El PSOE se opone a instaurar un registro nacional de lobbies y una definición uniforme a nivel estatal, atendiendo a las peticiones de sus aliados nacionalistas como EH Bildu y ERC.
Cada comunidad autónoma tendrá la facultad de definir y regular los grupos de interés (lobbies) según sus propias normativas, en lugar de contar con una regulación común en toda España.
En este momento, el Gobierno tampoco tiene previsto crear una autoridad independiente para supervisar la actividad de los lobbies, posponiendo esta decisión hasta que se desarrolle el Plan Estatal de lucha contra la corrupción.
El próximo miércoles se llevará a cabo la sesión final de la Comisión de Hacienda y Función Pública para redactar la ponencia relativa a la conocida como Ley de Lobbies. El Ejecutivo dispone de dos opciones para aprobarla: sus socios habituales, a pesar del bloqueo anunciado por Puigdemont, o buscar el apoyo del PP.
Todo apunta a que se inclinara por la primera alternativa, aun requiriendo el respaldo de Junts, aunque esta normativa no forma parte de las iniciativas legislativas que Carles Puigdemont propuso negociar al considerarlas «beneficiosas» para Cataluña.
Fuentes del partido popular afirman que los socialistas ya les han informado del rechazo a dos enmiendas que Génova consideraba esenciales para apoyar la norma. Se trata, además, de propuestas que contravienen las exigencias de los nacionalistas.
La primera enmienda desechada solicitaba la creación de un registro nacional de lobbies para evitar duplicidades, petición rechazada por socios como EH Bildu y ERC.
En ese mismo texto se proponía una definición única para los grupos de interés en toda España con el fin de unificar criterios. Al no aprobarse, cada autonomía podrá elaborar su propia definición.
Asimismo, se ha comunicado que, por ahora, no se establecerá una autoridad independiente, ya que está ligada al futuro desarrollo del Plan Estatal de lucha contra la corrupción.
Como paso provisional, hasta que no se apruebe este conjunto normativo de quince puntos, anunciado por Sánchez en el Congreso tras la revelación del caso Cerdán, todas las cuestiones se remitirán a la oficina de conflicto de intereses, que depende del ministerio de Transición Digital de Óscar López.
Frente a este rechazo, fuentes parlamentarias del PSOE indican que, hasta esta ponencia del miércoles, no comentarán ni adelantarán las enmiendas que serán descartadas.
En Génova, al constatar que no existe posibilidad de acuerdo, afirman: «No apoyaremos la ley de lobbies de José Blanco», recordando que el exministro de Fomento con José Luis Rodríguez Zapatero preside actualmente Acento.
En este lobby colaboran expolíticos tanto del PSOE como del PP. Blanco ostenta la presidencia, mientras que Alfonso Alonso, exministro de Sanidad durante el mandato de Mariano Rajoy, ejerce como CEO.
Junto a Blanco fundó Acento el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez, Antonio Hernando.