En el Senado se afirmó que la propuesta para el millonario modificado de la obra, ya investigada por la UCO y el Tribunal Supremo, fue impulsada por el Gobierno navarro, aunque tanto Intervención como los funcionarios contradicen esta versión.
Según la Guardia Civil, la empresa que Cerdán pudo haber utilizado para obtener sobornos, Servinabar, solicitó aumentar en 8,5 millones su contrato público principal, correspondiente a la obra de Belate por 76 millones. El propio tío de la presidenta navarra, Óscar Chivite, encargado de obras públicas en la comunidad, omitió en el Senado detalles sobre cómo se llevó a cabo esta maniobra. La UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Servinabar y Acciona, investigada por la Guardia Civil, fue la que pidió dicho incremento, sin esperar a que existieran causas que lo justificaran, según indica ahora Intervención.
En julio, Óscar Chivite afirmó en el Senado que la solicitud había partido de su propio Gobierno, específicamente del Departamento de Industria y de Delegación del Gobierno. Sin embargo, un miembro de la Sección de Minas lo desmintió la semana pasada en el Parlamento Navarro, y la Intervención General ha certificado que la petición fue iniciativa de las empresas mismas, no por una «necesidad» real, sino por una cuestión de «oportunidad». En su informe de 32 páginas, al que tuvo acceso EL MUNDO y que fue adelantado por Diario de Navarra, Intervención recomienda que no se apruebe dicho modificado. La UTE, de la cual Servinabar ya no forma parte, no recibe pagos desde junio por este problema, en una obra actualmente bajo investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) y el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente.
El funcionario del departamento navarro de Industria contradijo la semana pasada al consejero durante la comisión de investigación regional de Belate: «La sección de Minas no es el origen de los modificados», afirmó, dejando sorprendidos a todos, dado que el departamento de Cohesión Territorial, dirigido por Chivite, había aceptado el aumento, y solo la intervención de Intervención logró detenerlo.
Intervención refuta que las razones del incremento en costes sean «imprevisibles»: ni el servicio de Nuevas Infraestructuras de Óscar Chivite realiza «ninguna valoración sobre la necesidad» de los cambios que justifican esa subida, expresa el informe. Se detallan cada una de las razones. En primer lugar, la UTE había garantizado el uso de un explosivo fabricado en el lugar, evitando la necesidad de pólvora o polvorines —lo que hizo que la oferta de Servinabar+Acciona fuera más competitiva—. No obstante, se utilizó pólvora y la construcción de polvorines está siendo costeada por fondos públicos en lugar de por las contratistas, situación contraria a lo que estipula la ley.
Además, las empresas intentaron modificar el método para perforar la roca, pasando de uno más económico a otro más costoso, una variación que el departamento de Chivite asumió, manteniendo falsamente que resultaría más rentable y llegando a alterar, según Intervención, «el proyecto original».
Finalmente, Intervención apunta que las empresas justificaron los cambios en el sistema de sostenimiento interior del túnel alegando que habían sido solicitados por la Sección de Minas del departamento de Industria navarro, lo cual es falso. Aún más, el costo de las cerchas para sostener el túnel fue inflado hasta el punto de representar un posible «perjuicio para la Hacienda navarra». La entidad fiscalizadora estimó que la desviación en el precio ascendía a un millón de euros más.
La obra debía ampliar el tráfico bajo uno de los puertos más rocosos del norte de Navarra, pero quien está siendo atravesado es el Gobierno de María Chivite: sus socios, encabezados por Geroa Bai (marca navarra del PNV) y Bildu, exigen responsabilidades a los Chivite, aunque ellos mismos votaron junto al PSN para impedir la comparecencia en la comisión del propietario del Grupo Noticias, cuyo hijo aparece como accionista de Servinabar.
Desde hace año y medio, el contrato de Belate ha dominado la política navarra. El secretario y el interventor de la adjudicación denunciaron que el proceso fue manipulado por el presidente de la mesa, quien además fue sostenido en su cargo de forma artificial por Chivite mediante disposiciones legales extraordinarias tras cumplir la edad de jubilación.
Posteriormente, se descubrió que una de las adjudicatarias era Servinabar 2000 SL, una empresa prácticamente ficticia, sin actividad, que habría servido como caja registradora para el ex número 2 del PSOE y factótum del partido en Navarra, Santos Cerdán. Actualmente se revela este sobrecoste irregular de 8,5 millones, rechazado por Intervención.