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30 años de prisión. Es la condena máxima que prevé la legislación venezolana para delitos como homicidio, secuestro y violación, y fue impuesta a Marggie Xiomara Orozco Tapias, una médica de 65 años.
No obstante, esta profesional de la salud no cometió ni asesinato ni secuestro. Su infracción consistió en que, en medio de la intensa campaña previa a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, envió un audio por WhatsApp a un grupo de vecinos en San Juan de Colón, estado Táchira (cercano a la frontera con Colombia), instando a votar en contra de Nicolás Maduro y responsabilizándolo por la crisis económica que afecta al país.
Ocho días tras la celebración de los comicios, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró ganados por Maduro aunque todavía sin pruebas que lo respalden, la policía detuvo a Orozco.
«En la noche del 5 de agosto, agentes policiales llegaron a la casa de mi madre y le dijeron: ‘Acompáñenos’. Ella se negó al principio, pero ellos le aseguraron que no estaba arrestada, sino que solo querían entrevistarla, por lo que accedió a acompañarlos. Pasamos tres días sin tener noticias de ella», narró a BBC Mundo su hijo, Paul Ruiz.
El audio de la doctora fue captado por simpatizantes del gobierno, quienes denunciaron el caso ante la Fiscalía tras amenazarla con retirar beneficios como la caja de alimentos o la bombona de gas subsidiada.
El caso de Orozco es uno más dentro de una cadena de procesos judiciales contra ciudadanos que ejercieron su libertad de expresión en redes sociales, un derecho que las autoridades venezolanas advierten como “no absoluto”.
Fuente de la imagen, Cortesía Paul Ruiz
La justificación para la intervención
«Esas llamadas ponen en peligro la estabilidad de Venezuela y constituyen la razón por la cual el gobierno de Estados Unidos pretende invadirnos».
Esto fue lo que afirmó la jueza Luz Dary Moreno Acosta al sentenciar, el pasado 16 de noviembre, a Orozco por los cargos de traición a la patria, conspiración e incitación al odio, según relataron testigos que presenciaron la lectura del fallo.
¿Qué expresiones realizó la doctora para enfrentar la máxima pena? «Pidió a la comunidad salir a votar (contra Maduro) y que sus vecinos dejaran de apoyar descaradamente al gobierno, mientras sus hijos emigraban en busca de trabajo y el país se desmoronaba», explicó Ruiz.
Su hijo desmintió que ella haya cometido algún ilícito.
«Ella jamás salió a protestar lanzando piedras o quemando neumáticos. Tampoco solicitó una intervención extranjera», afirmó.
Últimamente, Estados Unidos ha concentrado en el Caribe una flotilla naval —incluido su portaaviones más avanzado y grande, el USS Gerald R. Ford— con la misión declarada de combatir el narcotráfico.
No obstante, desde las autoridades de Caracas sostienen que este despliegue busca en realidad promover un «cambio de régimen» en Venezuela.
«Así como usted padece, los funcionarios del Gobierno también sufren», aseguró la jueza a Orozco, según el relato de su hijo, quien indicó que obtuvo la información de abogados que estuvieron presentes durante la lectura del veredicto en el Tribunal 4 de Juicio de Táchira.
Aunque el fallo aún no se ha publicado, la Fiscalía venezolana confirmó a BBC Mundo su emisión, pero rechazó hacer declaraciones al respecto.
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Ni siquiera el infarto sufrido por Orozco durante el año que lleva detenida fue tomado en cuenta como circunstancia atenuante por la justicia.
En marzo pasado, la jueza Moreno se negó a conceder libertad condicional para que la doctora pudiera seguir el juicio, argumentando que «existe riesgo de fuga» y que «podría influir en los testigos para que aporten información falsa al tribunal, comprometiendo la veracidad de los hechos y la administración de justicia».
El dictamen se emitió semanas después de que el ministro del Interior, Diosdado Cabello, advirtiera que “buscarían” a quienes apoyaran una invasión.
«Si alguien opta por solicitar invasiones en contra de nuestro país, automáticamente se excluye de sus deberes como venezolano, y el Estado se reserva el derecho de tomar las medidas que considere apropiadas», alertó hace unas semanas.
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Precaución con lo que se expresa
Algunos testigos del audio de Orozco comentaron a BBC Mundo que «la grabación duraba 17 minutos y en ciertas partes era bastante confrontacional». Esto explicaría por qué a la doctora le aplicaron el artículo 20 de la controvertida Ley Constitucional contra el Odio, la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, según han demostrado los documentos judiciales.
«Quien, de manera pública o a través de cualquier medio con capacidad de difusión pública, incite, promueva o fomente el odio, discriminación o violencia contra una persona o grupo en razón de su pertenencia real o supuesta a grupos sociales, étnicos, religiosos, políticos, sexuales, de identidad o expresión de género u otro motivo discriminatorio, será sancionado con prisión de diez a veinte años, sin perjuicio de responsabilidades civiles o disciplinarias por los daños ocasionados», señala la norma.
La ambigüedad y extensión del artículo ha sido objeto de críticas por parte de organismos internacionales de derechos humanos, que advierten que podría usarse para acallar voces disidentes.
Entre 2021 y 2023, al menos 22 venezolanos fueron detenidos por expresar sus opiniones. Varias de estas detenciones están ligadas a contenidos difundidos en plataformas digitales, según reportó la organización Espacio Público.
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Antes de conocerse el fallo contra Orozco, se dictaron otras dos sentencias similares. Una fue para Marcos Palma, de 50 años, sentenciado a 15 años de prisión por un audio enviado en un grupo de WhatsApp en el que expresaba su queja por la falta de entrega de la bombona de gas que pagó, e invitaba a vecinos a una protesta.
Semanas después, Randal Telles, una estudiante de enfermería de 22 años del estado Barinas, fue condenada también a 15 años de cárcel por un video en TikTok donde criticaba a Maduro y a Cabello. Sin embargo, su familia afirma que la grabación es un montaje realizado con inteligencia artificial, no una creación de Telles.
Estos casos ilustran cómo muchos ciudadanos del país optan por evitar debatir ciertos temas en redes sociales o incluso borrar periódicamente sus historiales de mensajes.
En 2017, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, reconoció que la mencionada ley contra el odio tenía «un carácter preventivo, educativo y disuasivo».
«La libertad de expresión no es un derecho absoluto, posee límites. En Venezuela existe una normativa que lo regula», advirtió un funcionario judicial en activo que solicitó anonimato.
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Falta de fundamentos
La sentencia contra la médica ha sido cuestionada tanto dentro como fuera de Venezuela.
«Este caso muestra que la ausencia de independencia en el sistema judicial venezolano está profundamente arraigada y que sigue operando como parte del aparato represivo estatal», denunció a BBC Mundo la relatora para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Gloria De Mees.
Al afirmar que la Ley contra el Odio «limita severamente el derecho a la libertad de expresión en Venezuela y genera un efecto inhibidor fuerte, contrario a una sociedad democrática», De Mees expresó a BBC Mundo que «la aplicación de esta ley en casos como este confirma el clima de miedo y autocensura» que predomina en el país y «desalienta cualquier tipo de disidencia, incluso más allá de las fronteras venezolanas».
Por su parte, juristas venezolanos han cuestionado los fundamentos jurídicos de la condena contra la doctora Orozco.
«Para que exista el delito de incitación al odio, el mensaje debería haber provocado un acto de odio de un individuo hacia otro. ¿A quién incitó la doctora? Ella simplemente expresó su propio sufrimiento», explicó a BBC Mundo el abogado penalista Zair Mundaray.
El exdirector de Actuación Procesal de la Fiscalía venezolana también consideró incorrecta la aplicación de los cargos de traición y conspiración.
«La conspiración implica intentar modificar la forma republicana, pero ¿qué acción concreta emprendió la doctora para destruir la democracia y las instituciones? Y el delito de traición refiere a la unión con naciones o enemigos extranjeros, pero no se ha informado que ella se haya aliado con alguien», añadió.
«Con este tipo de sentencias, el gobierno intenta silenciar nuestras protestas», afirmó el hijo de la condenada, quien recalcó que su madre nunca ha participado en actividades políticas de ningún tipo.