Organizaciones radicales como Ikama y GKS han fomentado una nueva etapa de violencia y acoso ideológico en las universidades del País Vasco y Navarra, afectando a estudiantes, docentes y periodistas.
El ambiente de intimidación y control ideológico está llevando a que numerosos alumnos elijan universidades privadas, mientras que las públicas se ven dominadas por minorías organizadas y radicalizadas.
Profesores y sindicatos de la Ertzaintza alertan sobre la escasa respuesta firme de las autoridades y el deterioro de la libertad académica, la convivencia y la pluralidad en los campus.
Plataformas como Ego Non critican el silencio institucional frente a la violencia y advierten sobre una purga ideológica interna entre la izquierda abertzale tradicional y los grupos más radicales emergentes.
Hasta ahora, la violencia universitaria en España parecía un fenómeno exclusivo de Cataluña durante los años del procés (que afectó a jóvenes constitucionalistas como los de S’ha Acabat!) y del País Vasco.
Sin embargo, las recientes protestas por Palestina, la agresión sufrida por un periodista de EL ESPAÑOL en Pamplona y la gira realizada por el activista Vito Quiles por varios campus, que ha enfrentado la resistencia de colectivos «antifascistas», han puesto de manifiesto esta problemática en diversos puntos del país.
Los especialistas policiales consultados identifican dos grupos como los principales promotores de la renovada kale borroka.
Por un lado, Ikama, un sindicato estudiantil creado en 2020 y un competidor agresivo frente a Ernai, que representa a las juventudes de Sortu, el ala juvenil de Bildu. Por otro lado, GKS, un colectivo antisistema explícitamente estalinista que está expandiéndose más allá del País Vasco.
Este último, junto con Ikama, fue responsable de organizar a fines de octubre la protesta violenta en el campus de la Universidad de Navarra, donde un periodista de EL ESPAÑOL, José Ismael Martínez, fue gravemente agredido. No hubo condenas oficiales por parte del Gobierno.
No obstante, la Policía Nacional detuvo el viernes pasado a cuatro jóvenes por su presunta implicación en dichos hechos.
Carlos Martinez Gorriarán es profesor titular de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad del País Vasco (UPV) desde 1992. Fue uno de los impulsores del Foro de Ermua, de la plataforma ¡Basta Ya! —de la que fue portavoz— y de UPyD.
En 2002, formó parte de los 42 docentes de la UPV que firmaron un manifiesto denunciando la existencia en su campus de una «red mafiosa que apoya, justifica y se beneficia del terrorismo, sin que la colaboración con ETA haya sido sancionada con la debida severidad».
A sus 65 años, recientemente ha vuelto a observar carteles en el campus de San Sebastián en los que lo etiquetan como «tránsfobo, machista, fascista y sionista«. Y se ha jubilado.
«No me retiro por las amenazas«, comenta en diálogo con EL ESPAÑOL, «lo hago porque he podido y porque estoy cansado de la degradación de la universidad. No solo por esta kale borroka. La universidad está controlada por grupúsculos y es imposible trabajar así».
«La universidad«, indica el creador de ¡Basta Ya!, «está dominada por individuos fanáticos: Vito Quiles no puede acceder, pero Irene Montero actúa impunemente. En el País Vasco, la Universidad, especialmente la de Humanidades y Ciencias Sociales, está bajo el control de la extrema izquierda«.
Martínez Gorriarán también recibió amenazas en junio. «Pero no es solo contra mí, afecta a todo el profesorado calificado de ‘fascista’. Me dediqué a la política con UpyD hasta 2016. Esto sucede, digamos, desde 2018. Vivimos un ambiente de coacción que se oculta».
¿Ha habido muestras de apoyo? «Han llamado para mostrarme solidaridad tres profesores y el decano. ¿El resto? Como si nada ocurriera. Igual que en Cataluña«.
Sin embargo, enfatiza que «esto no es un problema solo vasco, afecta a toda la universidad española. Aquí tiene más repercusión por ubicación. Yo he dado clases con escolta. También han amenazado a docentes de la Facultad de Periodismo críticos con lo sucedido en el campamento de verano de Bernedo».
En el entorno académico, afirma el profesor, «son pocos los que generan problemas. Pero la Ley de Universidades les favorece: son un pequeño grupo, y aunque tengan pocos votos controlan el Consejo de Estudiantes, que representa el 20% de los votos para elegir rector. Por eso hay tanta dependencia».
Los rectores vascos «tienen una inclinación desproporcionada hacia Bildu: organizan actos de apoyo a Palestina, han suspendido fondos para investigar con universidades israelíes… Y está ocurriendo algo que nadie comenta: que los estudiantes comunes se están trasladando a la privada, y las universidades públicas lo saben».
Las fuentes consultadas coinciden en que la situación en universidades vascas y navarras arranca hace siete años. En 2018, explica Gorriarán, «los jóvenes que estaban en el instituto ahora están en la universidad. Son grupos perfectamente estructurados».
Según él, la violencia ocurrida en octubre en la Universidad de Navarra es la «evidencia» de este fenómeno: «Se está gestando una segunda oleada de terrorismo, ya que la kale borroka es terrorismo».
Este terrorismo callejero es «de segunda generación y mucho más extremo que el primero. Entre pintadas de Gora ETA, recientemente vi carteles señalando con las caras de Abascal, Sánchez, Feijòo… y Otegi. Para ellos, Otegi es un enemigo de clase. Son radicales, estalinistas… En la universidad incluso rindieron homenaje a Stalin en su aniversario. Su pensamiento es ajeno al 90% de la población».
Iñaki Arteta, director de cine, guionista, fotógrafo y activista de derechos humanos, conocido por dar voz a víctimas de ETA, actualmente impulsa el Archivo Audiovisual de las Víctimas del Terrorismo de España.
En entrevista con EL ESPAÑOL, Arteta comenta que Bildu «se ha convertido en un partido convencional, pero enfrenta un problema con sus juventudes. Han surgido nietos rebeldes que están haciendo apenas una fracción de lo que realizaron ellos. Estos jóvenes ven a Bildu como conservadores».
No duda en apuntar la causa y efecto: «Algunos medios les han dado una difusión exagerada. Les han otorgado titulares de ‘manifestación multitudinaria’ cuando solo eran 500».
Resume que en el País Vasco «pasan cosas extrañas. La política se desarrolla en un silencio palpable. Si antes esto era extraño en España, ahora lo es más. Aquí el constitucionalismo es inexistente«.
El momento actual es «un período de transición. El PNV lo reconoce, y se percibe que su gran ciclo se acerca a su fin. Aunque la diferencia entre PNV y Bildu no será significativa. Si Bildu sustituye al PNV, el panorama permanecerá igual«.
La situación es similar a la de hace décadas, al menos en las calles. «La semilla de la violencia está presente. Observa lo que le hicieron a este joven [en referencia al periodista de EL ESPAÑOL]. Dado que tras las acciones de ETA sus integrantes están en libertad, se piensa que hacer ruido ahora no tendrá consecuencias. Eso es lo que sucedió. ¿Alguien condenó estos actos?»
El cineasta advierte que la violencia «podría intensificarse. Ha habido una tolerancia prolongada hacia ETA… y ahora que están en Madrid, Bildu da discursos y transmite mensajes afines, pero cada vez menos. Es un factor novedoso en esta dinámica de poder».
Él destaca varios aspectos de este fenómeno: «Nadie menciona ya la independencia. ¿Para qué, si lo tienen todo? Solo les falta la selección de fútbol, como comentó recientemente Mertxe Aizpurua. Buscan logros simbólicos».
Otro aspecto es «la inmigración, la baja natalidad y el hecho de que tenemos la población más envejecida de Europa. Saben que siempre estarán bajo la dependencia de España. Otegi lo sabe. Dependencia que resulta paradójica considerando la situación actual del Gobierno español».
En el País Vasco, subraya Arteta, «no hay tranquilidad. Es una paz extraña, forzada. Un final negociado similar al de Cataluña, donde los constitucionalistas no tienen peso. La sociedad ha pasado de vivir en la violencia a hacerlo en el silencio«.
Por su parte, Juan Carlos Sáez, secretario general del Sindicato Profesional de la Ertzaintza (Si.P.E.), manifiesta a EL ESPAÑOL que existe «una gran preocupación ante el incremento de episodios de violencia, intimidación y acoso ideológico» protagonizados por grupos radicales en universidades del País Vasco y Navarra.
Estas conductas «están causando un grave daño a la convivencia académica y creando un ambiente de miedo que afecta a estudiantes, docentes, personal universitario y a cualquier participante en actividades formativas o divulgativas en los campus».
En los últimos meses, «varios centros universitarios han observado cómo minorías organizadas irrumpen en eventos académicos, interrumpen conferencias, boicotean debates, impiden clases y emplean la intimidación para imponer su postura ideológica.
Estas acciones, basadas en amenazas, insultos y presiones físicas o verbales, «atentan contra principios fundamentales de la universidad como la libertad de expresión, la libertad académica y el respeto al pluralismo«.
Sáez señala que estos comportamientos «no constituyen protestas legítimas, sino actos coercitivos. Cuando un colectivo decide quién puede hablar, qué actividades se realizan o qué ideas se discuten, se trata de una agresión directa al marco democrático».
La universidad, afirma, «no puede ser rehén de quienes reemplazan el diálogo por la censura ni de quienes quieren imponer una hegemonía ideológica mediante el miedo».
«Cada acto suspendido», agrega, «cada ponente expulsado y cada clase boicoteada representan un retroceso en las libertades colectivas«.
Por esta razón, Si.P.E. considera fundamental «que las autoridades académicas y el Gobierno Vasco respondan con firmeza para detener esta escalada de violencia y asegurar el cumplimiento de la ley en los campus».
Asimismo, Juan Carlos Sáenz enfatiza que las universidades «deben manifestarse sin titubeos contra cualquier intento de censura o dominio ideológico. No debe permitirse que minorías agresivas condicionen contenidos, vetos o presencias«.
EGo Non (Yo no) es una plataforma juvenil del País Vasco y Navarra que busca no mostrar «ni complicidad ni indiferencia» ante «la normalización de homenajes a etarras, la manipulación histórica y el olvido institucional».
Entre sus miembros se encuentran Claudia Múgica, nieta del socialista asesinado por ETA Fernando Múgica, y Elena Heredero, cuyo abuelo, Antonio Heredero Gil, «fue asesinado por ETA en Salamanca el 2 de septiembre de 1992. Era Coronel del Ejército de Tierra».
La aparición de los radicales de Gazte Koordinadora Sozialista (GKS) y Mugimendu Sozialista (MS) en el escenario político vasco «remite inevitablemente a los años 50 y 60 del siglo pasado, cuando jóvenes nacionalistas vascos insatisfechos con la moderación del PNV comenzaron a organizarse independientemente. Así surgió ETA».
Tanto GKS como MS son, en su opinión, «muestra del fracaso del Estado y, sobre todo, de los partidos políticos para impedir el éxito de las ideas nacionalistas vascas».
Puesto que, señalan, «el nacionalismo vasco como ideología inspiró el terrorismo y permanece exento de culpa». Por ello, GKS y MS comparten esta ideología con Bildu y PNV, y continúan presentes en las instituciones, con una influencia mayor que nunca».
«Una purga ideológica»
La asociación liderada por Claudia Múgica y Elena Heredero denuncia que «la izquierda abertzale oficial, actual sostén del Gobierno, ha alimentado durante años a una bestia fundamentada en el odio y la xenofobia. Han formado generaciones convencidas de que las calles les pertenecen por derecho y que la universidad es un espacio reservado para su hegemonía política».
«Esa entidad hoy mira con desprecio a Otegi y Sortu», explican, «los consideran traidores que se acomodaron en las instituciones. Lo que se observa en la UPV y Navarra, en las calles, manifestaciones y fiestas es una purga ideológica interna. Es la batalla por el control entre los afines a Bildu y los nuevos grupos radicalizados».
Por ello, esta «nueva kale borroka es el hijo ilegítimo de la legitimación de Bildu. Porque si se enseña que la violencia tuvo justificación política en el pasado, ¿cómo se explica a los jóvenes de GKS o MS que ahora no la tienen?»
A Ego Non también le inquieta «el silencio oficial que acompaña a la violencia». Señalan que el caso de José Ismael Martínez, periodista de EL ESPAÑOL agredido en Pamplona, es paradigmático.
Se trata de una agresión «a la que no siguió la condena clara y urgente que se esperaría de cualquier Gobierno democrático».
«Cuando la prensa es atacada por militantes políticos», comentan, «la sociedad debería alarmarse. Pero en cambio, hubo una tibieza cómplice que transmite un mensaje peligroso: la violencia queda impune».

