La supervisora corporativa de la UE consideró que la decisión de la Comisión Europea de reabrir la ley de diligencia debida del bloque sin evaluaciones climáticas constituyó una mala praxis.
Según el informe publicado el jueves por la Defensora del Pueblo de la UE, la determinación de la Comisión Europea de modificar leyes sobre sostenibilidad, agricultura y migración en respuesta a presiones externas implicó una mala administración, incumpliendo los estándares de toma de decisiones basadas en evidencia y con transparencia.
Esta resolución impacta una serie de modificaciones que el ejecutivo de la UE consideró necesarias tras una reacción política del Parlamento Europeo y una fuerte presión ejercida por empresas y varios gobiernos.
El informe de la Defensora del Pueblo de la UE, cargo encargado de la supervisión corporativa del bloque, se entregó pocos días antes de que la Comisión presente otro «paquete de simplificación» destinado a facilitar la legislación ambiental.
“La Comisión debe garantizar que la rendición de cuentas y la transparencia sigan siendo una parte integral de sus procesos legislativos, y que sus acciones sean comunicadas de forma clara a la ciudadanía,” señaló Teresa Anjinho, Defensora del Pueblo de la UE.
Estados Unidos fue uno de los opositores más firmes contra la ley europea de diligencia debida corporativa y los requisitos de reporte de sostenibilidad empresarial, argumentando que dichas leyes afectaban negativamente las relaciones comerciales y que sería demasiado oneroso para las empresas demostrar que sus productos no dañaron el medio ambiente ni violaron derechos humanos.
Decisión apresurada
La investigación comenzó tras las denuncias de ocho organizaciones de la sociedad civil que alertaron sobre mala praxis, sosteniendo que la Comisión no realizó una evaluación previa de impacto, ni incluyó un análisis de coherencia climática ni una consulta pública antes de plantear las leyes de simplificación.
ClientEarth, Anti-Slavery International, la campaña Clean Clothes, la Coalición Europea por la Justicia Corporativa, Amigos de la Tierra Europa, Global Witness, Notre Affaire À Tous y el grupo de campaña Transport & Environment presentaron una queja formal ante la Defensora del Pueblo de la UE en abril, tras no obtener respuestas satisfactorias a sus inquietudes por parte de la Comisión.
“Estamos impugnando el desmantelamiento acelerado por parte de la Comisión de tres pilares clave del Pacto Verde, entre ellos leyes diseñadas para mejorar los impactos ambientales y humanos del comercio global, un proceso que ignora totalmente los derechos de las personas y de la naturaleza,” reza la declaración conjunta de las organizaciones.
Además de las leyes de diligencia debida, que la Comisión abrió a revisión en febrero de 2025, la investigación también examinó los procedimientos seguidos por la Comisión para revisar la Política Agrícola Común en marzo de 2024 y las leyes contra el tráfico de personas en noviembre de 2023.
«Varias deficiencias en procedimiento»
Tras reunirse con representantes de la Comisión y analizar documentos oficiales, el organismo de supervisión europeo detectó «varias deficiencias en los procedimientos».
Se concluyó que el ejecutivo de la UE no presentó justificaciones suficientes para omitir la evaluación de impacto, la consulta pública y la valoración de coherencia climática.
Entre las deficiencias identificadas se incluye la falta de justificación completa al público sobre la urgencia de las propuestas legislativas, así como la ausencia de documentación que explique por qué la Comisión se apartó de sus propias normas internas para la elaboración de leyes.
El análisis también detectó posibles problemas en la realización de una consulta interinstitucional antes de la publicación de la propuesta.
“En adelante, debe lograrse un mejor equilibrio entre contar con una administración ágil y garantizar un mínimo de estándares procedimentales para la elaboración legislativa. Ciertos principios de buena legislación no deben ser sacrificados ni siquiera por razones de urgencia,” añade el informe de la Defensora del Pueblo.