Mientras el Gobierno debate prórrogas y límites al IPC para contener la escalada de precios, los 632.369 contratos próximos a expirar podrían generar aumentos notables en las rentas
El coste del alquiler de viviendas en España registró un crecimiento del 4,4% en términos trimestrales y una subida interanual del 9,7% en junio, alcanzando un nuevo récord de 14,6 euros por metro cuadrado, conforme a los datos del portal inmobiliario Idealista (Fuente: Europa Press).
El alza prevista en los alquileres crea un panorama de incertidumbre para más de un millón y medio de inquilinos en España, dado que se aproxima la fecha de finalización de sus contratos en 2026. En total, 632.369 contratos de arrendamiento concluirán en los próximos 12 meses, muchos de ellos suscritos en 2021 durante la reactivación tras la pandemia y con la percepción de protección que otorgaba la nueva normativa sobre vivienda, que limitaba los incrementos de renta durante los cinco años de vigencia del contrato.
Según cálculos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la renovación de estos contratos implicará un aumento promedio de 1.735 euros anuales para los arrendatarios afectados. Sin embargo, las diferencias regionales son significativas: en Baleares, la subida media podría llegar hasta 4.615 euros anuales, colocándose como la comunidad más impactada.
Al ampliar la estimación a quienes podrían finalizar contrato en 2027, el número de afectados se eleva a
Por comunidades, la Comunidad Valenciana ocupa el segundo lugar después de Baleares en cuanto al impacto derivado de las renovaciones (2.686 euros como promedio anual), seguida por Canarias (2.267 euros) y Madrid (2.042 euros). Otras regiones donde el aumento supera los mil euros anuales son Cantabria (1.969 euros), Andalucía (1.952 euros), La Rioja (1.408 euros), Castilla-La Mancha (1.131 euros), Asturias (1.087 euros) y Murcia (1.013 euros).
No obstante, las cifras excluyen a Cataluña, País Vasco y Navarra. Cataluña queda fuera del cálculo debido a la existencia de zonas tensionadas con restricciones severas que afectan al 80% de su población. En cuanto a las otras dos comunidades, el régimen foral y la falta de datos comparables en el Panel de Hogares impiden su consideración.
Los afectados se concentran en Madrid y Cataluña
El estudio de la distribución geográfica indica que Madrid encabeza el número de contratos que se prevé finalicen en 2026, con 145.881 contratos y 404.090 personas impactadas. Le siguen Cataluña, con 112.728 contratos y 300.984 individuos; Andalucía, con 85.491 contratos y 213.728 personas; y, por último, la Comunidad Valenciana, con 62.523 contratos y 155.057 afectados. Estos datos provienen del Panel de Hogares desarrollado por la Agencia Tributaria en colaboración con el INE y el Instituto de Estudios Fiscales.
Los elevados precios del alquiler impulsan la compra apresurada de vivienda (para quien pueda): “No hay opción porque no hay oferta”
A esta presión se suma la aceleración que han experimentado las rentas de alquiler en los últimos años. Según Idealista, entre octubre de 2020 y octubre de 2025 el precio medio del alquiler aumentó un 34,3%, situando el coste mensual de un piso de ochenta metros cuadrados en 1.160 euros, lo que significa un incremento de 300 euros respecto a hace cinco años. Además, el 36,42% de los hogares arrendatarios dedica más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler y más de 2,5 millones de personas enfrentan condiciones de vulnerabilidad financiera.
Posibilidad de prorrogar las contratos vigentes
En este marco, aumentan las presiones políticas sobre el PSOE para frenar el aumento de precios y proteger a los inquilinos. Sumar demanda renovar automáticamente los contratos que vencen en los próximos meses, limitando las subidas al IPC y extendiendo la prórroga de los contratos que finalizan en 2026, dentro de una negociación encaminada a aprobar estas medidas mediante un real decreto ley antes de que finalice el año. “Prorroguemos los contratos, aprobemos el real decreto que está pendiente hace demasiado tiempo”, solicitó la portavoz de Sumar, Verónica Martínez, subrayando la urgencia de actuar para evitar incrementos entre el 20% y el 50%, que ponen en riesgo a más de un millón de inquilinos.
La falta de acuerdo en la negociación, según fuentes cercanas, se debe a la negativa del PSOE a extender los contratos “de forma homogénea”, prefiriendo en cambio una aplicación por tramos diferenciados. Por su parte, Podemos, a través de Javier Sánchez, exige prolongar la moratoria de desahucios, que vence el 31 de diciembre y afecta a 60.000 familias vulnerables, y advierte al Gobierno que no permita caer una de las pocas medidas sociales vigentes del ciclo anterior.