La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, comunicó tras la reunión de este martes la aprobación de esta cobertura adicional para caseros, originada por una exigencia de Junts
El coste del alquiler de viviendas en España aumentó un 4,4% en tasa trimestral y creció un 9,7% en junio en comparación interanual, alcanzando un nuevo récord de 14,6 euros por metro cuadrado, según datos del portal inmobiliario Idealista (Fuente: Europa Press).
El Consejo de Ministros ha validado hoy un real decreto que incorpora medidas dirigidas a proteger a los propietarios frente a impagos en contratos de alquiler realizados con jóvenes menores de 35 años o familias vulnerables con ingresos inferiores al índice estatal de referencia. La ministra portavoz, Pilar Alegría, señaló que esta cobertura, gestionada por las comunidades autónomas de régimen común, junto con Ceuta y Melilla, representa “un avance” para asegurar el acceso a la vivienda en España y salvaguardar tanto a caseros como a inquilinos.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, adelantó desde el Senado la probable aprobación de este paquete y destacó que la iniciativa busca “brindar garantías” y contrarrestar “discursos que generan temor” sobre la situación actual del mercado inmobiliario.
El respaldo estatal a los propietarios que alquilen a sectores vulnerables proviene de un compromiso reciente del presidente del Ejecutivo ante la solicitud de Junts de incluir esta medida. Pedro Sánchez explicó que el Gobierno avanzaría mediante un real decreto que incluyese una partida presupuestaria “para auxiliar a los propietarios ante impagos”.
Quiénes podrán acceder a la cobertura
Este nuevo aval público estatal para el alquiler de vivienda pretende modificar la gestión del riesgo de impago para los propietarios, según ha señalado el Ministerio de Vivienda en un comunicado. La estructura de esta cobertura busca priorizar el acceso a la vivienda de colectivos especialmente afectados por las dificultades del mercado. Entre los requisitos para los arrendadores interesados en beneficiarse de la ayuda están la obligación de depositar la fianza obligatoria y firmar un compromiso de aval conforme al modelo aprobado por la Administración.
Asimismo, al tiempo que las normas estatales establecen la base común, las comunidades autónomas podrán adoptar criterios adicionales para acceder a la ayuda, ajustando la medida a las circunstancias locales.
El decreto contempla compensaciones por impago de rentas de alquiler, daños ocasionados a la vivienda y los costes de suministros adeudados”, según el documento oficial. No obstante, es importante señalar que la protección quedará restringida a contratos vigentes hasta el 30 de enero de 2025. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana avanzó que próximamente se habilitará una línea presupuestaria específica para financiar el programa, que requerirá informes semestrales por parte de las comunidades, detallando la aplicación concreta del aval público.
Condenada la condonación de deuda
En la misma sesión, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley que permitirá perdonar 83.252 millones de euros de deuda a las comunidades autónomas de régimen común que lo soliciten. Esta medida, sancionada en segunda vuelta tras ser rechazada por los gobiernos autonómicos del PP, busca corregir el sobreendeudamiento generado por la crisis financiera y mejorar la capacidad de las regiones para acceder a los mercados.
De acuerdo con la portavoz del Gobierno, las comunidades podrían ahorrar cerca de 6.700 millones en intereses y fortalecer de este modo los servicios públicos. Alegría subrayó el respaldo histórico a las autonomías durante los mandatos de Pedro Sánchez, que supera los 300.000 millones de euros en siete años, y recordó que en el próximo ejercicio recibirán 157.000 millones en entregas a cuenta, un 7% más que el ejercicio anterior. El PP mostró su oposición, considerando que la medida perjudica a las regiones con menor endeudamiento.