocurra,
el Poder Judicial hará lo que corresponda conforme a derecho». La ley de
impunidad dictada por la dictadura está vigente. Aplicarla es premiar a
asesinos y responsables del genocidio. Para ello cuenta con el apoyo de la
Concertación, la derecha y el mando castrense.
En el discurso de agradecimiento que Lagos pronunció al recibir el acuerdo
de la Mesa de Diálogo, definió su posición frente a las violaciones de los
DD.HH. En efecto, sin hacer una referencia explícita a la Ley de Amnistía
de 1978, abrió la puerta para su aplicación en el caso de los detenidos
desaparecidos, en el entendido de que aún sólo se entregue la información
sobre la fecha de sus asesinatos: «No me cabe duda que llegado el momento
se podrá establecer la data precisa de su muerte. Y no me cabe duda de que
cuando ello ocurra, el Poder Judicial hará lo que corresponda conforme a
derecho», dijo. Así, determinaba la eliminación del principio de la
doctrina que aplica el juez Juan Guzmán, respecto de que la no aparición de
los cuerpos permite configurar el delito de secuestro calificado -que es de
ejecución permanente- Al establecer el paradero de los desaparecidos o «la
data de su muerte», se permite tipificar el delito como homicidio
calificado y amnistiar a los responsables. El punto final, encubierto por
una verborrea inconsecuente, está establecido en el párrafo del convenio
que le pide a la Corte Suprema la «designación de Ministros en Visita para
instruir causas cuyo único objeto es determinar el paradero de los
detenidos desaparecidos». Ese es el objetivo: encuentro de restos o
precisión de destino, porque tampoco es necesario que se encuentren restos,
basta con fijar la fecha, «la data de su muerte», para aplicar la ley de
amnistía, como lo han expresado públicamente Lagos y personeros de la mesa,
como Claudio Teitelboim. En definitiva, se determina una denegación de
justicia.
El texto contiene falacias que son atentados a la verdad y principios de
DD.HH. No obstante, se ha pretendido presentarlo, mediante fabulosa campaña
publicitaria, como si fueran grandes logros. Así, el preámbulo del acuerdo
contiene una falsedad histórica monstruosa e inaceptable. Señala que fue
«la espiral de violencia política de los años 60» (¿gobierno de la derecha
con Alessandri y del PDC con Frei Montalva?) la que culmina con el golpe
militar y se traduce en las graves violaciones a los DD.HH. Lo que
realmente existió fue un movimiento popular, democrático de
reivindicaciones sociales, económicas y democráticas que el país necesitaba
y que llevó a la presidencia a Salvador Allende. No fue «la espiral de
violencia política» la que hizo que Allende fuera elegido Presidente. La
única violencia política amenazante para las instituciones democráticas fue
y ha sido siempre la de la extrema derecha. Esa violencia fascista es la
que culmina con el golpe militar y la implantación del fascismo terrorista
de la dictadura castrense. Además, ante la forma de reconocimiento
histórico del golpe militar de 1973, Lagos expresó que el documento no
constituye la historia oficial sobre lo ocurrido. «Este acuerdo no
establece una historia oficial ni puede haber una historia oficial, porque
nunca en nuestra historia ha habido una sola versión sobre los hechos del
pasado. (…) «. Pero, a partir de la particular interpretación histórica
negociada en la Mesa de Reconciliación, sancionada por el gobierno, el
oficialismo y los mandos castrenses, Lagos justifica impunidad y determina
punto final en violaciones de los DD.HH. durante el período dictatorial.
Lagos utilizó términos que no fueron considerados en el documento final por
presión de los militares. Habló del compromiso de que «en Chile nunca más
se asesinará ni se hará desaparecer opositores; que nunca más agentes del
Estado ejercerán de modo sistemático tortura o asesinato u otras
violaciones; que nunca más se podrá acceder al poder o pretender hacerlo
por la vía violenta», en circunstancias de que el acuerdo de la mesa evitó
cualquier insinuación respecto de una responsabilidad institucional de las
FF.AA en las violaciones a los DD.HH. Incluso, el acuerdo acoge la tesis de
que ellas no tienen información y que, por lo tanto, a lo único que se
comprometen es al máximo esfuerzo posible para obtener tales antecedentes o
bien precisar el destino de los detenidos desaparecidos.
ES UN ABUSO GROTESCO Y UNA FALTA DE RESPETO
La no participación de los familiares de las víctimas en la mesa y el
rechazo que habían manifestado al acuerdo son hechos que Lagos trató de
distorsionar en forma demagógica Hizo una mención especial a la ex
presidenta de la AFDD, Sola Sierra, quien falleció el año pasado: «En ella
quiero simbolizar a las víctimas y a quienes las sobrevivieron. Simboliza
en cierto modo la tragedia que nunca debió ocurrir y que estoy cierto no
ocurrirá más en Chile». Sus palabras recibieron la réplica indignada de
Lenia Pizarro Sierra, hija de Sola Sierra y Waldo Pizarro: «Es una falta de
respeto tremenda. Es un abuso grotesco, una utilización de su persona con
que pretende confundir a la opinión pública. El la señala y dice que es lo
que ella buscó toda su vida, por lo tanto para la gente queda pensar que si
este acuerdo fue lo que Sola Sierra quería está bien, y está bien para los
familiares y para todos los chilenos (.) Lo que el señor Lagos hace es
una inmensa falta de respeto a su memoria, y no es la primera vez que lo
hace. Cuando mi mamá muere, también dijo que ella lo único que buscaba era
la verdad, por lo que debimos aclararle ese punto. (.) La calidad de
Presidente de la República no le da derecho a hacer lo que hizo. Es una
traición a la memoria de Sola Sierra, a los familiares y a todas las
víctimas de la dictadura».
Lagos trataba de esconder la verdad. Omitía que Sola Sierra luchó por «nada
más ni nada menos que verdad y justicia» y no por la aprobación de un
mecanismos de impunidad a los asesinos, a partir de un acuerdo expúreo,
presentado por la abogada Pamela Pereira (PS), con beneplácito
presidencial. En efecto, las palabras que pronunciara Sola Sierra antes de
su muerte en el Estadio Nacional (3 de junio 1999) son elocuentes al
calificar y describir la actual realidad. Dijo: «Hoy el peligro más grave
lo representan quienes intentan -en medio de las sombras del secreto y del
silencio- imponer en nuestro país pactos espúreos que sellen la impunidad.
Mientras el pueblo chileno y el mundo entero claman por verdad y justicia,
hay quienes insisten en buscar acuerdos para imponernos una indigna
renuncia a la justicia, a cambio de unas migajas de verdad. (.) Queremos
decirlo con claridad una vez más: en Chile sólo habrá verdadera democracia
cuando haya verdad y justicia, sean anulados los efectos del Decreto Ley de
Amnistía, se haga el debido proceso civil a los acusados de violaciones a
los DD.HH, se limiten las atribuciones de la Justicia Militar y los
responsables sean sancionados. .(.).Hay quienes nos ofrecen migajas y dicen
que debemos conformarnos con parte de la verdad. Otros dicen que tenemos
que reconciliarnos y, luego de saber esta parte de la verdad, lanzar
algunas coronas de flores al mar (expresión del entonces candidato Ricardo
Lagos). Serenamente les respondemos que sus palabras nos duelen. Tales
ofrecimientos dañan y ofenden la dignidad nacional. Pero además dejan muy
mal parados a quienes las formulan, porque reflejan posturas
antidemocráticas y deshumanizadas.(.) Denunciamos la nueva operación
política (…) que está en curso para cerrar los temas pendientes de DD.HH.
(.) Queremos decirles desde aquí -con la fuerza de nuestra larga lucha y
testimonio permanente- que no podrán sellar en Chile ningún pacto para la
impunidad de los culpables. Una y otra vez se verán enfrentados a un pueblo
digno que no renunciará a la verdad y la justicia, y recibirán la sanción
moral de sus espúreos acuerdos».
HACER DESAPARECER A LOS DESAPARECIDOS
El contenido del acuerdo de impunidad, ratifica el verdadero rol de los
abogados de la Concertación que lo suscribieron. Ellos, como Pamela Pereira
(PS) o Héctor Salazar (PPD), han actuado como operadores políticos de sus
partidos. Se han dedicado a través de la mesa de diálogo a «arreglarle los
problemas» al gobierno y a los asesinos. Eso es lo real. El resto, son
declaraciones demagógicas, sobre todo cuando han pretendido, en el colmo
del cinismo, descalificar a las directivas de las agrupaciones, acusándolas
de políticas, cuando si hay alguien que ha operado políticamente, dejando
de lado la doctrina de los DD.HH, han sido ellos. También son repudiables
sus manipulaciones para tratar de cooptar para este acuerdo a familiares
que no estaban en la AFDD y las operaciones para legitimar su traición a
través de familiares que no forman parte de la Agrupación.
Los «aportes» de la mesa de diálogo no facilitarán una solución de verdad y
justicia sobre las violaciones a los DD.HH. El plazo de 6 meses, para que
los militares entreguen información sobre el destino de las personas que
hicieron desaparecer no tiene sentido: Ellos son responsables de todos los
crímenes y violaciones a los DD:HH. y tienen plenos y concretos
antecedentes de todos sus crímenes, que se han negado a revelar durante 20
años.Por lo cual, lo que las FF.AA no han hecho en 20 años no lo harán en
tal plazo. Solo entregarán información sobre las osamentas de algunos
desaparecidos y, sobre todo, las fechas de sus crímenes, elementos
indispensables para cerrar los procesos que afectan a algunos de sus
principales asesinos.Además, menos se va a resolver el problema de los
desaparecidos, si se plantea la idea del secreto de tal información. Todo
se reducirá a la entrega de restos y fechas de asesinatos. Así, además, se
enfatiza un mensaje de impunidad a la Corte Suprema en circunstancias de
que todavía se puede avanzar en pos de la justicia y, fundamentalmente,
procesar a Pinochet .Es decir, el acuerdo de punto final sólo vuelve a
hacer desaparecer a los desaparecidos, vuelve a asesinar a los ejecutados,
a torturar a los ex presos políticos; vuelve a poner en primer lugar los
intereses de poder de cúpulas políticas por sobre el de la mayoría de la
sociedad que exige verdad y justicia.
Las falacias del acuerdo son destrozadas por la realidad. Si se quisiera
saber dónde están los desaparecidos, dicen los jóvenes de la Funa, debieran
preguntarle a Miguel Krassnoff Martchenko, que sigue trabajando en el Hotel
Militar en Santiago; al doctor Alejandro Forero Alvarez, que sigue
atendiendo en la Clínica Indisa; a Emilio Sajuria Alvear, que trabaja en el
departamento jurídico de Telefónica; al desaforado Pinochet y al reo Manuel
Contreras, a Espinoza y José Zará, a Cristoph Willike y Odlanier Mena.
«Júzguenlos y sabrán dónde están, qué hicieron con sus cuerpos, sabrán cómo
torturaron y ejecutaron a cientos de chilenos». Eso no se realizará. Lo
único que busca este acuerdo es liberar de culpas a Pinochet y demás
procesados. La única solución es la justicia y eso no va a haber en Chile.
Sucedáneos de la justicia no se han dado en ninguna parte. Es una vergüenza
que el gobierno y el oficialismo busquen por ese lado: el qué hacer en vez
de justicia, para proteger a genocidas. En efecto, de acuerdo con
información de Fasic se mantienen vigentes 82 autos de procesamiento contra
militares en retiro y algunos agentes civiles de organismos represivos de
la dictadura.. Entre los ex miembros de la CNI y de la DINA hay nombres que
se repiten en varios procesos. Los procesados con mayor rango son Sergio
Arellano Stark (caso Caravana), Carlos Forestier (desaparecidos de
Pisagua), Manuel Contreras (secuestro de David Silberman), Ramsés Alvarez
Sgolia (crimen de Tucapel Jiménez), el recientemente fallecido Humberto
Gordon Rubio (Tucapel Jiménez y homicidios de septiembre de 1986), Hernán
Ramírez Rurange (encubrimiento en caso Tucapel Jiménez), Hugo Salas Wenzel
(encubrimiento «Operación Albania»). El resto son oficiales y suboficiales
en retiro y una veintena de civiles, agentes de los organismos represivos
de Pinochet.
LA JUSTICIA SE CONSIGUE POR OTROS MEDIOS
El tema del acuerdo de impunidad fue analizado por la Comisión Política del
PS. Se logró un consenso a través de una ambigua declaración pública que
dice que el PS «valora el compromiso y la voluntad política del Presidente,
tendiente a lograr la verdad sobre los detenidos desaparecidos». Y,
sumándose al acuerdo de impunidad, afirman: «rechazaremos cualquier
maniobra de la derecha que pretenda mezclar, y peor aún, negociar temas de
DD.HH v/s reformas políticas y constitucionales». Para llegar a este
acuerdo.intervino el propio Lagos, quien conversó con dirigentes
socialistas, entre ellos, el diputado Juan Bustos, Núñez y Escalona. Tales
gestiones comenzaron cuando Carlos Ominami le alertó que la mayoría de la
comisión política cuestionaba el acuerdo, incluso representantes del ala
renovada, como José Antonio Viera-Gallo. En cambio, manteniendo inalterable
su posición crítica a la Mesa de Diálogo y a sus conclusiones, la
Secretaria General del PC, Gladys Marín, afirmó que el documento trata de
imponer la denegación de la justicia respecto de la violación de DD.HH
durante el régimen militar. Para ella, no basta con el hallazgo de las
osamentas de los detenidos desaparecidos. Lo importante es que se haga
justicia y se castigue a los victimarios. Su pensamiento es directo: «Nadie
puede contentarse ni sentirse satisfecho sólo con el hallazgo de las
osamentas porque si en definitiva existen osamentas, ello significa que
alguien dio cuenta de las vidas de esas personas». Por consiguiente, no se
puede relativizar el papel que debe jugar la justicia ante la cual deben
comparecer «todos los responsables del terrorismo de Estado empezando por
Pinochet».
La solución es verdad y justicia.
«Nada más ni nada menos».
Se trata de aclarar lo que sucedió y castigar a los culpables. Buscar
soluciones al margen de la justicia es inconsecuencia y cobardía.
Encargarle a las FF.AA. que recaben la información es como solicitarle al
asesino que investigue sus crímenes. No es posible creer en esto. «Justicia
se consigue por otros medios, más decididos», afirma Radrigán, destacado
director teatral.
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