Los socios del Gobierno temen un giro hacia la derecha al abordar asuntos sociales o legales.
Es el eterno dilema de la manta. Si cubres los pies, la cabeza queda descubierta. Pero si proteges la cabeza, los pies quedan expuestos. En política ocurre algo similar al hablar de izquierda y derecha. Sobre todo, es lo que le sucede a Pedro Sánchez al intentar acurrucarse en la mayoría parlamentaria que logró en 2023. El conjunto de partidos que le respaldó y necesita para ganar votaciones es tan heterogéneo e inestable que, al atender las demandas de una corriente, suele desatender las de otra. Y lo que con la manta implica sentir frío en alguna parte, en el caso del Gobierno desata la indignación o distanciamiento de parte de sus aliados.
Por este motivo, los aliados de Sánchez en la izquierda se inquietan cuando escuchan al presidente hablar de hacer concesiones a Junts. Porque eso significa un giro hacia la derecha en asuntos sociales o legales. Algo que en muchas ocasiones genera rechazo en las formaciones con mayor carga ideológica, como Podemos.
Esto es precisamente lo que ha ocurrido recientemente. Al mencionar Sánchez su intención de reconciliarse con Junts satisfaciendo sus demandas, los socios del Ejecutivo se pusieron en alerta. Inclusive Sumar. «Las concesiones que se están otorgando a Junts resultan muy peligrosas para este país en materia de multirreincidencia», advirtió ayer la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien también alertó sobre posibles consecuencias en la problemática de la okupación.
La advertencia de Podemos no es menor. Si el PSOE pierde el apoyo de los morados y estos se unen a PP, Vox y UPN con un voto contrario, la oposición podría ganar cualquier votación. Antes, la oposición lograba una mayoría de bloqueo con 175 votos. Pero ahora, dado que José Luis Ábalos está en prisión preventiva y no puede votar, el Gobierno podría perder por 175 a 174, en el mejor de los casos. Esto convierte en crucial que Sánchez tenga cautela con lo que ofrece a la derecha, evitando perder el respaldo en su ala izquierda. Y no solo el de Podemos, que meses atrás tumbaron el pacto migratorio firmado por el presidente con Junts, calificándolo de «racista».
Ayer, la diputada de Compromís en el Grupo Mixto, Àgueda Micó, también dejó claro que no comparte la «música» propuesta por el presidente. Además, señaló que las propuestas de Junts en materia de vivienda «no tienen nada que ver» con lo que plantea la formación valenciana.
Micó no adelantó su voto respecto al real decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros, pero dejó claro que la propuesta «no encaja» con los planteamientos que representa Compromís. En todo caso, la posición se irá perfilando cuando hoy se publique el texto en el BOE y se pueda analizar en detalle el contenido.
Podemos permanece expectante y alerta, definiendo sus límites. «Me parece equivocada la idea de asumir la agenda ultrarracista y la agenda antiderecho a la vivienda que Junts pretende imponer», insistió Belarra, quien considera que Sánchez debe «atar» la legislatura de otra forma: buscando «objetivos claros» de transformación social, en lugar de abordar las cuestiones «a salto de mata», intentando «salvar los muebles» en cada votación y sin configurar un proyecto sólido para las mayorías sociales en temas como vivienda o derechos sociales.
En Sumar conviven la preocupación con la convicción de que es necesario recuperar a Junts para que la legislatura avance. Sin embargo, en este espacio plural y particular existen voces, como la de los Comunes, que manifiestan inquietud ante la posible tentación de Sánchez de asumir «exigencias antisociales» de Junts con tal de reconstruir los «puentes» con el partido de Puigdemont.
Gerardo Pisarello señaló directamente las reivindicaciones realizadas por Junts, vinculándolas estrechamente a la patronal catalana Foment. Demandas empresariales que, profundizó, también son compartidas por PP y Vox y que pretenden bloquear la agenda de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. No solo en lo que respecta a la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media —un proyecto que ya fue descartado— sino también a otras medidas, como la implementación de un control horario más estricto en las empresas.
«Si [recuperar a Junts] sirviera de excusa para aceptar esas demandas de la patronal catalana, estaríamos claramente en desacuerdo y nos opondríamos a esa opción», advirtió el coportavoz de los Comunes en el Congreso.
Sánchez sí cuenta con el respaldo de sus socios de izquierda para satisfacer a Junts con la «agenda plurinacional». Otra cuestión distinta es la propuesta sobre financiación autonómica, un tema en el que las discrepancias son mayores.