La legislación actual refuerza la obligatoriedad de obtener autorización explícita para publicar imágenes de menores en redes sociales
Seguir en
La difusión de fotografías de menores en Internet por parte de colegios y otras entidades dedicadas a la infancia está rigurosamente regulada en España. El artículo 92 de la Ley Orgánica de Protección de Datos protege de forma explícita a los menores y establece que ningún centro educativo tiene permiso para publicar imágenes de sus alumnos en redes sociales sin haber obtenido previamente el consentimiento adecuado.
Esta obligación legal no se limita únicamente a los centros educativos, sino que también abarca a cualquier organización o individuo que realice actividades con menores, poniendo especial atención en la protección del interés superior del menor y sus derechos fundamentales. Así lo ha explicado el jurista Francisco Rius a través de un vídeo publicado en sus redes sociales (@metodorius).
La normativa actual reafirma la necesidad de disponer de una autorización explícita, pues el artículo 7 de la Ley Orgánica de Protección de Datos establece que la publicación o difusión de datos personales de menores online debe contar con el consentimiento claro y manifiesto.
Este permiso puede ser otorgado por el propio menor, siempre que cuente con la madurez y edad necesarias, o, en caso contrario, debe provenir de sus representantes legales. De este modo, la ley busca evitar la exposición imprudente de la imagen y datos personales de los menores en el entorno digital, donde los riesgos en materia de privacidad son altos y las consecuencias difíciles de revertir.
Crecimiento de las redes sociales
El tema de la protección de la infancia en Internet ha cobrado gran importancia en los últimos años, debido al crecimiento de las redes sociales y la facilidad con que se comparten fotografías o vídeos en plataformas accesibles para un público amplio.
Rius enfatiza que el rol de colegios y demás entidades es clave para evitar situaciones que puedan derivar en vulneraciones de derechos, acoso escolar, uso inadecuado de las imágenes o su distribución sin control. Además, un uso irresponsable de este material visual podría acarrear sanciones legales, tanto administrativas como civiles, para las instituciones que incumplan la normativa vigente.
Cumplir con estas obligaciones legales implica que los colegios implementen protocolos internos precisos para la gestión y el uso de datos personales e imágenes de sus alumnos. Las actividades escolares, excursiones, participaciones en concursos o celebraciones deben documentarse únicamente cuando exista un consentimiento informado emitido por los padres, madres o tutores legales.
Esta documentación debe ser detallada y firmada, especificando claramente los fines, los canales de difusión y la duración del permiso. Muchas instituciones han optado por restringir o eliminar la difusión de imágenes en redes sociales, prefiriendo usos internos o privados para compartir el material con las familias, disminuyendo así riesgos innecesarios.
Desafíos en el entorno digital
El ámbito digital presenta desafíos adicionales, como la rapidez con que una fotografía puede hacerse viral o ser accedida por terceros sin autorización. Por ello, la Agencia Española de Protección de Datos recomienda que los centros revisen periódicamente sus políticas y fomenten activamente la formación y sensibilización tanto de docentes como de familias para asegurar la protección de los menores.
Imágenes de la Policía Nacional, quienes han liderado una operación internacional contra la pornografía infantil en la que se ha detenido a 20 personas. (Fuente: Policía Nacional)
En conclusión, la ley determina que la imagen y los datos de un menor en Internet no pueden ser tratados de forma superficial ni sin supervisión. La protección de esta información es obligatoria y, en ausencia del correspondiente consentimiento, la difusión queda prohibida. La normativa persigue preservar la seguridad y la privacidad de los menores, destacando la responsabilidad de colegios y cualquier entidad que trabaje con niños para garantizar el respeto a estos derechos fundamentales, especialmente en el ámbito digital.