Isabel Díaz Ayuso critica la condena impuesta por el Supremo al ex fiscal general García Ortiz y denuncia la instrumentalización política de las instituciones.
El Tribunal Supremo impone a Álvaro García Ortiz una multa de 7.200 euros y dos años de inhabilitación por filtrar información tributaria confidencial sobre Alberto González Amador.
Ayuso enfatiza que el Estado de Derecho permanece vigente a pesar de los intentos gubernamentales de politizar la Fiscalía General.
La sentencia confirma que la filtración se realizó con la aprobación de García Ortiz y alerta sobre la gravedad de divulgar datos protegidos por ley.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, valoró este miércoles la resolución del Tribunal Supremo que condena al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en un proceso que ha evidenciado la utilización política de los órganos institucionales.
«Frente a la severa sentencia dictada por el Tribunal Supremo contra el ex fiscal general del Estado, debo exponer dos puntos. Primero: es lamentable que hayamos llegado a esta situación debido al uso partidista de instituciones que pertenecen a todos los españoles, promovido por el Gobierno y su presidente», expresó Díaz Ayuso.
En segundo término, la presidenta resaltó que «el Estado de Derecho sigue activo a pesar de las presiones provenientes del mismo Gobierno«.
«No es legítimo utilizar la Fiscalía General para atacar a un adversario político, puesto que son entidades que representan a toda la sociedad española. Este tipo de comportamientos no pueden tolerarse, y por eso han sido objeto de atención internacional, como se ha evidenciado en los últimos días. Situaciones así provocarían la caída inmediata de un Ejecutivo en cualquier democracia liberal», añadió.
Con estas declaraciones, Ayuso destacó la seriedad del asunto y apuntó a la defensa de la independencia institucional como un pilar esencial de la democracia en España.
Cabe recordar que, este martes, la Sala Penal del Tribunal Supremo publicó la decisión que impone a Álvaro García Ortiz una sanción de 7.200 euros y dos años de inhabilitación como fiscal general por filtrar a los medios información tributaria confidencial sobre Alberto González Amador.
Según informó EL ESPAÑOL, el Supremo sanciona al fiscal general por un delito de revelación de datos reservados vinculado tanto a la filtración del correo electrónico del abogado de González Amador en el cual reconocía que su cliente había incurrido en delitos fiscales, como también por la nota informativa en la que la Fiscalía negó haberle ofrecido un acuerdo de conformidad para que admitiera ser un defraudador.
La Sala, presidida por Andrés Martínez Arrieta, ponente de la sentencia, junto a los magistrados Juan Ramón Berdugo, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Carmen Lamela, Ana Ferrer y Susana Polo (estas dos últimas manifestaron desacuerdo con el fallo), estableció que fue el entonces fiscal general o alguien de su entorno cercano, con su conocimiento, quien difundió el correo del 2 de febrero de 2024 enviado por el abogado de González Amador a la Fiscalía.
En dicho correo, el letrado Carlos Neira proponía al fiscal de delitos económicos un acuerdo de conformidad reconociendo que su cliente, González Amador, «efectivamente había cometido dos delitos contra la Hacienda Pública».
La Sala enfatizó que el fiscal general del Estado no estaba autorizado a responder a una noticia falsa —sobre un supuesto acuerdo de conformidad ofrecido a la pareja de Ayuso por la Fiscalía— con la comisión de un delito, revelando datos fiscales de un ciudadano, lo cual «podría ocasionar un perjuicio al derecho de defensa y a la presunción de inocencia que la Fiscalía debe preservar».