El Grupo Parlamentario Popular demanda al Gobierno que justifique el retraso de 13 meses en la licitación de las obras para el desvío del barranco del Poyo, proyecto pendiente desde hace 14 años y que podría haber reducido la gravedad de la catástrofe provocada por la DANA.
El PP también interroga sobre la falta de respuesta de la ministra Diana Morant a las solicitudes de ayuda tras el desastre y por qué el ministro del Interior no declaró la situación de emergencia nacional, lo que impidió la movilización de recursos extraordinarios.
El proyecto inicial para el desvío del Poyo fue aprobado en 2011 pero fue detenido en 2021 al considerarse demasiado costoso y supuestamente incompatible con la normativa valenciana; la licitación actual solo contempla la elaboración de nuevos proyectos con una ejecución prevista para 2028.
El PP acusa al Gobierno de priorizar inversiones en otras áreas, como el Ebro, mientras bloqueaba las obras en la Comunidad Valenciana, lo que aumentó el riesgo de inundaciones en la región.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una serie de preguntas al Gobierno para que «asuma responsabilidades» sobre la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024.
EL ESPAÑOL ha tenido acceso a estos documentos parlamentarios que resaltan las «inconsistencias» del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que «tomó 13 meses» para licitar las obras del barranco del Poyo, un proyecto que llevaba 14 años sin avanzar.
Una de las preguntas clave se presentó apenas días antes de la comparecencia de Carlos Mazón en la comisión de investigación del Congreso: «¿Por qué el Gobierno sigue sin poner en marcha las obras del barranco del Poyo que habrían evitado la magnitud de la catástrofe de la dana?»
El Ministerio de Transición Ecológica aprovechó la atención mediática por la comparecencia del presidente regional dimitido para ocultar la licitación, 14 años después, de un nuevo proyecto para unas obras aprobadas por Teresa Ribera en 2011, cuando era secretaria de Estado en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y paralizadas por ella misma, ya en el cargo de vicepresidenta, en 2021.
La pregunta, firmada por el diputado Rafael Hernando antes de la última acción del Ejecutivo, 13 meses tras la tragedia, «evidencia la responsabilidad política» de un Gobierno que descartó invertir en prevención, dejando a Valencia expuesta al riesgo de inundaciones, según señalan los populares.
El Ejecutivo no licitó la elaboración de nuevos proyectos hasta el 18 de noviembre de 2025, es decir, 380 días después de la catástrofe. Esa demora queda patente en esa primera pregunta parlamentaria: una inacción constante durante más de un año, a pesar de poder haber acelerado los trámites para emprender las obras de mitigación.
Esta paradoja resume la trayectoria desastrosa de las obras: aprobadas bajo un Gobierno socialista, revisadas burocráticamente por el siguiente, y bloqueadas cuando Ribera regresó al poder.
Entre las preguntas planteadas por el Grupo Parlamentario Popular destaca también la demanda de aclaraciones a la ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant. Los diputados del PP cuestionan «por qué la ministra ignoró las solicitudes de atención y ayuda formuladas por el vicepresidente de la Reconstrucción, Gan Pampols».
La pregunta parlamentaria, registrada el 17 de noviembre de 2025, hace referencia al año transcurrido tras la dana, cuando el teniente general Francisco José Gan Pampols fue designado vicepresidente de la Reconstrucción.
Según se detalla en el escrito parlamentario firmado por 13 diputados populares, la propia Morant «reconoció públicamente no haber respondido a sus comunicaciones». Este «abandono» representa, para el PP, otro ejemplo de las «incongruencias» y la «falta de coordinación» provocadas por el Ejecutivo con el gobierno regional.
El PP también cuestiona «por qué el ministro del Interior no declaró la emergencia nacional» tras conocer la gravedad de la catástrofe. Esta omisión «impidió la movilización de recursos extraordinarios» que habrían acelerado la llegada del Ejército y las Fuerzas de Seguridad en los momentos más críticos.
Más de un año señalando negligencias
Mazón ha denunciado que «en más de un año, el Gobierno no ha realizado ninguna acción para activar las obras hidráulicas necesarias para la Comunidad Valenciana, que tiene el terreno más peligroso de Europa«. En su última entrevista antes de dimitir, dada a EL ESPAÑOL, lamentó que «si se repitieran las lluvias, la tragedia se repetiría».
Este mismo mensaje reiteró el jueves María José Catalá, alcaldesa de Valencia, quien destacó en una entrevista para Onda Cero que «la Comunidad Valenciana lleva años solicitando esas obras hidráulicas» que podrían haber mitigado los efectos de la tragedia, «así como el desvío del Turia, que hace décadas protegió a la ciudad el 29-O».
Los populares insisten en que, incluso antes de que se mencionara el cambio climático, la región ha sufrido «dos o tres episodios de gota fría anuales» con inundaciones y riadas que requieren medidas preventivas.
Por su parte, Juanfran Pérez Llorca, candidato para suceder a Mazón, ha criticado la falta de actuación del Ejecutivo central sobre las infraestructuras que habrían reducido el impacto de la catástrofe.
Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, ha establecido un marcado contraste entre la responsabilidad política asumida por Mazón y la pasividad del Gobierno central.
«El único que ha asumido responsabilidades fue Mazón, pidiendo disculpas, reestructurando su Gobierno en dos ocasiones, gestionando la reconstrucción con recursos propios, entregando miles de millones en ayudas directas y, finalmente, dimitiendo», afirmó Feijóo.
El PP también ha denunciado que Moncloa retrasó «intencionadamente» la llegada de asistencia del Ejército y las Fuerzas de Seguridad. «El Gobierno utilizó la DANA como instrumento de confrontación política, tal como hizo con los incendios del verano anterior», acusan los populares. Esta estrategia política habría empeorado los daños en las horas iniciales críticas.
«Costoso para el beneficio que aporta»
La investigación de EL ESPAÑOL revela que la empresa Typsa formuló en 2010 un proyecto de 240 millones de euros que incluía siete intervenciones. En 2011, obtuvo una declaración de impacto ambiental favorable, firmada por Ribera.
Sin embargo, ni el Gobierno de Zapatero asignó presupuesto para la obra, ni el de Rajoy la impulsó durante la crisis económica. Solo modificó los pliegos para ajustarlos a la nueva normativa europea, sin comenzar la ejecución.
Al llegar Sánchez en 2018, encontró un proyecto antiguo pero válido. En 2021, su Gobierno decidió paralizarlo definitivamente, alegando que era «demasiado caro para el beneficio obtenido» y supuestamente «incompatible» con la Ley de la Huerta del ejecutivo socialista valenciano.
El ingeniero Javier Machí, responsable del diseño de las obras, advirtió en varias ocasiones: «La obra estaba aprobada. El Gobierno nunca asignó fondos«. Sobre su impacto, afirmó que «la inundación habría sido mucho menor, con menor velocidad del agua y menos daños en zonas urbanas. Habría salvado vidas«.
La licitación realizada en noviembre de 2025 solo contempla la redacción de nuevos proyectos, con un plazo de 36 meses. La ejecución no comenzaría antes de 2028, más de tres años después de la DANA y casi 20 años tras su diseño original.
El Gobierno destinó 33,7 millones de euros para el Ebro en 2021, mientras paralizaba el Poyo alegando «falta de presupuesto». Esta disparidad, el PP la califica como una decisión política, no económica.