Este diario destapó la declaración fundamental de la novia de Pujol Jr., la adquisición del puerto argentino de Rosario desde Suiza y la captura definitiva de las cuentas en Andorra.
Jordi Pujol se reunió con sus abogados durante el verano de 2014 para decidir si debía admitir la verdad tras la publicación de sus millones en cuentas andorranas por parte de EL MUNDO o mantenerse en la negación. Aunque hubo discrepancias entre los letrados de la familia, prevaleció la urgencia de reconocer los hechos y regularizar la situación antes de que Hacienda iniciara una inspección fiscal al conjunto del clan y asegurara una condena por delito fiscal.
Hasta entonces, el ex presidente catalán había negado poseer fondos no declarados en el extranjero, pese a que este periódico ya había presentado pruebas contundentes.
En diciembre de 2012, estas páginas difundieron la confesión que primero se realizaba ante la policía y luego se ratificaba en la Audiencia Nacional, de Victoria Álvarez, quien mantuvo una relación de cinco años con el hijo mayor de la familia. Relató cómo frecuentemente acompañaba al Principado a Jordi Pujol Jr con bolsas repletas de billetes de 500 euros. Álvarez también proporcionó detalles del testaferro ubicado en Londres que gestionaba el dinero familiar en paraísos fiscales, Herbert Arthur Joseph Rainford Towning, a quien visitó en numerosas ocasiones con su entonces pareja, y destacó el papel principal de Marta Ferrusola en la dirección de las operaciones bancarias. Este testimonio fue confirmado después por cartas enviadas al gestor bancario andorrano, donde, actuando como “madre superiora”, movía “misales” en referencia a los millones de pesetas de la Sagrada Familia.
La declaración de Álvarez, sumada a la del financiero Javier de la Rosa, que también declaró ante la Policía atribuyendo a Pujol padre cuentas en Suiza, impulsaron a la UDEF a elaborar un borrador que por primera vez plasmaba la existencia de fondos no declarados por la familia y lo compartieron con la Fiscalía para iniciar una investigación.
No obstante, una revelación periodística posterior estableció, de manera documental e inequívoca, que la familia gestionaba sumas significativas de dinero en paraísos fiscales más allá de las primeras declaraciones.
En septiembre de 2013, EL MUNDO detalló la operación mediante la cual la familia Pujol adquirió el puerto fluvial de Rosario (Argentina) y publicó los correos electrónicos en los que el clan instruía el ingreso de fondos para comprar un paquete accionarial relevante. «Apreciado Gustavo (Shanahan): esta mañana se han enviado 1.252.609,60 euros equivalentes a 1.500.000 dólares según el cambio de hoy, a la dirección que me facilitaste», comunicó Pujol Ferrusola a su socio argentino en el puerto de carga. «Llegará desde Suiza, mantente alerta». Este correo, enviado en 2005, validaba la confesión de Álvarez, dado que la operación se había realizado mediante el testaferro londinense, y documentaba por primera vez los movimientos de la fortuna oculta.
En ese momento, los Pujol defendieron la idea de que todo se trataba de un ataque basado en mentiras. Compararon la información con el caso Banca Catalana y continuaron adelante negando. Paralelamente, este diario siguió aportando evidencias indiscutibles, como el hecho de que Josep Pujol se acogiera a la amnistía fiscal para declarar dos millones de euros que ocultaba, o que Oleguer Pujol estaba realizando inversiones inmobiliarias millonarias desde las Islas del Canal.
Sin embargo, la publicación de la captura de pantalla de las cuentas de Andorra, que estimaba temporalmente los movimientos en poco más de tres millones, provocó la rendición final y surgió el intento de justificar el origen de esos fondos.
El patriarca ofreció disculpas en un comunicado donde explicó que durante 34 años no halló el momento adecuado para regularizar el dinero y que la procedencia del mismo era una herencia heredada de su padre.
Esta confesión aceleró los procesos judiciales y la Audiencia Nacional abrió una macroinvestigación para determinar la suma total de dinero, que la UDEF calificó en uno de los informes presentados en la causa como una de las más relevantes en España. De hecho, llegó a mencionar una cifra específica: 290 millones de euros.
Este diario también difundió en exclusiva los indicios visibles de esta cantidad de dinero, cuyo rastro más claro se encontraba oculto en una nave industrial en Barcelona.
Allí permanecía una colección de vehículos valorada por Hacienda en 1,6 millones, entre los que destacaba la joya de la flota, un Lamborghini Miura valorado en 562.000 euros, y el emblemático Porsche 911 amarillo con el capó adornado por una enorme bandera catalana.