El 27% de las trabajadoras que solicitan reducción de jornada por cuidado de hijos enfrenta represalias, mientras que el 41% de los contratos temporales de mujeres embarazadas no se renueva
Empleados de Mercadona denuncian acoso, despidos con testigos ficticios y maltrato a madres.
La conciliación familiar continúa siendo uno de los principales desafíos para reducir la brecha de género en el mercado laboral español, tras un año en el que varios estudios han evidenciado las múltiples dificultades que afrontan las mujeres que desean tener hijos y mantener su desarrollo profesional. El reciente informe del Instituto de Política Social (IPSE) refuerza esta realidad, posicionando el acoso laboral relacionado con la maternidad como un fenómeno de gran alcance y profundas repercusiones sociales. De acuerdo con el documento presentado hoy, la situación es “extremadamente grave y moralmente inaceptable”, y podría estar influyendo notablemente en las decisiones personales de miles de mujeres trabajadoras. En total, un 72% de españolas declara no tener hijos o no ampliar la familia por temor a represalias en el ámbito laboral, según el barómetro IPSE de 2024.
Las cifras del ‘Informe Mobbing Maternal 2024’ muestran la magnitud del problema: una de cada cinco mujeres embarazadas asegura haber sufrido acoso o discriminación debido a la maternidad. Entre las madres jóvenes de 18 a 30 años, el 32% admite haber experimentado presiones o amenazas laborales durante el embarazo, mientras que el 27% de quienes solicitaron reducción de jornada por cuidado de hijos indica haber enfrentado represalias. También resulta relevante que el 41% de los contratos temporales no se renovó para mujeres embarazadas, bajo el argumento de “reestructuración interna”. Además, el 58% de las madres encuestadas afirma que la maternidad afectó negativamente su carrera profesional.
La definición de mobbing maternal que ofrece el IPSE abarca un amplio espectro de conductas, incluyendo “cualquier tipo de acoso, presión, represalia, trato hostil, degradación laboral o discriminación ejercida sobre una mujer por su embarazo, permiso de maternidad, lactancia o condición de madre”. Estas manifestaciones específicas pueden incluir la degradación de funciones, aislamiento intencional, comentarios ofensivos y presiones para renunciar, además de barreras para la conciliación, penalización salarial, acoso psicológico o estrés laboral. Tales prácticas pueden presentarse tanto antes del embarazo como durante la gestación, la baja maternal y el retorno al trabajo, afectando a grandes empresas, pymes y la Administración Pública.
Aumentan las denuncias de mujeres afectadas
El análisis de tendencias entre 2020 y 2024 refleja un escenario de empeoramiento. El IPSE destaca un incremento sostenido de denuncias informales, estimando que ONGs y sindicatos han registrado entre un 18 y un 25% más de consultas de mujeres embarazadas acosadas desde el inicio de la pandemia. El aumento de la precariedad y la creciente proporción de contratos temporales, con un 18,6% femenino frente al 14,7% masculino en 2024, incrementan el riesgo de mobbing en el entorno laboral. Simultáneamente, las bajas vinculadas a trastornos psicológicos relacionados con el trabajo han crecido un 29% entre mujeres de 25 a 39 años, según datos de UGT. La Organización Mundial de la Salud ya reconoce la presión laboral ligada a la maternidad como un factor de riesgo para la salud mental.
Respecto a los sectores más impactados por estas conductas, la hostelería y el turismo encabezan la lista, caracterizados por una elevada temporalidad laboral y una clara ausencia de protocolos internos. En comercio y atención al cliente, la presión para que las trabajadoras renuncien y las penalizaciones explícitas por solicitar permisos o bajas son especialmente frecuentes. El ámbito de la sanidad y los servicios sociales exhibe una carga emocional elevada y estructuras jerárquicas rígidas, lo que genera un alto número de bajas por estrés durante el embarazo. La Administración Pública también presenta casos de movilidad forzada y pérdida de funciones que resultan difíciles de detectar. Finalmente, el colectivo de empleadas del hogar y del cuidado experimenta el mobbing maternal de forma particularmente oculta, debido a que trabajan fuera de una estructura empresarial formal.
Acoso ilegal, pero raramente sancionado
Desde la perspectiva jurídica, el informe recuerda que el despido por embarazo es declarado nulo, aunque muchas empresas utilizan estrategias alternativas, como la degradación de funciones o el acoso laboral, hasta lograr la renuncia voluntaria. El IPSE destaca que el sistema judicial presenta debilidades evidentes: la carga de la prueba recae en la víctima, dificultando la documentación de humillaciones o abusos diarios. Los procesos legales pueden durar entre ocho y veinte meses, periodo en el que el daño suele ser irreversible.
Las madres solteras enfrentan un mayor riesgo de pobreza: “No es posible vivir con una jornada reducida, se requieren recursos”.
El IPSE advierte sobre fallos estructurales que obstaculizan la erradicación de esta problemática: insuficiencia de la Inspección de Trabajo, falta de estadísticas oficiales detalladas sobre acoso maternal, ausencia de protocolos nacionales obligatorios en las empresas, carencia de recursos ágiles para las víctimas y una percepción de incoherencia entre el discurso feminista político y las políticas aplicadas en apoyo a las mujeres.