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A los habitantes del municipio sevillano de Aználcollar les pesa cada vez más la situación judicial que rodea la mina local. Todo empezó cuando la Junta de Andalucía, bajo el mandato de la socialista Susana Díaz en 2014, concedió mediante un concurso internacional los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes a la empresa mexicana Minorbis, filial de la compañía cordobesa Magtel.
Meses tras la adjudicación, la empresa minera Emérita Resources España, que también concurrió por esos derechos, presentó una denuncia penal, argumentando la existencia de un trato preferencial hacia la adjudicataria. Desde entonces, el proyecto permanece detenido, la causa acumula cinco años de instrucción y los 5.000 empleos, entre directos e indirectos que generarían su puesta en marcha, siguen sin concretarse. También está en pausa una inversión superior a 350 millones de euros.
En diálogo con EL ESPAÑOL, el alcalde, Juan José Fernández (IU), mantiene la esperanza en el archivo de la causa, lo que representaría un alivio para la elevada tasa de desempleo en el municipio, agravada por la Covid-19. Cuenta con alrededor de 6.000 habitantes y una tasa de paro que alcanza el 28,2%.
La juez que instruye el caso ya lo archivó en dos ocasiones, sin embargo, la Audiencia lo reabrió en octubre del año pasado. El auto fue redactado por Mercedes Alaya, jueza de la Séptima Sección de la Audiencia de Sevilla, conocida por su papel en la causa de los ERE fraudulentos en Andalucía.
Hace algunas semanas, la magistrada responsable de la instrucción rechazó la admisión de nuevas pruebas solicitadas por los denunciantes, buscando evitar una investigación de carácter prospectivo.
Asimismo, declaró concluida la instrucción y la Fiscalía, por tercera vez, solicitó el archivo de la causa. No obstante, la propia empresa, Ecologistas en Acción y Andalucía Mining presentaron un recurso contra esta denegación.
5.000 empleos
Actualmente es la Audiencia quien debe decidir sobre estos 5.000 puestos de trabajo y el prestigio de varios funcionarios públicos. Si desestima estas demandas, el juzgado tomará la siguiente medida: puede archivar el caso o continuar con su transformación en procedimiento abreviado, abriendo así la fase preparatoria del juicio oral.
Con la reapertura de la causa, la jueza ordenó ampliar la investigación y citó como investigados a todos los integrantes de la Comisión Técnica y de la Mesa de Contratación. Esto se hace por presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, cohecho, tráfico de influencias, fraude y exacciones ilegales.
Entre ellos se encuentra Vicente Fernández, quien fue secretario de la Consejería de Economía e Innovación y hasta la reapertura del caso presidía la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Esta situación le costó su cargo.
También testificó María José Asensio Coto, exdirectora general de Industria, Energía y Minas en la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía. Ambos sostuvieron que «nunca» hubo trato preferencial y defendieron la integridad del concurso. Además, declararon varios funcionarios y Susana Sarriá, presidenta de Navantia y entonces subdirectora general de Minas en la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, quien fue llamada como testigo.
Las declaraciones
Ante la juez, Vicente Fernández afirmó que Emérita buscaba obtener «una ventaja clara en el concurso», resaltando su limitada capacidad financiera. Igualmente, negó la existencia de tráfico de influencias o trato preferente y afirmó categóricamente que tras el concurso no fue «ascendido dentro de su carrera profesional».
En marzo pasado, Fernández presentó un escrito solicitando el archivo del caso. Su defensa, a cargo del abogado Alfonso Martínez Escribano, fundamentó la petición en que su cliente no participó en el proceso ni mantuvo relación con los miembros de la Mesa, ni les proporcionó ninguna recomendación.
Por su parte, la exdirectora general afirmó que a todas las empresas se les aplicó un trato igualitario y que no recibió indicaciones sobre el concurso.
En esta misma línea declararon los hermanos I.L.M. y M.L.M., representantes de Magtel, a quienes se les atribuían supuestas relaciones personales con Fernández, las cuales ambos negaron. Otros funcionarios defendieron su «integridad y profesionalismo» ante la jueza, así como la «transparencia del concurso».
La Fiscalía, por el archivo
Hace algunas semanas, la Fiscalía solicitó por tercera vez el archivo del caso al no haber encontrado «indicios racionales suficientes» para proseguirlo, tras numerosas diligencias practicadas.
El Ministerio Público considera que las pruebas propuestas por la empresa denunciante tienen intenciones dilatorias. Justifica su petición de archivo en la convicción de que no existe delito de cohecho, prevaricación, malversación ni tráfico de influencias.
Además, enfatiza que no hubo promociones ni beneficios para los funcionarios implicados en la adjudicación. En el caso de Vicente Fernández —quien renunció a la presidencia de SEPI por este asunto— afirma: «El entonces secretario general no era superior jerárquico ni tenía relación personal con ninguno de los miembros de la Mesa o Comisión Técnica».
El Ministerio Público sostiene que las cifras presentadas por la minera Emérita para ganar el concurso «estaban infladas».
Días después de este informe, la jueza instructora rechazó la incorporación de nuevas pruebas solicitadas por los denunciantes para evitar una investigación prospectiva.
Fuentes judiciales comunicaron a EL ESPAÑOL que el caso apunta nuevamente al archivo. En el último auto, la instructora desestimó el recurso presentado por la minera y señaló que sus argumentos constituyen «un relato fragmentado y carente de imputaciones concretas a las personas investigadas«.
Daño al pueblo
El alcalde de Aznalcóllar celebra el fin de la instrucción y confía en el archivo. «Se preservarían 2.000 empleos directos y otros 3.000 de manera indirecta«. Advirtió: «Se está jugando con el hambre de los desempleados».
Este minero en excedencia, que dirige la Alcaldía desde hace cinco años, señala que «la mina representa sustento, ya que bajo el agua de la corta se halla el futuro de la comarca y parte de la provincia».
La mina ofrecería 30 años de explotación para extraer 52 millones de toneladas de metales, generando 5.000 empleos inicialmente y una inversión millonaria. Juan José está convencido de que retomará su trabajo al iniciar el proyecto.
Destaca además que a cinco años del concurso, el adjudicatario ha invertido alrededor de 40 millones de euros en gestión ambiental, proyectos técnicos diversos y una intensa investigación geológica. «Esto debe valorarse», puntualiza.
La sombra del desastre
Juan José Fernández posee experiencia en el sector, pues fue trabajador de Boliden, empresa responsable en 1998 de uno de los peores desastres ambientales de los últimos tiempos. En la madrugada del 25 de abril, un muro de la balsa de residuos mineros colapsó y la avalancha de lodos tóxicos casi alcanzó Doñana.
El alcalde, quien fue líder sindical de CCOO y portavoz de los mineros, reconoce que ese desastre dejó una huella extensa. Sin embargo, confía en que la mina de Aznalcóllar será una explotación moderna: «Es una responsabilidad colectiva».
«Está claro que con las normativas actuales de la Junta de Andalucía en el sector minero, pocas explotaciones cumplen con los estándares de calidad como aquí», enfatiza Fernández.
Por ello, en repetidas ocasiones el pueblo se ha movilizado para exigir las autorizaciones necesarias para la reapertura y la aceleración del proceso judicial. Han protestado con los lemas: ‘Mina sí, paro no’ y ‘No consientas que el corazón de Aznalcóllar deje de latir’.
Querían su cierre
Hace meses, fue la propia jueza Mercedes Alaya desde la Audiencia quien rechazó —tras dos negativas previas del juzgado— el cierre de la mina. En particular, desestimó la solicitud de Ecologistas en Acción, apoyada por la empresa denunciante, para suspender el procedimiento administrativo de autorización ambiental unificada emitido por la Junta de Andalucía.
Actualmente, la sociedad Minera Los Frailes, constituida tras la adjudicación a Grupo México y Minorbis S.L., se ocupa de gestionar los pasivos ambientales heredados de Boliden tras su partida de Aznalcóllar. El coste anual alcanza los seis millones de euros.
La suspensión habría generado un costo significativo, no solo para la comunidad minera, sino para todos los contribuyentes de Andalucía. Hasta la llegada del adjudicatario, la Junta de Andalucía asumía este gasto y, hasta la fecha, el Gobierno andaluz ha invertido 72 millones de euros en la operación.