La propuesta de identificar a los perros mediante su ADN para multar a los dueños que no recojan los excrementos abre una discusión en redes sociales
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Las ordenanzas municipales que regulan los excrementos caninos han experimentado un endurecimiento progresivo en diversas ciudades de España. Aceras sucias, parques infantiles inutilizados y vecinos molestos forman parte del panorama habitual. Frente a esta realidad, algunas administraciones han implementado un sistema de registro obligatorio del ADN de los perros con la finalidad de identificar a los canes cuyos dueños no se responsabilizan recogiendo las heces. Las multas establecidas son significativas, oscilando entre los 300 y los 10.000 euros.
Esta iniciativa ha generado rápidamente controversia. En TikTok, el entrenador canino Alejandro Flores, conocido como @flores_educacion_canina, ha manifestado su desacuerdo con este método. Reconoce que sancionar a quienes no recojan los excrementos “es correcto” y que mantener limpios los espacios públicos corresponde a una convivencia básica. No obstante, el problema, según argumenta, radica en la forma elegida para llevarlo a cabo.
Flores critica que se exija a todos los dueños registrar el ADN de sus perros, lo que implica un gasto económico extra sin importar si son responsables o no. “Siempre recojo los excrementos de mi perro”, comenta en uno de sus vídeos, “pero ahora me obligan a pagar un importe adicional para registrar su ADN, por precaución”. Para el educador, este sistema parte de un planteamiento que castiga preventivamente a todos por la conducta de unos pocos.
En su columna en Infobae en Vivo, el periodista Leo Montero cuestionó la falta de compromiso tanto social como estatal ante el abandono de animales, destacando que la ayuda parcial no soluciona el problema y reclamando políticas públicas efectivas para la castración y rescate.
Protocolo de identificación canina
El procedimiento es relativamente simple. El propietario debe llevar a su perro a un centro autorizado, donde se obtendrá una muestra genética que será almacenada en una base de datos municipal. Si un agente detecta excrementos en la vía pública, puede analizarlos y cruzar el ADN con el registro. En caso de coincidencia, se identifica al propietario y se aplica la multa correspondiente. En teoría, es un método infalible.
Sin embargo, Flores duda de la eficacia real del sistema. Considera que “las personas que no recogen las heces probablemente continuarán sin hacerlo”, incluso con esta normativa. Además, señala una crítica fundamental: el mecanismo podría transformarse más en una herramienta de recaudación que en una solución educativa. “Parece que se intenta obtener dinero de todas las fuentes posibles”, comenta con tono crítico, una percepción que ha sido compartida por numerosos usuarios.
Desde su experiencia como especialista en educación canina, Flores sostiene que el problema no se soluciona únicamente con multas más elevadas o con controles más complejos. Resalta la relevancia de la educación cívica, tanto entre los dueños como en la comunidad. Recoger los excrementos no solo es una obligación legal, sino también un signo de respeto hacia los demás vecinos y hacia el animal mismo. Sin un cambio de mentalidad, afirma, cualquier sistema punitivo tiene sus límites.
El debate plantea también cuestiones prácticas: ¿qué sucede con quienes cuentan con menos recursos y no pueden afrontar el costo del registro? ¿Es proporcional una multa de miles de euros para una conducta incívica? Y, sobre todo, ¿quién acaba asumiendo realmente el costo del mal comportamiento de una minoría? “Control sí, pero con sentido”, resume el educador.