«La intención sigue siendo presentar estos Presupuestos cuanto antes», afirmó este martes la ministra portavoz tras la reunión del Consejo de Ministros.
Pilar Alegría buscaba reafirmar de esta manera el compromiso de Pedro Sánchez para llevar al Congreso el proyecto de cuentas públicas del Estado para el año 2026.
Sin embargo, ese mismo compromiso ha sido reiterado tanto por el Gobierno como por el propio presidente en varias ocasiones en ejercicios anteriores sin que finalmente se hayan presentado, incumpliendo así la obligación.
En verdad, lo relativo a la «intención» y a «lo antes posible» carece de relevancia: según la Constitución, el Gobierno está obligado a presentar los Presupuestos y el plazo establecido finalizó este martes, último día de septiembre.
Este período de tres meses previos a fin de año responde al tiempo necesario para tramitar y, en su caso, aprobar los Presupuestos en el Congreso para que puedan entrar en vigor el 1 de enero, evitando la prórroga de los anteriores.
Hasta el momento, desde Moncloa no parece existir una urgencia real por cumplir con este trámite ni se ha dado explicación alguna sobre la demora.
En esta ocasión ni siquiera se ha completado el paso previo que supone la aprobación de la llamada senda de déficit, la cual debe finalizarse antes del verano con el visto bueno del Congreso.
Fuentes oficiales aclaran que la senda de déficit se encuentra en fase de elaboración, pero no se prevé que sea aprobada en el Consejo de Ministros antes de mediados de octubre, en el mejor escenario.
Además, debe ser ratificada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que están representadas todas las comunidades autónomas, aunque aún no se ha convocado dicha reunión.
De no obtener la aprobación en el Congreso, se mantendrá la senda de déficit vigente, prorrogada desde hace años.
Posteriormente, el Gobierno aprobará el proyecto de Presupuestos y lo enviará al Congreso, procedimiento que, según las propias estimaciones de Moncloa, no ocurrirá antes de noviembre.
El primer trámite será el debate de totalidad, un obstáculo complicado para el Ejecutivo. La mayoría del Gobierno es pesimista debido a la postura de Junts y Podemos.
Si este desafío no se supera, no habrá Presupuestos y el 1 de enero se prorrogarán automáticamente los vigentes, aprobados en 2022, hace ya tres años.
En caso de que los Presupuestos superen el debate de totalidad, esto no sucederá antes de finales de noviembre, según calcula el Gobierno, comenzando entonces el trámite de enmiendas parciales en el Congreso y luego en el Senado, con posible retorno al Congreso, debido a la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta.
Sánchez, la excepción
Así, los Presupuestos para 2026 no se aprobarían definitivamente al menos hasta mediados de enero del próximo año.
Por lo tanto, salvo una excepcionalidad, el año empezará con las cuentas aprobadas en 2022 y prorrogadas en enero, que ya constituyen las más duraderas en la historia democrática.
La práctica común durante la democracia ha sido que, en legislaturas sin mayorías absolutas, las negociaciones con socios comienzan mucho antes de finales de septiembre y que se reserva para el trámite parlamentario el detalle de cada partida.
En esta ocasión, el Gobierno asegura que mantiene negociaciones con socios parlamentarios, aunque la mayoría desmienten que exista una negociación formal actualmente.
Desde el Gobierno ilustran que «Junts sigue manteniéndose en una postura máxima», rechazando su propuesta sobre la senda de déficit y mostrando escasa disposición a aprobar los Presupuestos.
Con Podemos no hay negociaciones formales, aunque se espera lograr acercamientos con propuestas sociales relevantes en el proyecto presupuestario.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, evitó este martes detallar las causas por las que el Ejecutivo no ha cumplido por tercera vez el requisito constitucional, argumentando que las comunidades gobernadas por el PP tampoco han presentado Presupuestos por falta de apoyo para su aprobación.
Pedro Sánchez es el único presidente que no ha presentado Presupuestos, y lo ha hecho de forma reiterada.
Mariano Rajoy los presentó en dos ocasiones fuera de plazo debido a convocatorias electorales, pero los aprobó posteriormente, de modo que en todos sus mandatos se aprobaron las cuentas.