La denuncia presentada por Anticorrupción ante la Audiencia Nacional imputa a los investigados los delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, malversación y tráfico de influencias.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha procedido a la detención del constructor Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, dentro de la causa que instruye la Audiencia Nacional contra Leire Díez por presuntos delitos relacionados con la manipulación de contratos públicos desde el cargo que le otorgó Pedro Sánchez tras acceder al Gobierno.
Este arresto se suma al de Díez y al del ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), Vicente Fernández Guerrero. Ambos compartieron ejercicio de responsabilidades públicas. En 2018, Díez ocupó un puesto en la Empresa Nacional del Uranio (Enusa), dependiente de Sepi bajo la dirección de Fernández. Tras tres años, Díez pasó a ocupar un cargo en relaciones institucionales de Correos.
Paralelamente a estas detenciones, agentes de la UCO están realizando varios registros en empresas vinculadas a Servinabar, incluyendo uno en la sede de la compañía Forestalia en Zaragoza. En total, se han efectuado 19 registros o solicitudes de información, entre ellas en las públicas Sepi, Sepides, Enusa y Mercasa, así como en domicilios de Madrid, Zaragoza, Sevilla y Navarra, todo bajo la supervisión del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.
Fuentes de la UCO han señalado que no se esperan más detenciones por ahora. Inicialmente, los tres arrestados deberán presentarse ante el juzgado este sábado a partir de las 10 horas. La investigación les atribuye delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, malversación y tráfico de influencias, según informa el tribunal.
Antxon Alonso, ya investigado junto a Santos Cerdán por corrupciones en el caso Koldo, ha sido detenido. Díez está imputada en un juzgado de Madrid por su posible papel como fontanera del PSOE, presuntamente buscando información comprometedora sobre la UCO y Anticorrupción para desacreditar las investigaciones que afectan al Gobierno y al PSOE. Respecto al ex director de Sepi, se indaga si facilitó el cobro de sobornos al ex secretario de Organización del PSOE.
La operación fue activada el miércoles tras la presentación de una denuncia por parte de la Fiscalía Anticorrupción en la Audiencia Nacional, según fuentes del tribunal. Las primeras actuaciones corresponden al juzgado de guardia, dirigido por el magistrado Antonio Piña, encargado de supervisar las entradas y registros realizados por la UCO. La causa permanece bajo secreto sumarial.
En nómina de Servinabar
Santos Cerdán es el nexo que une a Díez, Fernández y Alonso. El ex presidente de Sepi trabajó para la empresa Servinabar, propiedad de Alonso, entre mayo de 2021 y febrero de 2023, tras ser contratado por el empresario como director comercial. Según información de la Hacienda Foral, Vicente Fernández percibió más de 100.000 euros de Servinabar durante los dos años escasos que estuvo en plantilla. Asimismo, es considerado una persona de confianza cercana a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
De acuerdo con la investigación, Servinabar gestionaba cantidades millonarias correspondientes a mordidas cobradas por Cerdán a cambio de la adjudicación de contratos públicos. En Navarra, según informes de la UCO, esta sociedad se adjudicó los principales contratos de obra pública.
El vínculo entre Leire Díez y Vicente Fernández se evidencia en su coincidencia en organismos públicos justo tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.
Pedro Sánchez designó a Vicente Fernández como presidente de Sepi en junio de 2018, al asumir el cargo. Fernández tuvo que dimitir tras ser imputado por la adjudicación de la mina sevillana de Aznalcóllar, hecho por el cual fue absuelto recientemente.
Simultáneamente, Sánchez nombró a Díez jefa de comunicación de la Empresa Nacional del Uranio SA (Enusa), una sociedad pública dependiente de SEPI, de modo que ambos coincidieron en los destinos asignados por el presidente entre 2018 y 2019. La conocida fontanera de Ferraz permaneció en Enusa entre 2018 y 2021. Tras finalizar su etapa en la empresa ligada a Sepi, la ex militante socialista fue consejera de la sociedad Cistec Technology entre 2021 y 2023.
Su nombramiento suscitó controversia debido a su falta de experiencia previa en el sector y al posterior interés de SEPI en dicha compañía. La investigación se centra en la relación entre Díez y Fernández en la manipulación de contratos públicos desde sus respectivos cargos.