El principal partido de la oposición celebra el fallo y lo utiliza para refutar a quienes hablaban de ‘lawfare’
Este martes, a primera hora, el Consejo de Ministros aprobó el nombramiento de la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y con ello se oficializó el cese de Álvaro García Ortiz. Poco después de iniciarse la reunión del gabinete, se dio a conocer el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo que fundamenta su condena a inhabilitación, entre otras razones, porque «no se puede responder a una noticia falsa cometiendo un delito» y que la filtración de secretos —datos privados del novio de Isabel Díaz Ayuso— ocurrió tanto por la divulgación del ‘email’ como por la difusión de la nota de prensa. En La Moncloa sostienen que ni la condena ni la permanencia de García Ortiz en el cargo hasta conocer el fallo «perjudican la institución».
Tras diecinueve días, el Supremo ha publicado el texto íntegro de la sentencia que condena a García Ortiz, con dos votos particulares que discrepan del veredicto. El documento establece que fue el entonces fiscal general, o alguien de su entorno con su conocimiento, quien filtró el correo relacionado con la confesión del empresario Alberto González Amador. «Conozco muchos guiones de Hollywood con menos imaginación que esta sentencia», fue la primera reacción de Óscar López, ministro para la Transformación Digital y líder de los socialistas madrileños, en declaraciones a TVE. Por su parte, Margarita Robles, ministra de Defensa, manifestó su «confianza total y absoluta» en el Supremo.
En La Moncloa continúan sosteniendo la postura de «respetamos, pero no acatamos» la sentencia, enfatizando que la permanencia de García Ortiz en el cargo por más de un año y la defensa unificada del Ejecutivo que ha mantenido su inocencia —incluso con el juicio oral iniciado por Pedro Sánchez— no dañan la imagen ni la credibilidad de la Fiscalía General. «En ningún momento», aseguran fuentes gubernamentales.
El primer análisis realizado de urgencia, a cargo del ministro López, indica que el Alto Tribunal no posee pruebas directas de que haya sido el ex fiscal general quien filtró información del novio de la presidenta madrileña, pero argumentan que «no puede haber sido otra persona». «Después de casi tres semanas conocemos una sentencia que genera más dudas que certezas», señaló Montse Mínguez, portavoz del PSOE, a través de sus redes sociales.
PP: «Probado que cometió un delito»
Desde la oposición, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, afirmó que ya se le puede catalogar como «delincuente», tras quedar «demostrado y comprobado que, efectivamente, incurrió en un delito».
El PP califica a García Ortiz como «delincuente» tras sostener que quedó «acreditado» en la sentencia
El secretario general de los populares, Miguel Tellado, publicó en Twitter que «ahora todo el Gobierno debería renunciar por haber defendido a quien quebrantó su reforzado deber de reserva sin justificación».
Por su parte, la vicesecretaria general de Regeneración Institucional del mismo partido, Cuca Gamarra, añadió: «Que el fiscal general redacte notas de prensa con datos protegidos y secretos de particulares es ilegal. Aquí está la sentencia para todos los que la pedían para atacar a los jueces, empezando por Pedro Sánchez». «Su fiscal es un delincuente. Con sentencia firme», afirmó en la red social X.
El Tribunal Supremo comunicó este martes la resolución que condena a García Ortiz por la filtración de información reservada del novio de Isabel Díaz Ayuso. En el fallo, el Alto Tribunal sostiene como probado que fue el entonces fiscal general, o alguien de su entorno y con su conocimiento, quien divulgó el correo de la confesión del empresario González Amador.
«No hay una explicación alternativa plausible que cuestione que la filtración se realizó en la Fiscalía General del Estado y que el propio Fiscal tuvo participación directa», asegura la sentencia, que añade que «sobre el fiscal general recaía un reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación» y que «informar a la opinión pública no significa intervenir en polémicas mediáticas sacrificando los derechos de quien comunica al fiscal su intención de llegar a un acuerdo».
En rueda de prensa en el Congreso, Ester Muñoz destacó que «el Tribunal Supremo es el máximo órgano judicial» y entiende que «ha elaborado una sentencia profunda» en la que los fundamentos legales explicarán «perfectamente» por qué estamos ante «el primer fiscal general del Estado al que ya se puede denominar delincuente». «Esperaré a la lectura completa del fallo», añadió.
«El Tribunal Supremo ha confirmado hoy que el fiscal general de Pedro Sánchez es un delincuente con sentencia firme. Una resolución que ratifica el delito de revelación de secretos cometido por Álvaro García Ortiz, quien actuaba bajo el amparo y las órdenes del presidente del Gobierno», afirmaron fuentes del PP. «¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso», completaron.
«La sentencia condena a quien apretó el botón, pero no a quien ordenó hacerlo, que es Pedro Sánchez Pérez-Castejón. El Gobierno usa la Fiscalía, el CIS y todos los recursos a su alcance para atacar al PP», añadieron las fuentes. «La sentencia señala al fiscal de Sánchez y apunta al Gobierno de Sánchez. Sin embargo, desde Moncloa y Ferraz no piden perdón a los españoles, sino que atacan a los jueces y declaran que no la comparten», se quejaron, antes de exigir nuevamente la dimisión del presidente.
Vox: «Un nuevo episodio de vergüenza»
Para Vox, la sentencia que condena al fiscal general representa «un nuevo episodio de vergüenza en la gestión de este Gobierno». En este sentido, desde el partido situado más a la derecha del espectro político sostienen que el Ejecutivo «contamina todo lo que toca» y responsabilizan a La Moncloa «tras presumir del control del Gobierno sobre la Fiscalía General del Estado».
«El proyecto político de Sánchez busca eliminar todos los contrapesos a su Gobierno para tratar de lograr impunidad, tanto para él como para sus aliados», critican fuentes del partido de Santiago Abascal, y califican de «delito grave» la revelación de secretos por la que fue condenado García Ortiz. «Cada día se observa una superación en la degradación institucional», protestan.
Sumar mantiene su llamado a manifestaciones
Tras conocer la sentencia, Sumar mantiene la misma opinión que antes de que fuera redactada e insiste en su convocatoria para que los ciudadanos se manifiesten contra el Tribunal Supremo por condenar al fiscal general del Estado. Un mensaje que Yolanda Díaz ha mantenido desde que se hizo público el fallo. «Ahora, más que nunca, es momento de defender la democracia», es el lema que se ha vuelto a reiterar.
«Una sentencia hecha a medida: se condena a una persona sin poder demostrar que fue él quien cometió el delito, basándose únicamente en indicios. Esta resolución es una falacia construida incluso antes de iniciarse el juicio», denunció la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, en su cuenta de X.
Asimismo, el partido de Díaz resaltó que se trata de una sentencia elaborada «a pedido» y que se ha condenado «a un hombre justo». «La Fiscalía General del Estado sólo intentó proteger la institución frente a los bulos promovidos por los grandes poderes políticos, económicos y financieros de Madrid», señalaron.
El PSOE la respeta pero no la comparte
Desde el PSOE mostraron respeto a la sentencia del Tribunal Supremo, pero insistieron en que no la comparten. Además, expresaron su «preocupación» porque la publicación se haya realizado «más de dos semanas después de conocerse el fallo», lo que, subrayan, «ha contribuido a generar incertidumbre».
«Junto con la sentencia, se ha difundido un voto particular de dos juezas que señalan que la resolución ‘no detalla cómo, dónde ni mediante qué medios’ se habría producido la supuesta ‘intervención directa’ del fiscal general o su ‘conocimiento y colaboración con un tercero’. También destacan que no se explica cómo pudo ‘promover, realizar, ejecutar o llevar a cabo’ una filtración, ni de qué forma pudo trasmitir personalmente esa información», sostienen desde la dirección de Ferraz.
Además, los socialistas enfatizan que el origen de este caso «no proviene de ninguna conspiración ni trama política», sino que deriva «de un presunto fraude fiscal confesado por el novio de Isabel Díaz Ayuso». Todo se basa en una no-declaración a Hacienda, un hecho concreto y reconocido.
«El PSOE reitera su reconocimiento a García Ortiz por su servicio público y su defensa de los principios que sustentan nuestra democracia», concluyen.