La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defiende en 2055 la aplicación del principio de ordinalidad en el nuevo sistema de financiación destinado a Cataluña, región que el Gobierno de Pedro Sánchez reconoce con particularidades que, en la práctica, implican una asignación mayor de recursos para esta comunidad.
No obstante, en 2018, cuando ocupaba el cargo de consejera de Hacienda en el Ejecutivo de Susana Díaz, se manifestaba de forma tajante en contra de este método de financiación. «Donde dijo Diego…», indican fuentes del actual Gobierno andaluz, que recuerdan el documento que Montero apoyó y respaldó en el Parlamento regional.
«El Parlamento de Andalucía sostiene que el criterio de ordinalidad (…) podría vulnerar el principio de equidad. Además, en ningún caso puede considerarse como principio rector del sistema autonómico de financiación, dado que no aparece en ningún texto legislativo referente al tema», afirmaba el documento que respaldó María Jesús Montero junto con todo el PSOE andaluz.
Esa postura contrasta de manera directa, critican desde el Ejecutivo de Juanma Moreno, con lo que Montero negocia actualmente con los partidos independentistas, quienes recuperan ese criterio para la distribución de fondos públicos.
Pero, ¿en qué consiste el principio de ordinalidad? Se trata de un criterio que estipula que si una comunidad autónoma lidera la recaudación de impuestos en España, debe ocupar el primer lugar en la recepción de los recursos provenientes de esos impuestos.
Por barrios
Fuentes del Gobierno andaluz explican a EL ESPAÑOL que la problemática de dicho criterio se entiende mejor cuando se habla de barrios. Utilizan el ejemplo de Sevilla.
«Como los vecinos de Los Remedios, una zona adinerada de Sevilla, abonan más IBI que los residentes en Cerro Amate, un área con menos recursos, deberían gozar de mejores servicios y mayores derechos por parte del Ayuntamiento de Sevilla. ¿No resulta absurdo? No es lógico, nadie lo aceptaría en los barrios de una ciudad, sin embargo, el PSOE aplica esta lógica para las comunidades autónomas», indican.
La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, lo aclaró este martes al pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que deje de financiar «la fiesta al independentismo» catalán con fondos públicos.
Para España, la ordinalidad como base para la financiación territorial representa «un nuevo agravio para Andalucía» por parte de María Jesús Montero. «Implica que las comunidades más prósperas recibirán más recursos en perjuicio de las menos favorecidas, caso que afecta a Andalucía».
Desde el Ejecutivo de Juanma Moreno son igual de contundentes: «Los impuestos no los soportan los territorios, sino las personas, por lo tanto lo que recauda Cataluña o Andalucía no es propiedad de Cataluña o Andalucía sino de España».
Según el criterio del Gobierno andaluz, la propuesta que ahora respalda Montero para Cataluña significa «beneficiar a los más adinerados». «Supone romper el principio de equidad y redistribución; es necesario asegurar servicios y derechos idénticos en todo el territorio español, no solo en Cataluña», sostienen.
La consejera andaluza de Hacienda reprocha a Montero que ahora «ceda a Cataluña antes que priorizar y dedicarse a Andalucía» y que, en contraposición, la Junta defiende un modelo de financiación basado en la población como criterio para la asignación de fondos públicos.
Porque, apuntan desde el Gobierno andaluz, con el modelo que propone Montero, la comunidad perdería en torno a 2.000 millones de euros anuales.
Según el Ejecutivo de Juanma Moreno, Andalucía recibiría desde 1.300 millones de euros menos con base en la proyección realizada por población ajustada, hasta casi 2.000 millones menos cuando se considera la población de derecho.
Desde el Gobierno andaluz prefieren situarse en un término intermedio entre ambos cálculos, tomando como referencia los datos de Fedea, que establecen que Andalucía perdería anualmente hasta 1.527 millones de euros. Esa es la infrafinanciación que sufre la comunidad según un organismo externo a la Junta.
La Junta es consciente de que si el modelo basado en población se aplica —lo que podría ocurrir con otras regiones pero se considera poco probable para Cataluña— será necesario incluir criterios de ponderación.
¿Qué implica esto? Que no se tomará en cuenta exclusivamente la cantidad de habitantes, sino también indicadores ponderados, por ejemplo, el número de personas mayores de 65 años, menores de 5 o dependientes… Factores que elevan el coste de los servicios públicos.
Fuentes del Gobierno andaluz reconocen que, por ejemplo, Castilla y León y Castilla-La Mancha solicitarán incluir la dispersión poblacional como criterio de ponderación, dado que es una característica de sus territorios. Otras comunidades propondrán distintos parámetros.
«Pero todas coincidimos en que no se debe romper la caja común ni perder la igualdad, algo que provocaría la ordinalidad«, añaden.