Las Cortes han dado luz verde a una propuesta del PSOE para que el Tribunal de Cuentas realice una fiscalización especial sobre la Fundación Disenso, ligada a Vox, correspondiente al periodo 2020-2025.
Esta iniciativa contó con el respaldo de PSOE, PP, Sumar y PNV, siendo Vox el único partido que se opuso en la votación.
La finalidad es examinar detalladamente los ingresos, gastos y la justificación de los fondos recibidos por la fundación, después de denuncias que apuntan a un posible desvío de recursos públicos desde los grupos parlamentarios de Vox.
Mientras Vox rechaza cualquier irregularidad y defiende que la fundación ya ha pasado por procesos de fiscalización, otros partidos insisten en la necesidad de aclarar posibles anomalías en la financiación.
La Comisión Mixta (Congreso-Senado) ha aprobado la solicitud del PSOE para que el Tribunal de Cuentas realice una auditoría especial sobre las cuentas de la Fundación Disenso, vinculada a Vox, durante el periodo 2020-2025.
La propuesta fue aprobada con el apoyo del PSOE, PP, Sumar y PNV, mientras que Santiago Abascal y su partido fueron los únicos en votar en contra.
Se insta al órgano fiscalizador, dirigido por Enriqueta Chicano, a elaborar un informe que valore las cuentas relativas a ingresos y gastos de la Fundación Disenso, «examinando la naturaleza, origen y destino de los recursos recibidos, la corrección en su contabilización y la justificación correspondiente», según consta en el documento presentado a la Cámara.
Con esta medida, se busca investigar a fondo las acusaciones expuestas públicamente por antiguos dirigentes de Vox en Baleares, que señalaban un presunto desvío de fondos públicos de los grupos parlamentarios hacia la fundación de Abascal, a quien acusan de buscar beneficio personal.
Por su parte, desde Vox destacan que estas contribuciones provenientes de grupos institucionales son comunes en todas las formaciones políticas y niegan cualquier tipo de irregularidad.
Aun más, sostienen que el Tribunal Supremo emitió una sentencia el 13 de octubre pasado que desestimó todas las acusaciones relacionadas con infracciones o ilegalidades en la financiación de la entidad.
«Disenso ha sido auditada en tres ocasiones y no existen indicios de irregularidad. Lo único que hay es un bulo alineado con la historia de mentiras, abuso y corrupción de un partido que presenta candidatos con un honor cuestionado y que usa a sus votantes y afiliados de buena fe como escudo», afirmó el diputado de Vox, Juanjo Aizcorbe.
Asimismo, calificó las acusaciones de PSOE, Sumar y PNV como «barbaridades» y atribuyó la propuesta socialista a su «obsesión por perseguir a quienes no controla».
En su intervención, el diputado socialista Ferran Verdejo aludió a las denuncias de los representantes de Vox en Baleares, argumentando que existe un «registro de sospechas fundamentadas» sobre la contabilidad de esta organización.
También subrayó que el interés principal de Abascal es económico. «Han constituido una fundación para que el líder del partido cuente con una subvención vitalicia».
Desde Sumar, Engracia Rivera calificó a Disenso como «un chiringuito que desvía millones de euros de fondos públicos para realizar contrataciones opacas y generar bulos y propaganda xenófoba» y manifestó su apoyo a esta fiscalización especial.
El PNV también respaldó la iniciativa; su senadora María Dolores Etxano espera que esta auditoría permita «aclarar dudas» sobre si Vox está «distorsionando» la legislación al trasladar desde sus grupos autonómicos cuantiosas sumas de dinero hacia una entidad que «cumple funciones casi idénticas a las de un partido», pero sin estar sujeta a los controles que aplican a las formaciones políticas.
El diputado de Vox recordó que el Tribunal Supremo anuló una de las tres multas impuestas por el Tribunal de Cuentas al partido.
En concreto, se refirió a una sanción de 238.000 euros por dos infracciones continuadas muy graves relacionadas con la recepción de donaciones finalistas destinadas a sufragar la querella contra el expresidente de la Generalitat, Quim Torra.
Además, justificó su voto contrario a la auditoría al señalar que Vox apoyaría la medida «siempre que se aplicara de igual forma a todas las fundaciones políticas desde su creación».
Por parte del PP, Luis María Beamonte manifestó que solicitar una auditoría especial para Disenso o para todas las fundaciones «carece de sentido», dado que su contabilidad ya es supervisada por el Tribunal de Cuentas.
No obstante, manifestó su apoyo a la propuesta del PSOE. «Quien nada oculta, nada teme y no tenemos inconvenientes con la transparencia», argumentó.
Sin embargo, puntualizó que el tribunal no puede «auditar el propósito ideológico de los gastos» y calificó de «hipócrita» que el PSOE se presente como garante del control financiero cuando la Audiencia Nacional mantiene «una investigación abierta por pagos en efectivo no declarados», en referencia a los pagos realizados por Ferraz hacia la trama Cerdán.