También vuelve a solicitar información acerca de los desplazamientos de Cristina Álvarez, su remuneración y las responsabilidades de sus predecesores en el cargo
El juez Juan Carlos Peinado ha advertido a Moncloa que, en caso de no enviar las agendas de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y de su asesora, Cristina Álvarez, podría incurrir en un delito de desobediencia.
Mediante una providencia, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid solicita «nuevamente a Presidencia del Gobierno» que proporcione la documentación requerida, o bien expliquen las razones por las que hasta ahora no ha sido entregada.
«Advirtiendo que, si no se remite ni se justifican los motivos que impiden su remisión, se podría incurrir en un delito de desobediencia», enfatiza.
Peinado hace referencia a las agendas de las dos investigadas, que ha encargado analizar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para «establecer si las citas, reuniones, traslados, viajes, etc., realizados por ambas simultáneamente o únicamente por Álvarez, correspondían a actividades personales o profesionales de Gómez».
Asimismo, menciona todos los antecedentes respecto al nombramiento de asistentes de los cónyuges del presidente del Gobierno, «detallando los cargos desempeñados y las funciones que realizaban, así como la cantidad de asistentes designados de manera simultánea».
También reclama la entrega de los datos salariales actualizados de Álvarez hasta la fecha, junto con los documentos que acrediten su situación administrativa, tales como nóminas mensuales, complementos, costes sociales y cualquier modificación en su relación laboral.
Finalmente, el magistrado solicita toda la información relativa a los viajes de la asesora de Gómez sufragados con fondos públicos desde su incorporación, incluyendo el «uso de recursos públicos (vehículo oficial, servicio de chófer, datos sobre posibles subordinados jerárquicos de Álvarez)».
El juez Peinado atribuye a Gómez cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en negocios del sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de fondos públicos.
Además de la esposa de Pedro Sánchez y su asesora, también se investigan al empresario Juan Carlos Barrabés y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre.