Seis mensajes, dos llamadas, un correo, una nota y un triple borrado conducen a la condena de un grupo de magistrados reconocidos por su alta capacitación técnica
Una ex alta funcionaria del Ministerio de Justicia durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (Carmen Lamela). El ponente de la sentencia que sancionó al ex esposo de la infanta Cristina, Iñaki Urgandarin, en el caso Noós (Antonio del Moral). El responsable del fallo relacionado con el procés (Manuel Marchena). El juez encargado de un asunto de violencia con violación conyugal que instauró una tendencia jurídica reforzada luego por la Ley contra la Violencia de Género (Juan Ramón Berdugo). Un defensor de la justicia restaurativa y de los Derechos Humanos (Andrés Martínez Arrieta).
Los magistrados del Supremo que, por una mayoría de cinco contra dos, han sentenciado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no son «militantes con toga» de la «ofensiva ultra», como afirmaba ayer la ministra de Juventud, Sira Rego. Los miembros de la más alta autoridad judicial del país, que emitieron su fallo conforme a Derecho y en un proceso con todas las garantías, cuentan con una reputación indiscutible por su imparcialidad, cualificación técnica y el rigor jurídico de sus resoluciones.
Tras analizar las pruebas y el desarrollo del juicio, el tribunal no tuvo otra alternativa que condenar a García Ortiz por un delito de revelación de secretos al filtrar datos reservados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador. El contundente testimonio de Antonio Balas, teniente coronel de la UCO de la Guardia Civil, junto con la declaración de la víctima, quien afirmó que le habían «destrozado la vida», fueron determinantes.
El fiscal general, condenado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos
El tribunal también valoró la filtración del correo electrónico con la confesión del abogado del novio de Ayuso al fiscal de Delitos Económicos de Madrid, Julián Salto, admitiendo que «efectivamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública», así como la divulgación de la nota de prensa con detalles sobre las negociaciones que la defensa de González Amador sostuvo con la Fiscalía para alcanzar un acuerdo. Estas son las claves de una condena histórica:
EL TRIBUNAL
Cinco de los siete magistrados del tribunal han sido catalogados como conservadores, por pertenecer varios a la asociación judicial de esa orientación, la Asociación Profesional de la Magistratura, pero no es sencillo encasillarlos dentro de un esquema ideológico convencional. Por ejemplo, Martínez Arrieta, presidente de la Sala de lo Penal y del tribunal que dictó la condena al fiscal general, se considera progresista y fundó una asociación judicial moderada, la Francisco de Vitoria. Inició su carrera condenando a varios mandos policiales por la desaparición de ‘El Nani’ y alcanzó fama en 2000 con una sentencia que determinaba que los toxicómanos implicados en delitos debían ser internados en centros de desintoxicación en lugar de en prisión. Su imparcialidad quedó demostrada con Baltasar Garzón, a quien condenó en el caso de las escuchas de Gürtel y absolvió en el juicio sobre las víctimas del franquismo.
Berdugo es conservador, pero ello no le impidió ser ponente de la sentencia que confirmó condenas de hasta 51 años de prisión para los procesados en Gürtel. Por su parte, Marchena renunció en 2018 a presidir el CGPJ y el Supremo tras la revelación de un mensaje de WhatsApp del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, jactándose de que con su elección, el partido controlaría la Sala Segunda del TS «por detrás» mediante el acuerdo de renovación del poder judicial entre PSOE y PP. La Sala de lo Penal que ahora condena a García Ortiz es la misma que en varias ocasiones ha rechazado querellas presentadas por Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
EL INTERÉS
Existen hasta 13 pruebas que cercaron a García Ortiz. Seis mensajes, dos llamadas, un correo, una nota y un triple borrado condujeron al fiscal general a una inhabilitación de dos años. Para comprenderlo, hay que remontarse a principios de 2024, cuando la Fiscalía Provincial de Madrid recibió un informe de la Agencia Tributaria señalando que el novio de Ayuso podía haber cometido dos delitos contra la Hacienda Pública y uno de falsificación documental. El 7 de marzo, el colaborador directo de García Ortiz en la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, contactó con la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, solicitando información sobre el expediente. «¿Podrías pedir que nos lo envíen?», escribió por WhatsApp al día siguiente, dejando constancia del interés que la Fiscalía General dirigida por García Ortiz tenía en el caso. Este interés marca el inicio del «dominio», según Antonio Balas, del fiscal general sobre todos los hechos.
«PUBLICIDAD POR FGE»
El 12 de marzo, a las 6:01, elDiario.es publicó la primera noticia sobre el fraude fiscal del novio de Ayuso, incluyendo fragmentos de la documentación que la Fiscalía Provincial había proporcionado a Villafañe. Pilar Rodríguez intercambió varios mensajes ese día comentando la noticia, y al siguiente escribió a un contacto: «El jueves Diego [Villafañe] me pidió las diligencias y le envié toooodo. Supongo que después de analizarlas, fue cuando la Fiscalía General le dio publicidad».
«FRENÉTICO INTERCAMBIO»
A las 21:29 del 13 de marzo, EL MUNDO publicó: «La Fiscalía propone un acuerdo a la pareja de Ayuso para que reconozca dos delitos fiscales mientras judicializa el caso». Esta información, según concluyó el Supremo en uno de sus autos, motivó un «frenético intercambio de comunicaciones» entre García Ortiz y otros fiscales, con los correos intercambiados entre la defensa del novio de Ayuso y el Ministerio Público como centro de las conversaciones. A las 21:34, García Ortiz llamó a Rodríguez, quien a su vez contactó con el fiscal encargado. La fiscal jefe de Madrid escribió a las 21:54 un WhatsApp al fiscal general: «Hola. ¿A qué correo te envío los correos cruzados de Julián [Salto] y el abogado [del novio de Ayuso]?». García Ortiz respondió con su correo personal y minutos después, Rodríguez le remitió dos emails, a las 21:59 y 22:01.
EL CORREO
El correo recibido por García Ortiz a las 21:59 contenía el email que la defensa del novio de Ayuso envió a Fiscalía el 2 de febrero, reconociendo los delitos. Parte de aquel mensaje fue difundido por la Cadena Ser a las 23:25 (en la web a las 23:51). Tras recibir dos correos intercambiados entre Fiscalía y defensa, García Ortiz notó la ausencia de un tercero, correspondiente a la información de EL MUNDO. Rodríguez inició una serie de comunicaciones para obtenerlo. Mientras tanto, el fiscal general insistía: «En cuanto lo tengas», le escribió, agregando: «Lo necesitamos para cerrar el círculo». A las 23:46, Rodríguez envió dicho correo.
LA NOTA
Tras la medianoche, con acceso total a los correos, la conversación entre el fiscal general y Rodríguez cambió hacia otro tema: la nota de prensa que se preparaba para informar que la defensa fue la primera en ofrecer el pacto a Fiscalía, con datos reservados del novio de Ayuso. A las 00:12 del 14 de marzo, García Ortiz envió a Rodríguez el comunicado para enviar y escribió: «Revísalo y dime si está correcto». Rodríguez y Alonso revisaron y aprobaron el texto, a lo que García Ortiz respondió: «Gracias». El juicio reveló un hecho que había pasado desapercibido en la instrucción y que las acusaciones incorporaron en sus calificaciones definitivas: esa nota de prensa también fue filtrada a El País horas antes de ser enviada al resto de medios. A las 9:10 del 14 de marzo, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, recibió una llamada de García Ortiz. Según su testimonio, al contestar le dijo: «¡Has filtrado los correos!». «Eso ahora no importa, hay que sacar la nota cuanto antes», respondió el fiscal general. Antes y después de esa llamada, García Ortiz insistió a Lastra para que diera publicidad a la nota: «Es imperativo publicarla», escribió en una serie de WhatsApps que EL MUNDO hizo públicos, añadiendo: «Si dejamos pasar el momento, perderemos la narrativa».
EL TRIPLE BORRADO
García Ortiz eliminó los mensajes enviados y recibidos entre el 8 y el 14 de marzo. Además, cambió de teléfono una semana después de que el Supremo decidiera abrirle una investigación. También borró la cuenta de Gmail donde recibió el correo de la defensa del novio de Ayuso, alegando motivos de seguridad para justificar estas acciones.