Los sindicatos estiman que el ajuste podría alcanzar entre 6.000 y 7.000 trabajadores, aunque aún no hay cifras oficiales
Telefónica enfrenta esta semana una de las negociaciones laborales más importantes de los últimos años. La compañía dará detalles entre lunes y martes de la próxima semana sobre el alcance del expediente de regulación de empleo (ERE) que planea activar en siete de sus principales sociedades. Aunque aún no existen datos oficiales, las estimaciones iniciales desde el entorno sindical sitúan la cifra entre 6.000 y 7.000 empleados. La empresa se ha limitado a confirmar la puesta en marcha del proceso y el calendario para informar los datos.
Telefónica comunicó el pasado 17 de noviembre a UGT, CCOO y Sumados-Fetico que abrirá un ERE en Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones, Telefónica S.A., Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+. En las tres primeras, incluidas en el Convenio de Empresas Vinculadas, se revelarán los números este lunes. Las cuatro restantes recibirán la propuesta el martes.
Un ajuste que se incluye en su plan estratégico
El ERE forma parte del plan estratégico que Telefónica presentó el 4 de noviembre. El documento contempla un ahorro de costes que podría alcanzar los 3.000 millones de euros para 2030, con 2.300 millones previstos para 2028. Cerca del 75% del ajuste corresponde a gastos operativos, incluyendo el gasto salarial, según informó Europa Press.
Durante la presentación del plan, el consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo, explicó que estas previsiones incluyen todos los ahorros considerados “factibles” y que cualquier medida que implique personal se aplicará mediante diálogo con “los representantes de los trabajadores”.
El precedente del ERE de 2024 en Telefónica
Telefónica ejecutó su último ERE en enero de 2024, con la salida de 3.420 empleados frente a las 5.124 bajas inicialmente previstas. El proceso fue de adscripción voluntaria y superó la demanda prevista, dado que se registraron 3.640 solicitudes para cubrir las 3.420 plazas.
El coste del despido ascendió a aproximadamente 1.300 millones de euros antes de impuestos y la media pagada por trabajador fue de alrededor de 380.000 euros. A cambio, la empresa obtuvo un ahorro estimado de 285 millones de euros anuales. Este modelo, aplicado en Telefónica de España, Móviles y Soluciones, es la principal referencia sindical para el proceso actual.
Telefónica comunica a los sindicatos su intención de activar un ERE en siete de sus principales filiales
La posición de los sindicatos y el Gobierno
Los sindicatos mayoritarios mantienen posturas críticas ante el anuncio. UGT exige que la empresa deje de usar la reducción de plantilla como herramienta organizativa y pide que todas las salidas sean voluntarias. También reclama que la negociación se extienda a todas las sociedades sin alcanzar acuerdos parciales y solicita convenios colectivos con vigencia mínima hasta 2030 para garantizar la estabilidad de quienes permanezcan en la compañía, petición que comparte CCOO.
Sumados-Fetico sostiene que, si se ejecuta, el ERE debe ser “voluntario, universal y no discriminatorio”. Esta organización aboga por condiciones económicas al menos equivalentes a las del ajuste de 2024 y considera fundamental que la empresa ofrezca garantías claras sobre el futuro profesional de los empleados que continúen.
Las tres organizaciones coinciden en negociar con voluntad de acuerdo, pero insisten en que cualquier medida debe asegurar derechos, estabilidad y uniformidad en las condiciones laborales.
El Gobierno también ha dejado “muy clara” su postura. Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, defendió ante los medios que “lo que suceda debe ser siempre con acuerdo de los sindicatos”. El Ejecutivo mantiene un rol relevante en Telefónica al poseer un 10% de su capital a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Un marco social recién firmado
La comunicación del ERE se produce pocas semanas después del acuerdo alcanzado entre Telefónica y los sindicatos para establecer el primer marco social común para toda su plantilla en España. Este pacto, firmado en octubre, busca unificar derechos y poner a las personas en el centro de la transformación interna.
Incluye líneas de acción focalizadas en cohesión territorial, impacto de la inteligencia artificial en el empleo, atracción de talento, nuevas formas de trabajo y políticas de igualdad y diversidad.
Según Europa Press, los plazos adoptados por Telefónica coinciden con la intención de cerrar el contenido del ERE antes de que finalice el ejercicio fiscal o a comienzos de 2026, de forma que su impacto pueda gestionarse dentro del calendario contable previsto.