La semana se complicó aún más para el PSOE y, en particular, para la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, en su rol como aspirante a la Presidencia de la Junta de Andalucía de cara a las elecciones previstas para la próxima primavera.
La Fiscalía anunció este martes el archivo de la denuncia presentada por la asociación Amama contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y el Gobierno andaluz por posibles manipulaciones y supresión de datos en los informes de las mujeres sometidas al cribado de cáncer de mama.
No existió tal eliminación, afirmó el Ministerio Fiscal, cuestión que el propio Pedro Sánchez mencionó en el Congreso y que fue respaldada por María Jesús Montero hace unas semanas.
Además, pocas horas después del archivo de la Fiscalía, durante una rueda de prensa en Andalucía, Montero declaró: «Este es el resultado señalado por la Fiscalía, pero nosotros continuaremos exigiendo«.
A esto se suma la reciente rebelión de las responsables de federaciones socialistas debido a la falta de acción en Ferraz, y particularmente de la líder del PSOE andaluz, para gestionar las denuncias de dos afiliadas por acoso sexual contra Paco Salazar, colaborador cercano del presidente del Gobierno desde las primarias de 2017, y contra el líder del PSOE de Torremolinos.
En relación con este último, Montero reconoció este viernes en Málaga que estaba informada de la existencia de la denuncia contra Antonio Navarro desde junio, aunque “no conocía el contenido”.
Montero continúa desempeñando ambos cargos, ministro de Hacienda y candidata a la Junta de Andalucía, aunque deberá dejar el primero en los próximos meses.
La financiación representa otro obstáculo en su intento de liderar la Junta. Hace algunas semanas, anunció que el Ministerio de Hacienda presentará una propuesta para reformar el sistema de financiación autonómica antes de febrero de 2026 como plazo máximo.
Para entonces, Montero estará inmersa en la campaña electoral, mientras que el Ministerio que ha dirigido durante siete años deberá reconocer tanto las particularidades como lo común, para integrar el nuevo modelo pactado para Cataluña y asegurar el apoyo de los siete escaños de Junts.
Los fallos en los cribados
Los errores detectados en los cribados de cáncer de mama por parte de la Junta de Andalucía en octubre pasado han sido la principal herramienta de la izquierda para confrontar directamente al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
La asociación Amama se convirtió en su mayor adversaria, tanto en el Parlamento como en las calles. Sin embargo, a este revés judicial se suma que la propia asociación, que representa a mujeres de Sevilla con cáncer de mama, tuvo que admitir que no existían 4.000 casos de mujeres afectadas como habían indicado inicialmente.
En realidad, se trata de 4.000 llamadas realizadas, y el número real de mujeres afectadas, según sus estimaciones, sería «alrededor de 260». Estas circunstancias complican la función de la asociación como instrumento de la izquierda contra el Gobierno de Juanma Moreno.
Además, el PP andaluz acusa a la organización de estar «politizada» por el PSOE y fuerzas de izquierda. Por su parte, los socialistas rechazan esta afirmación y aclaran que apoyan a la asociación en sus demandas, pero sin ejercer manipulación alguna.
Lo cierto es que Amama ha sufrido dos reveses consecutivos. Fuentes del Gobierno andaluz sugieren que ha habido incluso más.
Por ejemplo, el hecho de que no hayan proporcionado los datos que aseguran tener sobre las mujeres afectadas por los fallos en el cribado; el compartir casos en sus redes sociales; o la demora de varias semanas para reunirse con el Ejecutivo de Juanma Moreno…
La asociación, que ha centralizado desde el principio los casos de mujeres perjudicadas por los errores en el cribado de cáncer de mama, presentó a finales de octubre la denuncia luego archivada por presunta destrucción de documentos en el SAS.
Relato
El relato de Amama ante la Justicia alegaba que se habían eliminado datos de mujeres dentro del programa de detección precoz de cáncer. Así lo expresó la presidenta de la asociación, Ángela Claverol, en la denuncia de octubre pasado.
Para el Gobierno andaluz, la denuncia señala principalmente a los profesionales sanitarios. A estos se les atribuía la manipulación de datos, explicó este martes el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, dado que ellos son «los únicos con acceso a esa información».
La Fiscalía, tras un mes y medio de investigación desde la presentación de la denuncia por Amama, fue clara: no hubo ni manipulación, ni supresión, ni modificación de datos de las pacientes. La información pudo dejar de visualizarse, reconoció el ministerio fiscal, pero no por una acción deliberada.
Después de revisar los informes del SAS y de las empresas tecnológicas responsables del mantenimiento de la base de datos sanitarias de Andalucía, la Fiscalía concluyó que una intensa afluencia de consultas saturó la plataforma web de expedientes.
Pese a estos dos reveses, la presidenta de Amama reiteró este martes que permanece convencida de que se manipularon pruebas en el sistema informático del SAS. Claverol señaló que tienen que analizar el dictamen de la Fiscalía para decidir próximos pasos.
Fuentes del Ejecutivo de Juanma Moreno manifiestan que valoran la participación de Amama, motivo por el que están invitadas tanto a la mesa destinada a reformar el protocolo de atención a mujeres con cáncer de mama, como a la que examina aspectos más complejos de la humanización en el SAS.
No obstante, admiten que la falta de precisión en sus datos –como las 4.000 llamadas que indicaron como casos reales– o la denuncia rechazada por la Fiscalía, complican la relación con la asociación sevillana.
Existen además otros episodios de tensión. Anabel, socia de Amama que padeció cáncer de mama y perdió un pecho por ello, acudió la semana pasada al Parlamento andaluz invitada por la oposición. Allí confrontó al presidente de la Junta, acusándolo de haberle «arruinado la vida«.
«Manipular»
Desde el Gobierno andaluz califican este gesto como complejo. Reconocen el dolor de la mujer, pero critican a la oposición, a la que acusan de manipular a estas mujeres para que sirvan a sus fines políticos.
En cualquier caso, el archivo de la Fiscalía de la denuncia de Amama no ha modificado las posturas. Este revés judicial mantiene al grupo Por Andalucía con «dudas» respecto a la administración del sistema informático.
«Que no exista delito no implica que las mujeres hayan mentido», defendió su lideresa, Inma Nieto, quien descartó pedir disculpas por la acusación de borrado de pruebas que la Justicia ha negado. Tampoco lo hará el PSOE.
Las mejoras en la Sanidad
En estas condiciones, las piezas permanecen en la misma posición: Amama, cuestionada judicial y políticamente, continúa bloqueando al Gobierno andaluz. Su presidenta, Ángela Claverol, expresó este martes que considera recurrir el archivo fiscal porque mantiene la convicción de que hubo manipulación de pruebas.
El PSOE y la izquierda, por su parte, mantienen su postura: argumentan que Amama es una pequeña asociación de mujeres –así lo describieron en el último Pleno– a la que la Junta exige más de lo que puede ofrecer.
Por otro lado, el Gobierno andaluz no cede: acusa a la izquierda de instrumentalizar a las mujeres de Amama, a quienes no señalan directamente porque, explican, están bajo el control de quienes utilizan su situación para obtener votos.
No obstante, el caso está lejos de cerrarse. Desde el Gobierno andaluz sostienen que los problemas con los cribados están resueltos y que la sanidad comienza a beneficiarse de los planes implementados. Es cierto que los hospitales, al menos en Sevilla, están citando a pacientes también durante los fines de semana.
Una vecina de Sevilla Este acompañó a su madre el pasado domingo para realizar una prueba de imagen que había esperado durante meses. Otra, residente en el centro de la ciudad, recibió cita para otro centro, pero también para el próximo domingo. Se observan avances.
Desde la perspectiva del Ejecutivo de Juanma Moreno, esto logrará desactivar la confrontación entre la izquierda y Amama como su punta de lanza, complicando el camino de María Jesús Montero hacia la Presidencia de la Junta.