Jordi Pujol, exlíder de Cataluña de 95 años, será juzgado mediante videoconferencia desde su residencia pese a declarar un grave deterioro cognitivo.
El proceso judicial examina la fortuna oculta de la familia Pujol, acusada de organización criminal y lavado de dinero, con la Fiscalía pidiendo nueve años de prisión para el expresidente.
Anticorrupción sostiene que el clan Pujol escondió grandes sumas en Andorra, derivadas de favorecer a empresarios en concursos públicos del gobierno catalán.
El hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, enfrenta la mayor condena solicitada: 29 años de cárcel por su supuesta implicación en los delitos investigados.
El expresidente de Cataluña Jordi Pujol i Soley será juzgado por su fortuna oculta.
Este lunes comenzó la vista oral del llamado caso Pujol, en el que también están acusados los hijos del exmandatario.
Al inicio, durante una sesión a puerta cerrada que duró más de una hora y media, el tribunal de la Audiencia Nacional interrogó al patriarca acerca de su estado de salud.
Sufre demencia y su defensa solicitó que fuera excluido del juicio debido a su «deterioro cognitivo grave». Sin embargo, la Sección Primera de la Sala de lo Penal decidió mantener a Jordi Pujol i Soley en el proceso.
«El tribunal ha acordado iniciar el juicio con su presencia«, informó el presidente del tribunal al exlíder.
«Esto significa que, inicialmente, usted estará presente en las sesiones del juicio y [el tribunal] decidirá conforme avance si debe continuar o si se produce algún cambio», explicó el magistrado José Ricardo de Prada.
«En todo caso, cuando se requiera su participación activa, [el tribunal] evaluará si usted está en condiciones de intervenir o no», añadió el juez.
«Por tanto, el tribunal le permitirá estar en su domicilio y conectarse [por videoconferencia] al juicio», aclaró De Prada.
La Fiscalía Anticorrupción solicita nueve años de prisión para Jordi Pujol. Considera que la familia, el clan Pujol, actuó como una organización criminal en un momento en que este apellido era casi sinónimo de Cataluña.
Según el escrito acusatorio de Anticorrupción, que supera las 200 páginas, los integrantes, «actuando en conjunto», ocultaron desde al menos 1991, una «considerable cantidad de dinero» en Andorra.
Esos fondos serían el resultado del favorecimiento a ciertos empresarios para que ganaran distintos concursos públicos de la Administración catalana.
El Ministerio Público acusa al exlíder y sus hijos de presuntos delitos de organización criminal y lavado de capitales.
El primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, enfrenta la petición más dura: 29 años de cárcel.
Según Anticorrupción, el expresidente «usó su posición política« para establecer una red clientelar mediante la cual él mismo y ciertas figuras empresariales afines al partido que lideraba, Convergencia Democrática de Catalunya, repartían los beneficios económicos provenientes de concursos públicos cuya adjudicación dependía de diferentes administraciones catalanas bajo control de esta fuerza política.
El abogado Cristóbal Martell, defensor de Jordi Pujol Ferrusola, destacó al inicio del juicio «la falta de competencia de la Audiencia Nacional» para juzgar el caso y la petición de remitir las actuaciones «al auto de apertura de juicio oral».
El letrado demanda que el caso sea juzgado por la Audiencia Provincial de Barcelona. «La Audiencia Nacional solo es competente cuando el delito se comete en el extranjero en su totalidad», explicó Martell.
«Los fondos están en Andorra, pero la actividad ilícita habría ocurrido en España, (…) según la teoría incriminatoria de la Fiscalía», resumió el defensor.
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