Preocupación en el Gobierno y el partido por las causas en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y un juzgado de Madrid
La prisión de un segundo exsecretario de Organización ha sido para el PSOE el suceso más relevante de la semana, aunque no el único motivo de inquietud para el partido y el Gobierno. De manera simultánea a la resolución del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional ha acelerado la hasta ahora lenta investigación sobre la operación vinculada al caso Koldo en Canarias, además de iniciar un proceso sobre los pagos en efectivo en Ferraz. Todo ello está bajo la sombra de la causa abierta contra la llamada fontanera socialista, señalada por sus intentos de impedir que estas investigaciones avancen judicialmente.
RECTA FINAL AL PRIMER JUICIO. Aunque resultó muy desfavorable para los investigados, no fue únicamente el último informe patrimonial de la UCO lo que condujo a José Luis Ábalos y Koldo García a Soto del Real. La clave estuvo en una combinación de una petición elevada de penas y la cercanía del juicio en el Supremo. El juez instructor declaró concluida la investigación de la rama principal del caso —existe otra en curso relacionada con adjudicaciones de obra pública— y solicitó los escritos de acusación. Ante la petición de 24 años de prisión para Ábalos por cinco delitos y 19 para Koldo García, el fiscal jefe de Anticorrupción consideró imprescindible la prisión provisional, que el juez del Supremo autorizó. El juicio podría celebrarse en pocos meses, dado que la carga procesal del Supremo es mucho menor en comparación con tribunales como la Audiencia Nacional. No será necesario esperar a que haya sala disponible. El grado avanzado del procedimiento ha limitado notablemente las opciones de Ábalos, quien permanecerá en prisión hasta el juicio y, en caso de condena, continuará con el cumplimiento inmediato de la pena firme. No supondría gran cambio que renunciase a su acta antes del auto de apertura de juicio oral. Al perder la condición de aforado, el caso pasaría a la Audiencia Nacional, donde difícilmente se modificaría la decisión del Supremo de mantener a los investigados en prisión, aunque dicha medida podría retrasar la celebración del juicio. Sin embargo, estando ya en prisión, esto resulta irrelevante.
LA TRAMA CANARIA. Justo el jueves, cuando Ábalos enfrentaba el pedido de prisión, al otro lado de la plaza de la Villa de París, Víctor de Aldama declaraba ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno para esclarecer las operaciones de la red en Canarias. Especialmente, sobre la implicación del entonces presidente autonómico y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Aldama relató que sostuvo reuniones con él para negociar contratos de mascarillas, hechos que se suman a sus esfuerzos posteriores para agilizar los pagos hacia la empresa vinculada a la trama. El empresario está elaborando un informe pericial sobre los metadatos de sus mensajes con Torres durante esas fechas. También fue citado Koldo García para declarar el viernes sobre este tema. Traído desde prisión, comunicó al juez que no declarará hasta que le devuelvan los teléfonos confiscados.
ARRANCAN LAS CUENTAS. La Audiencia Nacional acaba de iniciar la investigación vinculada a los pagos en efectivo dentro del PSOE. El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 ordenó el miércoles al PSOE entregar, en un plazo de 10 días, la «relación de pagos en metálico efectuados y documentos que los justifiquen, durante el período de 2017 a 2024». Esta solicitud fue realizada a instancias de Anticorrupción, que considera que no se ha explicado adecuadamente el origen de las cantidades en efectivo que el partido dispondría en su sede para afrontar compensaciones de gastos pagadas también en metálico, beneficiando a los señores Ábalos, García y a otros posibles receptores. La mención a «otros» podría incluir a Pedro Sánchez, quien, aunque reticente, ha admitido en varias ocasiones recibir dinero en efectivo del partido. El PSOE se muestra renuente a facilitar estos datos y ha consultado al juez si realmente se requiere información sobre pagos a todas las personas, cuya confidencialidad se vería comprometida al quedar en manos del PP y Vox, acusaciones personadas en el proceso.
Por ahora no existen indicios claros de financiación ilegal del partido, pero en caso de evidenciarse, el análisis de los movimientos en efectivo podría ser la vía para detectarla. Entre los documentos que el Supremo derivó a la Audiencia para su investigación figura la declaración de la empresaria Carmen Pano, quien aseguró haber llevado efectivo a Ferraz por encargo de Aldama. Que los dos anteriores secretarios de Organización estén siendo investigados por supuestas comisiones añade credibilidad a la hipótesis de financiación irregular.
LA ‘FONTANERA’ Y HERNANDO. En la misma jornada en la que el juez de la Audiencia requería información al PSOE, otro magistrado de los juzgados de Madrid ordenaba profundizar en las actividades de la fontanera Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset. Arturo Zamarreño decidió tomar declaración como testigos al dirigente socialista Antonio Hernando y al ex número 3 del PSOE Santos Cerdán, quienes fueron señalados por Leire y Dolset como asistentes a una reunión sostenida en la sede de Ferraz después de la apertura de una investigación contra Begoña Gómez y durante los días de reflexión de Pedro Sánchez. En esa reunión se presentaron audios obtenidos dentro del caso Villarejo relacionados con las saunas de la familia de Begoña Gómez. El juez quiere conocer en profundidad la versión completa de los hechos; por ello, Hernando y Cerdán están convocados para el 2 de febrero en el Juzgado de Instrucción 9 de Madrid. De esta investigación podría desprenderse la extensión del involucramiento de Ferraz y la Moncloa —Hernando ocupaba entonces un alto cargo en el Gabinete de Presidencia— en los esfuerzos por desacreditar a la UCO y Anticorrupción, entidad que impulsa las investigaciones que afectan al Ejecutivo.
Hasta la fecha, el PSOE ha debido proporcionar información al Supremo, la Audiencia Nacional y los juzgados de Madrid. En una de esas instancias, la Audiencia, ejerce como acusación particular. Hace días, el juez y la Fiscalía descartaron motivos para retirarle esa condición, aunque conforme avance la investigación, esa postura podría modificarse. Algo similar ocurrió con el PP en el caso Gürtel, cuyo proceso terminó por expulsarlos del Gobierno.