Los estados miembros de la UE podrán establecer acuerdos bilaterales con países no pertenecientes a la UE para facilitar la deportación de solicitantes de asilo rechazados.
Los países europeos aprobaron el lunes la incorporación de centros de retorno para migrantes en un borrador de legislación, con el objetivo de acelerar los procesos de deportación dentro del bloque.
Con esta propuesta, los estados miembros de la UE podrían devolver a migrantes irregulares a terceros países diferentes a su país de origen, siempre que existan acuerdos bilaterales vigentes. Estos centros servirán como lugares de tránsito o como estaciones donde la persona debería permanecer.
Al deportar a migrantes ilegales que no tienen derecho a residir en la UE hacia terceros países, los estados miembros podrían agilizar las devoluciones, aunque esto también podría poner en riesgo la integridad de las personas al ser enviadas a países con los que no mantienen vínculo alguno.
Esta medida forma parte de una nueva normativa denominada «regulación de retorno», que busca garantizar la validez legal de las órdenes de retorno en todos los estados miembro, lo que, según la Comisión Europea, permitirá una ejecución más rápida de las deportaciones fuera de la Unión Europea.
La ley, que debe ser aprobada por el Parlamento Europeo antes de su entrada en vigor, representa un esfuerzo general por hacer más difícil la entrada de migrantes irregulares en Europa, al mismo tiempo que se acelera su expulsión, en respuesta a la opinión pública y a nuevas mayorías políticas que demandan medidas más estrictas.
Centros de retorno como destino temporal o definitivo para migrantes
La función específica de cada centro de retorno dependerá de los acuerdos bilaterales alcanzados por los estados miembros con países no pertenecientes a la UE.
Estos centros pueden actuar como lugares de tránsito, antes de que la persona sea devuelta a su país de origen, o convertirse en ubicaciones permanentes para quienes carecen de derecho a permanecer en la UE.
Las personas pueden ser devueltas a sus países de origen o incluso a terceros países, siempre que éstos cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos y las normas del derecho internacional.
«El criterio de conexión ha sido eliminado. Esto permite a los estados miembros crear centros de retorno como instalaciones de tránsito, donde se procesa a migrantes irregulares antes de su repatriación, o como lugares donde la persona puede permanecer durante un tiempo prolongado», explicó el lunes el Ministro danés de Inmigración e Integración, Rasmus Stoklund, a los periodistas.
Organizaciones de la sociedad civil han criticado la puesta en marcha de estos centros como una práctica inhumana que puede incrementar los abusos y las violaciones de derechos humanos contra migrantes.
En una declaración conjunta emitida en julio pasado, durante la fase exploratoria de la legislación de hoy, más de 100 organizaciones —entre ellas Amnesty International, ActionAid, Caritas Europa y Human Rights Watch— advirtieron que la propuesta podría alejar a la UE del derecho internacional y conducir a devoluciones ilegales y detenciones arbitrarias.
Devoluciones más ‘eficaces’ mientras la UE busca acelerar expulsiones
Según datos de la Comisión Europea, solo el 20% de las órdenes de retorno se lleva a cabo efectivamente.
La nueva normativa pretende incrementar esa cifra mediante la aplicación de sanciones legales más estrictas si la persona retornada no colabora con las autoridades, incluyendo la retirada de permisos de trabajo e incluso la imposición de castigos penales, como la privación de libertad.
Esta política también será válida para los países no pertenecientes a la UE que se nieguen a readmitir a sus nacionales, algo que podría afectar las relaciones bilaterales. Por ejemplo, este año aumentaron las tensiones entre Francia y Argelia debido a lo que París describió como un número extraordinariamente bajo de repatriaciones.
La legislación también contempla el reconocimiento mutuo de las decisiones de retorno entre los estados miembros. Actualmente, una orden de retorno solo es vinculante en el país que la emite. Con esta nueva ley, tendrá validez en toda la UE.