El principal objetivo de la norma, impulsada por el Ejecutivo de Moreno Bonilla, es aumentar significativamente la oferta de inmuebles
El Parlamento de Andalucía ha aprobado este martes la nueva Ley de Vivienda, una iniciativa del Gobierno autonómico que culmina un proceso comenzado en agosto y que busca facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada mediante un incremento considerable de la oferta. La normativa, promovida por el Ejecutivo de Juanma Moreno y tramitada en los últimos meses, se centra en la construcción de vivienda protegida, la disponibilidad de suelo y la simplificación administrativa, con la finalidad de afrontar el déficit estructural que afecta a la comunidad.
Según reconoce la propia Junta, Andalucía afronta una situación caracterizada por la escasez de vivienda protegida, una demanda residencial en crecimiento y una oferta que no logra satisfacer dicha demanda.
20.000 viviendas protegidas en cinco años
La medida principal consiste en el compromiso de desarrollar 20.000 viviendas protegidas durante los próximos cinco años. Estas promociones serán tanto de venta como de alquiler, contando con herramientas de apoyo que incluyen la cesión de suelos públicos, incentivos a promotores, esquemas de colaboración público-privada y mecanismos destinados a facilitar la financiación.
Estas iniciativas se sustentan en las medidas adelantadas en febrero con el Decreto ley 1/2025, cuyo propósito esencial fue poner a disposición la mayor cantidad posible de suelo urbanizable para vivienda protegida. Dicho decreto ya autorizaba la precomercialización de promociones para mejorar el acceso a la financiación y contemplaba incentivos específicos para agilizar nuevos desarrollos.
Bolsa de suelo y cambios de uso: oficinas y dotacionales podrán destinarse a vivienda
Otro de los fundamentos de la ley es la creación de una bolsa de suelo para vivienda asequible, elaborada en conjunto con los municipios que cuentan con más de 100.000 habitantes. Esta herramienta pretende consolidar información actualizada sobre parcelas públicas y privadas susceptibles a convertirse en vivienda protegida, aportando mayor transparencia y facilitando a los promotores el acceso a estos terrenos “con garantía”.
Para ampliar dicho inventario, la norma permite cambios de uso sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico general. Se podrán transformar en vivienda protegida: suelo terciario, edificios de oficinas, inmuebles turísticos y solares dotacionales privados o suelo urbano dotacional.
La Junta sostiene que esta flexibilidad posibilitará sacar a la luz terrenos que en la actualidad no se destinan a uso residencial, aunque la eficacia de esta medida dependerá del interés de los propietarios y de la capacidad municipal para gestionar los trámites.
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Más ayudas y trámites más sencillos en áreas prioritarias
La nueva ley introduce la figura de las áreas prioritarias, zonas donde se identifican mayores dificultades para acceder a la vivienda. En estas áreas se concentrarán recursos públicos en forma de: ayudas al alquiler, ayudas a la compra, incentivos para la construcción de nueva vivienda e incentivos a la rehabilitación.
Además, en estas zonas se simplificarán los procedimientos administrativos necesarios para iniciar nuevas promociones. La norma prevé que esta concentración de esfuerzos permita actuarse en los lugares donde la presión del mercado es más elevada, aunque aún no se han definido los criterios específicos para su selección.
Un inventario único para gestionar todo el parque público
El proyecto crea un inventario único de viviendas públicas que incluirá las promociones de la Junta, de los ayuntamientos y, en ciertos casos, de promotores privados vinculados a convenios de uso público. El objetivo es optimizar la gestión del parque residencial, actualmente fragmentado entre distintas administraciones.
La Junta considera que esta centralización permitirá mejorar la planificación y evitar duplicidades, especialmente en municipios donde existe mayor demanda.
Una única ley: adiós a los cuatro marcos anteriores
La futura ley también busca resolver la dispersión legislativa que existía hasta ahora. Para ello, deroga cuatro leyes vigentes:
- Ley de Vivienda Protegida de 2005
- Ley del Derecho a la Vivienda de 2010
- Ley de Función Social de la Vivienda de 2013
- Ley de Tanteo y Retracto de 2018
Con esta unificación se pretende conseguir un marco más claro y homogéneo, complementado con la creación de una Comisión Técnica para la Calidad de la Vivienda, que promoverá la eficiencia energética, la industrialización en la construcción y la mejora de la habitabilidad.
La norma también fomenta la rehabilitación de barrios, la regeneración urbana y la eliminación de la infravivienda mediante figuras como el Agente Rehabilitador.
Okupación y desahucios
La ley dedica un apartado al “buen uso del parque residencial”, con medidas para impedir la okupación y la sobreocupación. Además, incluye la creación de una Comisión de Coordinación en materia de desahucios, así como mecanismos de asesoramiento para personas en procesos de lanzamiento, siempre dentro del ámbito autonómico.
El sector privado, un actor central para poner en marcha las medidas
La nueva Ley de Vivienda andaluza otorga al sector privado un rol fundamental para su ejecución. Tras describir medidas como la movilización de suelo, los cambios de uso y la previsión de nuevas promociones protegidas, la misma norma subraya que muchas de estas acciones solo serán posibles por medio de acuerdos con promotoras, concesiones y fórmulas de colaboración público-privada.
También contempla instrumentos que faciliten la participación de propietarios y empresas —desde la gestión de la bolsa de suelo hasta los incentivos relacionados con la financiación o la rehabilitación—, de modo que la expansión del parque asequible dependerá, en gran medida, de la capacidad del sector privado para activar estos proyectos en los próximos años.