El juez ha accedido a aplazar en una hora y media la comparecencia del ex asesor del ex ministro, con el fin de que su abogada pueda estar presente en la declaración de Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional.
El Tribunal Supremo ha resuelto mantener este jueves las vistas de revisión de las medidas cautelares impuestas al ex ministro José Luis Ábalos y a Koldo García, aunque ha retrasado en hora y media la comparecencia del ex asesor para asegurar la asistencia de su defensa durante la declaración del empresario Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional.
El magistrado Leopoldo Puente analizará este jueves si procede modificar las medidas cautelares que afectan al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su ex asesor, después de que la acusación popular dirigida por el PP solicitara prisión preventiva para ambos.
La defensa de Koldo García pidió la suspensión de esta vista al coincidir con la declaración como investigado en la Audiencia Nacional de Víctor de Aldama, presunto comisionista en la trama, relacionada con el último informe policial que aborda las gestiones del ex asesor con el entonces presidente de Canarias y actual ministro, Ángel Víctor Torres, para la adquisición de mascarillas.
El juez decidió mantener la vista del ex asesor, pero aplazó su inicio de las 11:00 horas a las 12:30 horas, «considerando la urgencia de dicha comparecencia y la cercanía en la programación de ambos órganos jurisdiccionales». La audiencia de Ábalos sigue prevista para las 10:00 horas de este jueves.
Ambos imputados deberán asistir en persona al Tribunal Supremo, acompañados de sus respectivos abogados.
El magistrado acordó llevar a cabo esta vista por solicitud de la Fiscalía y de las acusaciones, tras conocerse las peticiones de prisión formuladas en el proceso por presuntas comisiones en contratos de mascarillas durante la pandemia: la Fiscalía reclama 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García, mientras que las acusaciones populares elevan esa petición hasta los 30 años.
Esta vista no afecta al empresario Víctor de Aldama, también investigado en el Tribunal Supremo, para quien las acusaciones no han solicitado modificación de sus medidas cautelares. Para él piden siete años de prisión.