Felipe González acompañó a Barrionuevo y Vera hasta la entrada de la prisión, se produjo un cierre de filas tras las condenas a Chaves y Griñán, y Sánchez se ha volcado en la defensa del fiscal general del Estado.
Cuando el Congreso otorgó en 1995 el suplicatorio para investigar al ex ministro José Barrionuevo en relación con el caso Marey, el Gobierno de Felipe González manifestó una «convicción absoluta» acerca de la inocencia del ex ministro. Los socialistas mantuvieron esa defensa firme hasta el último momento, incluso tras la condena y encarcelamiento de Barrionuevo: «Queremos que obtenga la libertad ya porque, en este caso, libertad significa justicia», afirmó González tras visitarlo en prisión.
Los socialistas repitieron esta postura ante las investigaciones abiertas a los expresidentes andaluces por los ERE. «[Manuel] Chaves y [José Antonio] Griñán son personas íntegras. Confío en su inocencia», expresó Pedro Sánchez días después de que fueran procesados en 2016. Nuevamente, el respaldo se sostuvo hasta el final, con el presidente defendiendo su inocencia incluso después de que el Tribunal Supremo confirmara sus sentencias en 2022: «No se apropiaron ni de un céntimo, pero pagan justos por pecadores».
Ambos escándalos, aunque de índole diferente, representaron un desafío para el PSOE, que respondió con reacciones similares. Actualmente, esta estrategia se repite por tercera vez. «El Gobierno siempre ha tenido fe y defendió la inocencia del fiscal general del Estado. Sin embargo, hoy el Poder Judicial ha dado su veredicto y ha cerrado esta causa. El Ejecutivo tiene el deber legal de acatar la sentencia, pero también la responsabilidad moral de expresar públicamente que no la comparte», afirmó el jueves el ministro de Justicia, Félix Bolaños, tras conocerse que el Tribunal Supremo condenó a Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos.
La apertura de juicio oral contra el máximo responsable del Ministerio Público no alteró el discurso de los socialistas, tampoco lo hicieron las múltiples resoluciones judiciales dictadas en el caso Marey y en los ERE. Que el Gobierno continuara respaldando al fiscal general incluso al enfrentarse a un juicio no fue novedoso: otros miembros destacados del PSOE llegaron a acudir en persona a la puerta de la cárcel acompañando a los condenados.
El 11 de septiembre de 1998, el ex ministro del Interior José Barrionuevo y el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera ingresaron en la prisión de Guadalajara. Llegaron a la entrada de la cárcel en el mismo vehículo que el entonces presidente del Gobierno, Felipe González, quien fue el último en despedirse, según relataron los medios de la época. Ambos habían sido sentenciados a 10 años de prisión por el secuestro de Segundo Marey, dentro del caso GAL.
Conociendo de antemano cuál sería el fallo del Supremo, un mes antes los socialistas ya habían expresado su respaldo a sus compañeros. «Quiero aprovechar esta comparecencia para reafirmar la convicción que hemos mantenido y mantenemos sobre [su] inocencia», manifestó Alfredo Pérez Rubalcaba en representación de los socialistas. Esta postura llevó a acompañar a los condenados en sus últimos momentos de libertad, con una concentración en la puerta de la cárcel donde se reunió toda la cúpula del partido. «Hoy se está cometiendo una injusticia», denunció el entonces secretario general del PSOE, Joaquín Almunia. Tras el encarcelamiento, los dirigentes socialistas continuaron defendiendo a Barrionuevo y Vera y solicitaron un indulto que el Gobierno de José María Aznar concedió meses después.
Chaves nunca tuvo condena de prisión; Griñán sí, aunque no ingresó debido a su estado de salud. En esta ocasión, los socialistas no replicaron la escena a las puertas de una cárcel, aunque parecían dispuestos a hacerlo si hubiera sido necesario. A pesar de que Sánchez moderó su respaldo a los investigados mientras se sentaban en el banquillo, el PSOE andaluz mantuvo el apoyo completo, y cuando el Supremo confirmó la condena de los expresidentes, el partido cerró filas de forma total. «Podría considerarse que pagan justos por pecadores», señaló Pilar Alegría, quien debutaba como portavoz del PSOE en julio de 2022. La misma postura expresó entonces Santos Cerdán, aunque, a diferencia de otros, él sí fue dejado de lado por los socialistas.
El modus operandi aplicado al ex secretario de Organización del PSOE y a José Luis Ábalos lo encuadra el partido de Sánchez dentro de su defensa de la ética y de la rápida actuación ante sospechas de irregularidades. Sin embargo, esta postura no se aplicó con Barrionuevo ni durante el caso ERE, ni tampoco ahora con el fiscal general. A García Ortiz no se le exigió renunciar. Como en aquellos escándalos previos, los socialistas han reiterado su respeto a la decisión judicial y su confianza en que los tribunales se pronunciarían a favor de la inocencia del acusado. «Dejemos que actúen, porque el Estado de Derecho funcionará», dijo el ministro Bolaños. En cada uno de esos casos, incluido el actual, las sentencias judiciales no les han dado la razón.