Los jueces comunican a las defensas que en la sentencia decidirán sobre sus solicitudes de anular la mayor parte de la prueba debido a supuestas irregularidades en la investigación.
El tribunal de la Audiencia Nacional encargado del proceso contra la familia Pujol ha decidido este miércoles continuar con la vista oral y mantener su competencia sobre el caso, rechazando así la solicitud de algunas defensas de derivarlo a la Audiencia de Barcelona. No obstante, ha aceptado que testifiquen José Manuel Villarejo y otros altos mandos policiales relacionados con la supuesta guerra sucia contra el independentismo.
La Sección Primera de lo Penal ha respondido a las múltiples cuestiones previas planteadas por las defensas durante las primeras tres jornadas del juicio. Entre ellas, la petición de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito de la familia del ex president, para que el caso fuera remitido a juzgados catalanes al considerar, según la doctrina reciente del Tribunal Supremo, que la Audiencia Nacional no es competente en este asunto.
El presidente, magistrado José Ricardo de Prada, ha señalado que este tema ya ha sido examinado y resuelto «en múltiples ocasiones» y que se mantendrá el criterio, puesto que no existen «circunstancias novedosas» que justifiquen modificarlo. Los magistrados sostienen que el caso cumple con los parámetros de la sentencia del TS citados por las defensas, dado que existen «hechos cometidos íntegramente en el extranjero», aunque otros no lo fueran. Por ello, «la competencia de la Audiencia Nacional abarcaría todos ellos y debe conservarse».
Los abogados de la familia Pujol y de los empresarios también imputados solicitaron igualmente la nulidad de la gran mayoría de las diligencias, al considerar que su origen fue ilícito: formaban parte de la operación Cataluña, supuestamente promovida desde el Gobierno del PP para debilitar el independentismo. Esto incluía además la publicación por EL MUNDO de datos bancarios de los Pujol en Andorra, que originó la petición judicial de información a ese país.
Respecto a este punto, el tribunal ha acordado añadir cinco testigos más al casi centenar ya citados. Son mandos policiales vinculados a las irregularidades en Andorra: el comisario ya condenado José Manuel Villarejo; el ex director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino (condenado por el caso del pendrive con datos de los Pujol); los mandos Bonifacio Díaz y Celestino Barroso (relacionados con la embajada en Andorra) y el ex jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas.
Independientemente del fallo final, la nulidad en esta fase de las diligencias afectadas habría supuesto, en la práctica, el sobreseimiento de la causa. No se ha acordado tal medida porque el tribunal considera imprescindible la práctica de la prueba durante el juicio para valorar la veracidad de lo expuesto por las defensas. La resolución se dará, por tanto, en la sentencia que se dicte.
Este criterio aplica a todos los demás planteamientos previos: desde que la investigación fue prospectiva, el incumplimiento de los plazos, la prescripción de los hechos, hasta la anulación de los registros y la supuesta inclusión irregular del pendrive con información familiar en el proceso. El tribunal responderá a cada uno, no ahora, sino en la sentencia. En algunos casos, como el de los plazos, el presidente señaló que realizará un análisis detallado.
Tras comunicar lo decidido sobre las cuestiones previas, el tribunal dio inicio a la fase de testimonios. Este miércoles comparecen tres testigos: Cristina Isabel de Francisco, ex secretaria de Jordi Pujol Ferrusola; Núria Pujol Gironès, hija del primogénito de la familia; y el empresario José Luis Perelló Molne.
La ex secretaria declaró ante el fiscal Fernando Bermejo que desconocía viajes de Pujol júnior a Andorra y no recibió correos electrónicos procedentes de bancos de ese país. En cuanto a la hija, respondió en relación con pagos y donaciones de sus padres que Anticorrupción asocia a delitos de blanqueo.
La Fiscalía pide para el ex president de la Generalitat nueve años de prisión por delitos de pertenencia a una asociación ilícita (cuatro años) y blanqueo de capitales (cinco años). La pena más elevada corresponde a Jordi Pujol Ferrusola: 29 años de cárcel. Además de las imputaciones de su padre, se le atribuyen cinco delitos fiscales (tres años por cada uno), un delito de falsedad documental (tres años) y un delito de frustración de la ejecución (dos años adicionales) por haber enajenado bienes destinados al pago de deudas. A su ex esposa, Merçé Gironés, le solicitan 17 años. Al resto de sus ocho hijos, ocho años cada uno, salvo a Josep, con 14 años.
Anticorrupción sostiene que «actuando de forma conjunta ocultaron, al menos desde 1991, una considerable suma de dinero en Andorra, resultado del favoritismo a ciertos empresarios para que obtuvieran la adjudicación de diversos concursos públicos en la administración catalana».