El juez Leopoldo Puente ha ordenado prisión provisional sin posibilidad de fianza para José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, citando un riesgo «extremo» de fuga.
La amenaza de sentencias severas, que podrían superar una década incluso en el escenario más favorable, resulta determinante para la resolución judicial.
El magistrado resalta los recursos económicos y las conexiones internacionales de Ábalos, en especial en Iberoamérica, como elementos que facilitan la evasión.
El arraigo familiar se descarta como un obstáculo suficiente para impedir la fuga, y se rechaza que la prisión tenga como objetivo presionar para lograr confesiones.
José Luis Ábalos, exministro de Transportes y destacado miembro del Gobierno, se convierte en el primer diputado en activo que entra en prisión provisional acusado de delitos graves de corrupción.
El magistrado instructor, Leopoldo Puente, emitió alrededor de las 16:00 horas un auto en el que ordena prisión comunicada y sin fianza tanto para Ábalos como para su antiguo asesor, Koldo García Izaguirre. El juez asume las tesis de la Fiscalía Anticorrupción, calificando el riesgo de fuga como «extremo», «máximo» e «inasumible».
La decisión supuso un duro golpe para el exlíder socialista, a quien testigos describen como «nervioso, pálido» y «fumando constantemente» en el patio de los naranjos del Alto Tribunal mientras aguardaba el fallo.
Esa imagen contrastaba con la de su exasesor, descrito como «más sereno» e incluso dispuesto a hacer bromas ante el tribunal: «Todos tenemos derecho a aprender poco a poco», expresó Koldo durante su intervención.
Ambos fueron trasladados ya a la prisión de Soto del Real, donde comparten celda en el ‘módulo de ingreso’ a la espera de que se decida su ubicación definitiva dentro del centro penitenciario.
Este destino llega acompañado de la contundente apreciación del juez Puente sobre la probabilidad de fuga de ambos, especialmente en lo que se refiere a la capacidad logística de los acusados para eludir a la Justicia.
No menos de 10 años
Para el magistrado, el factor decisivo es el abismo penal que enfrentan los procesados. Con la instrucción ya concluida y los escritos de acusación presentados, la amenaza de prisión ha dejado de ser una mera hipótesis, transformándose en una posibilidad inmediata.
Anticorrupción reclama 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García. La acusación popular eleva la pena solicitada hasta los 30 años. El auto es categórico al evaluar este escenario: «La magnitud de las penas pedidas es tan significativa que se explica por sí misma».
El juez hace un cálculo contundente para desbaratar cualquier esperanza optimista en las defensas: incluso en el caso más favorable de una condena mínima, la suma recopilada de las penas «aún conllevaría una sanción privativa de libertad no inferior a los diez años».
De hecho, el instructor incorpora el cálculo exacto del Ministerio Público, que sitúa ese umbral en «doce años y seis meses de prisión».
Contactos internacionales
Uno de los aspectos más contundentes y novedosos del auto es el análisis sobre los medios de Ábalos para escapar al extranjero. El juez no solo menciona la «disponibilidad de recursos económicos considerables», inferida del manejo de grandes sumas de efectivo o de fondos recibidos de su hijo Víctor, sino que pone el foco en su red internacional.
Puente destaca que «es de conocimiento general la red de contactos internacionales» que Ábalos construyó durante su mandato, especialmente en Iberoamérica (el auto señala indicios relacionados con una propiedad en Perú).
El peligro, según el magistrado, no solo es de índole económica, sino también relacional: Ábalos cuenta con vínculos ‘tanto con autoridades como con particulares y empresas’ en esos países, capaces de proporcionarle apoyo logístico para evadir a la justicia española.
El arraigo familiar no frena
Las defensas intentaron recurrir a motivos sentimentales. Ábalos alegó el cuidado de un hijo menor mientras que Koldo García argumentó la responsabilidad sobre su hija y madre anciana. El juez desestima estas razones con un enfoque racional: «Cualquiera de esos familiares podría, si así lo decidiera, desplazarse a reunirse con ellos» en caso de fuga, explica.
De forma alternativa, el auto plantea que, dada la «perspectiva penal previsiblemente cercana», los acusados podrían preferir «apartarse temporalmente de su familia para evitar un desenlace personalmente muy desfavorable» antes que afrontar décadas de prisión.
La «especulación» sobre la confesión
Finalmente, el juez rechaza las insinuaciones de la defensa de Ábalos, que sugirió que la prisión se pedía como un método para presionar y obtener una confesión.
Leopoldo Puente califica esa sugerencia como «pura y simple especulación». Señala que, con la instrucción casi finalizada y el juicio previsto «en apenas unos meses» (según la Fiscalía, tres o cuatro), la prisión ya no tendría sentido para conseguir información.
«Lo que el acusado podría aportar ahora tiene poca relevancia», concluye el instructor, asegurando que la prisión persigue garantizar —a toda costa— que el banquillo de los acusados esté ocupado el día del juicio.