Informes de la inteligencia israelí alertan sobre la continuidad de la Autoridad Nacional Palestina en la financiación de pagos dirigidos a terroristas encarcelados y a las familias de los llamados «mártires», utilizando recursos provenientes de donantes internacionales, entre ellos la Unión Europea y España.
Los documentos señalan que la ANP gestiona estos pagos de forma oculta, recurriendo a donaciones sin condiciones estrictas ni supervisión específica, lo que complica el seguimiento del uso final de esos fondos.
Tanto el Gobierno español como la UE sostienen que sus ayudas se administran mediante mecanismos con controles y auditorías, como PEGASE, mientras que Israel denuncia falta de supervisión y responsabilidades éticas y políticas.
La disputa diplomática entre Israel y España se ha agudizado tras el reconocimiento español del Estado palestino y la imposición de un embargo de armas contra Israel, en medio de un aumento de la asistencia española a Palestina.
Informes confidenciales del Gobierno israelí ponen de manifiesto que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) prosigue con la financiación encubierta de un programa de pagos a terroristas presos y a las familias de los denominados «mártires».
Fuentes próximas al Ejecutivo de Benjamin Netanyahu afirman que la ANP utiliza «fondos que proceden de donantes internacionales», incluyendo España y la Unión Europea.
La información en posesión de este medio proviene de dos informes internos de la Inteligencia israelí.
El financiamiento a terroristas se canaliza mediante «donaciones que no están sujetas a condiciones ni son supervisadas específicamente», lo que permite desviar recursos hacia compensaciones que «contravienen compromisos asumidos públicamente» con los donantes.
Desde Exteriores se aclara que las dos asignaciones españolas presumiblemente aludidas en esos informes han sido gestionadas «a través del instrumento PEGASE de la Unión Europea».
Este mecanismo europeo para la gestión de la ayuda socioeconómica fue instaurado en 2008 y cuenta con «altos estándares de control aplicados mediante auditorías previas y verificaciones posteriores».
Desde el ministerio de José Manuel Albares se rechazan las acusaciones directas: «Desde 2008 utilizamos Pegase, siendo este el mecanismo empleado por todos los gobiernos desde entonces. PEGASE canaliza fondos tanto de la Comisión como de numerosos Estados miembros».
Sin embargo, las fuentes consultadas indican tres puntos: primero, que las exigencias de la UE a la ANP de Mahmud Abbas para cesar los «sueldos por matar» fueron impuestas tras el 7 de octubre.
Segundo, que la documentación israelí identifica directamente esos fondos de la UE, por su eventual responsabilidad política en la «falta de control», así como a los Estados miembros, entre ellos España, por la responsabilidad ética.
Y tercero, que «los pagos no solo no se detuvieron, sino que prosiguen, ahora de manera encubierta«.
Crisis diplomática
Jerusalén enfrenta una profunda crisis diplomática con el Gobierno español de Pedro Sánchez.
La relación bilateral sufrió un deterioro sin precedentes tras el brutal atentado de Hamás, el 7 de octubre de 2023, y sobre todo desde la decisión española de reconocer el Estado palestino en mayo de 2024.
Esa medida derivó en la retirada de la embajadora israelí en Madrid.
La postura del Ejecutivo español se ha mostrado en declaraciones cada vez más contundentes contra la respuesta militar israelí en Gaza. En mayo de 2025, Sánchez encabezó una declaración internacional que condenó el bloqueo de Gaza como «genocidio».
Israel respondió convocando a la embajadora española para una «reunión de reprimenda». La tensión aumentó en octubre de 2025, cuando el Gobierno español promovió un decreto para el embargo de armas a Israel.
La votación en el Congreso se programó para el 7 de octubre, segundo aniversario de la masacre, y Netanyahu calificó la medida públicamente de «cínica y aberrante».
Paralelamente, España incrementó considerablemente su respaldo financiero a la Autoridad Palestina.
Desde los atentados de Hamás, Madrid ha movilizado más de 76 millones de euros en asistencia humanitaria y cooperación.
El Gobierno argumenta que este aumento es indispensable ya que «Israel retiene los ingresos fiscales que corresponden a la ANP», ocasionando una asfixia financiera a la autoridad palestina.
Fuentes de Exteriores señalan que el Ejecutivo de Netanyahu busca intencionadamente debilitar a Abbas para poner en riesgo la viabilidad de una solución negociada basada en dos Estados.
«La ANP, única interlocutora»
El Gobierno español ha defendido públicamente que «fortalecer a la ANP es la única alternativa viable» para asegurar que «Hamás nunca pueda ejercer poder político» en un hipotético Estado palestino.
El ministro Albares ha reafirmado esta postura en repetidas ocasiones, insistiendo en que la ANP es «la única interlocutora y la única autoridad representativa» del pueblo palestino y que su estabilidad institucional resulta fundamental para la paz.
Además, la mayoría abrumadora de la ayuda española a Palestina, «que sí se ha incrementado», ha sido gestionada a través de mecanismos multilaterales con supervisión internacional.
De más de 76 millones de euros aportados desde octubre de 2023, sumas importantes han sido canalizadas mediante la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos), la OCHA (Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios), el Programa Mundial de Alimentos y el Comité Internacional de la Cruz Roja.
En 2024, España autorizó 233 millones de euros para organismos internacionales, con una asignación específica de 20 millones para UNRWA.
No obstante, las dos excepciones a este modelo de supervisión multilateral son destacadas por fuentes israelíes. Se trata de dos transferencias directas: una de 2 millones de euros en agosto de 2024 para «salarios y pensiones» de funcionarios palestinos; y otra de 2 millones de euros en octubre de 2025 mediante el mecanismo PEGASE de la Unión Europea, también destinadas a «salarios y pensiones».
Los pagos
Según los documentos de inteligencia israelí apuntados en poder de este medio, estas ayudas «sin identificación específica» son las que generan preocupación en el Gobierno de Netanyahu.
Fuentes cercanas al Ejecutivo israelí sostienen que «tanto España como la Unión Europea fingen desconocer que la ANP sostiene estos programas de pagos a terroristas, pero esa es una falsedad, como revelan estos documentos».
Uno de los informes describe cómo «desde 2004, la ANP ha mantenido una estructura legal para abonar pagos a terroristas presos y sus familias».
La normativa palestina determina que el monto de la compensación está «directamente relacionado» con la duración de la condena: «A mayor gravedad del ataque terrorista, mayor es la recompensa».
El texto detalla que «los presos terroristas en Israel reciben estipendios mensuales: un preso sin familia cobra 1.800 shekels (aproximadamente 515 euros), mientras que un preso con familia recibe 2.500 shekels (unos 715 euros)«.
El informe añade que cuando un terrorista cumple «cinco años en prisión, la recompensa aumenta en un 50%». Si cumple 30 años o más, la compensación mensual se duplica.
Las familias de los denominados «mártires» (terroristas fallecidos en operaciones) también reciben pagos mensuales permanentes.
Exigencias
Los donantes internacionales condicionaron la continuidad de la financiación a que la ANP interrumpiera este programa de pagos. La Autoridad Palestina anunció públicamente la suspensión del programa en una fecha concreta.
No obstante, el programa nunca cesó por completo.
La ANP «simplemente alteró su estructura administrativa», trasladando los pagos a través de oficinas postales en Cisjordania operadas bajo una denominación informal y sin registros contables oficiales vinculados directamente a Ramallah.
Un segundo informe de la inteligencia israelí indica que el 25 de octubre pasado, a las 10:00 horas, las oficinas de correos de la ANP efectuaron pagos de salarios y estipendios a terroristas encarcelados y a familias de «mártires».
El documento reporta conversaciones en redes sociales sobre los pagos parciales realizados por la ANP, debido a su crisis financiera, entre receptores de estos recursos.
Un beneficiario preguntó: «Buenas noches, para quienes tienen salarios superiores a 5.000 shekels (1.430 euros), ¿qué porcentaje han recibido hoy?«.
Las respuestas indicaban pagos incompletos: algunos recibieron 3.000 shekels (1.230), otros sólo el 50% de sus salarios regulares.
El informe señala que la ANP «intencionadamente, no realizó anuncios oficiales públicos» sobre estos pagos dado que había informado a los donantes internacionales sobre la presunta finalización del programa.
El retraso en los pagos fue calculado para que «todos, incluso las familias de los terroristas», creyeran que efectivamente el programa había concluido.
El informe de inteligencia documenta que, tras el 25 de octubre, familiares de presos terroristas y personas heridas en operaciones contra objetivos israelíes se movilizaron públicamente, protestando contra la ANP y solicitando explicaciones sobre la suspensión del programa.
Amenazaron con «protestas sin precedentes» si no se les daba respuesta.
Ante estas presiones, la ANP informó extraoficialmente a los beneficiarios cuándo y cómo se continuarían los pagos, así como en qué oficinas de correos específicas de Cisjordania podrían cobrarse.
Esta comunicación informal permitió mantener la apariencia oficial de que el programa había finalizado.
El documento destaca que este sistema de «oficinas postales» funciona como un colchón administrativo: la ANP puede sostener públicamente que no realiza estos pagos, mientras que los fondos sí llegan a terroristas y familiares mediante canales informales que no generan registros contables rastreables hasta Ramallah.