Editorial Construyendo No. 18_La Renuncia Democrática
CUR
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13.07.06
La novelesca persecución y detención del fugado Gilberto Vázquez, es un golpe de efecto mediático, político y policial. Apenas eso. No implica que el gobierno haya dado un giro fundamental en su política hacia los militares. Por el contrario, la impunidad institucional de las Fuerzas Armadas y el terrorismo de Estado, bajo la forma de ley, continúan vigentes.
Si bien las extradiciones a Chile por el caso Berríos, la comparecencia judicial de golpistas como Bordaberry y Gregorio Alvarez y la detención «administrativa» de torturadores y asesinos como Gavazzo, Rama, Silveira, Vázquez y Medina, demuestran que la sostenida lucha por memoria, verdad y castigo a los culpables, empieza a tener algunas consecuencias políticas y jurídicas, lo cierto es que el gobierno reafirma su decisión de transitar en otra dirección. Con ello, no solo garantiza la impunidad, sino que permite la supervivencia de las logias conspirativas y las bandas mafiosas que se anidan en las corporaciones militares y policiales. Cualquier lector atento de la realidad política, diría que es el momento justo (y favorable) para incursionar, por un lado, en el desmantelamiento del aparato represivo y, por otro lado, en la anulación de una Ley de Impunidad que funciona como mecanismo de chantaje antidemocrático, tras el cual se cobijan las más diversas estrategias de control y penalización de la protesta y la lucha social. Por eso las dos cosas – que cuentan con el más amplio consenso popular – son impostergables. Sin embargo, el «progresismo» ha optado por el camino de la renuncia democrática. Más allá de la abrumadora, masiva e hipócrita retórica sobre el fantasioso «código de honor» de los militares, el gobierno ha privilegiado el «equilibrio interno», la «autonomía» y el interés corporativo de la institución estatal que, junto a la policía, ostenta el monopolio de la violencia armada. De allí la extensión de respaldo al general Carlos Díaz («el gobierno, el ejército y el país lo necesitan», le reiteró enfáticamente el presidente de la República). Por eso ninguna sanción a la cúpula de altos oficiales, todos ellos cómplices directos. Peor todavía. Para el gobierno y su círculo de portavoces oficialistas (entre los cuales el senador Fernández Huidobro y el diputado Luis Rosadilla) lo más grave de esta crisis generada por la fuga frustrada del amigo de Aníbal Gordón (fundador de la Triple A de Argentina), es el «daño a la imagen del ejército». Nada menos. Diversas organizaciones sociales y de derechos humanos han criticado al gobierno, marcando su «responsabilidad» en esta «nueva burla de los terroristas de Estado a la justicia». Rechazan los privilegios otorgados a estos delincuentes uniformados en sus condiciones de «reclusión». La crítica es válida y hay que reconocerla. Aunque la verdadera cuestión debería centrarse en la oposición al conjunto de la política gubernamental en torno a la violación de los derechos humanos y, por lo tanto, a las responsabilidades institucionales de los aparatos represivos del Estado. El gobierno mantiene el objetivo de «dar vuelta la página» y de «reconciliar» a los militares con la sociedad, en tal sentido actúa, se relaciona, negocia y concede. Incluso, al igual que la derecha burguesa, alimenta la insostenible asociación histórica de estas Fuerzas Armadas del Estado capitalista, con aquel «ejército insurrecto» en lucha por la independencia nacional, compuesto por negros y mulatos, indios y gauchos, bandoleros sociales y esclavos, comandados por Artigas, el capitán rebelde. En el Frente Amplio también se escuchan críticas por el tratamiento de la «cuestión militar». Provienen, por lo general, de aquellos grupos y militantes descontentos e incómodos, que se ubican a la «izquierda» del oficialismo. Son, por lo general, los mismos que defienden la tesis de una «disputa» para cambiar, desde adentro, «el rumbo contradictorio» adoptado por el Frente Amplio-gobierno. Frustrados en sus expectativas, presionados por sus militantes, afiliados y votantes, agobiados por su doble condición de «opositores» y oficialistas, no terminan de constituir una creíble opción alternativa. Critican, con diversos énfasis y matices, la política económica y en particular al ministro Astori, pero al mismo tiempo, su «lealtad» frenteamplista y gubernamental les permite beneficiarse en el reparto de cargos y sueldos de confianza en la esfera nacional y municipal. Es el caso notorio del MPP y el PCU. Pero también, el caso de los grupos políticos (entre ellos el PVP y la lista 1968) que apoyaron la carta de los 150. La debilidad raquítica de los partidos burgueses, que no recuperan su legitimidad política y que siguen identificados como los principales responsables de la crisis socio-económica que afecta al pueblo trabajador, refuerza la percepción de que estamos ante un partido de gobierno que abriga en su seno tanto a oficialistas como a «opositores». Las discusiones que se dan en torno a temas como la Reforma Tributaria, la Rendición de Cuentas, el TLC con Estados Unidos, y algún otro, alimentan los equívocos sobre la real dimensión de las «diferencias» internas en el Frente Amplio-gobierno y sobre los alcances de las expresiones disidentes. Plantarse como oposición, desde el campo de la izquierda y los intereses de la clase trabajadora, exige enfrentar tanto la estrategia de «gobernabilidad» del gobierno, como luchar por la derrota de este programa económico de continuismo neoliberal. Los dos objetivos, van de la mano con el cuestionamiento radical a todo vasallaje respecto a las instituciones financieras internacionales. Por el contrario, el Frente Amplio-gobierno ya ha decidido su rumbo: la subordinación al programa que diseña el FMI para los países de la periferia. Es decir, la sujeción a las formas contractuales, pactos, tratados y compromisos que pertenecen a la economía neoliberal. Esa decisión del Frente Amplio-gobierno es irreversible. Los datos de esa subordinación no mienten. Mientras que el gobierno, las corporaciones empresariales y las instituciones financieras saludan alborozados la caída del «riesgo país» (por el adelanto de pagos al FMI), y el aumento del superávit fiscal primario a casi el 4% (para seguir cumpliendo con el monto de los intereses de la deuda externa), el desempleo se mantiene en un 12%, el ingreso de los hogares continúa como hace cuatro años atrás, el salario no recupera su pérdida brutal del 30%, y la tan publicitada «reducción» de la pobreza no beneficia en nada a las 500 mil personas que todos los meses recorren el calvario de acudir al INDA para recibir una canasta de alimentación básica. Si del análisis se desprende que cualquier propuesta alternativa, cualquier oposición a la política económica, obliga a una ruptura con el programa de gobierno certificado por el FMI, es evidente que la permanencia en la fuerza política que sustenta a este gobierno debería estar, por lo menos, en discusión. Este es el dilema que – más allá de las diferencias que existen entre ellos – enfrentan los sectores críticos y disidentes en el Frente Amplio. Porque a la renuncia democrática, se le agrega la renuncia a todo programa de «reformas estructurales» en un sentido de transformación radical en el terreno político, social, económico y cultural. ——–
Construyendo es una publicación de la Coordinadora de Unidad Revolucionaria (CUR), al servicio de las luchas populares y de la unidad de los revolucionarios.
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