El Tribunal Supremo ha sentenciado al fiscal general García Ortiz por divulgar datos tributarios confidenciales de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, a los medios de comunicación.
El Supremo ha determinado que García Ortiz es culpable tanto de la filtración de un correo electrónico del abogado de González Amador como de la posterior publicación de una nota de prensa que reiteraba dicha información.
La condena incluye una multa económica, una inhabilitación especial para ejercer empleo o cargo público por un periodo de uno a tres años y una compensación de 10.000 euros a González Amador por perjuicios morales.
El tribunal no consideró que la filtración causara un «daño grave» y, por ello, no impuso pena de prisión. Mientras tanto, el Gobierno ha iniciado los procesos para designar a un nuevo fiscal general.
La Sala Penal del Tribunal Supremo comunicó ayer una resolución histórica que condena, por primera vez en la etapa democrática, a un fiscal general por un delito cometido en el ejercicio de sus funciones: la divulgación a la prensa de datos fiscales perjudiciales del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Este fallo se adelantó —aunque la sentencia aún no está completamente redactada— para evitar filtraciones que pudieran dañar la imagen de la Sala, en un caso donde el delito principal es precisamente la revelación de información confidencial.
No obstante, no resulta inusual que las Salas del Supremo —no solo la Penal— anticipen decisiones en casos donde temen fugas de información o valoran el asunto como especialmente relevante. En este asunto se dieron ambas situaciones.
El tribunal llegó a esta conclusión apenas una semana después de concluir el juicio. Sin embargo, según fuentes consultadas, la deliberación no se realizó de forma precipitada: los miembros de la Sala, que asistieron todos los días al juicio y compartieron incluso las comidas en el propio tribunal, ya habían intercambiado opiniones y comenzaron a deliberar inmediatamente después de emitir el visto para sentencia el jueves 13 por la tarde.
Cinco de los siete magistrados de la Sala (incluido su presidente, Andrés Martínez Arrieta, quien redactará la sentencia, y los jueces Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y Carmen Lamela) coincidieron en considerar a García Ortiz responsable tanto de la aparición en Cadena Ser del correo del 2 de febrero de 2024 como de la creación de la nota de prensa que reiteró el contenido específico del citado ‘email’.
En el correo del 2 de febrero, el abogado fiscalista de González Amador, Carlos Neira, propuso a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid alcanzar un acuerdo de conformidad en relación con el expediente iniciado por la Agencia Tributaria contra la pareja de Ayuso por un presunto fraude de 350.000 euros.
«En efecto, se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública», escribió Neira en ese email cuyo contenido fue filtrado a la Cadena Ser la noche del 13 de marzo de 2024 y divulgado aproximadamente una hora y media después de haber llegado a la cuenta del fiscal general.
En la nota de prensa difundida la mañana del 14 de marzo de 2024, la Fiscalía reafirmaba que «la propuesta de conformidad presentada por el letrado defensor reconocía la autoría de González Amador en la comisión de ‘dos delitos contra la Hacienda Pública’«. De esta manera, se institucionalizó la filtración que indicaba que el abogado admitía la condición de defraudador fiscal de la pareja de Ayuso.
La finalidad de dicha nota era refutar una noticia falsa publicada a las 21:29 horas del 13 de marzo de 2024 en El Mundo, que alegaba que la Fiscalía había propuesto a la pareja de Díaz Ayuso declararse culpable de fraude tributario.
La Sala ha aplicado el tipo básico del artículo 417.1 del Código Penal, que sanciona a «la autoridad o funcionario público que revele secretos o información que conozca en razón de su empleo o cargo y que no deben difundirse».
Esta modalidad básica incluye una multa de doce a dieciocho meses (la Sala ha elegido el mínimo) y una inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a tres años (el tribunal fijó el punto medio).
La pena habría sido de uno a tres años de prisión, junto con la inhabilitación mencionada, si el tribunal hubiese considerado que «la revelación provocó un daño grave para la causa pública o terceros».
No existe «daño grave»
En este caso, los jueces no apreciaron que la filtración y la nota de prensa subsecuente ocasionaran un daño grave para González Amador, pese a que él declarara rotundamente en la segunda sesión del juicio, el 4 de noviembre, que el fiscal general le había «destrozado» la vida.
Esto explica que el alto tribunal no haya aplicado la pena de prisión solicitada por la acusación particular y haya reducido a 10.000 euros (frente a los 400.000 pedidos) la indemnización por daños morales a González Amador.
Según fuentes consultadas, la sentencia valorará los testimonios de periodistas que afirmaron tener acceso al correo del 2 de febrero antes que el fiscal general en su cuenta privada de Gmail. Se dedicará atención jurídica al secreto profesional del periodista y cómo afecta a la validez de estos testimonios.
El fallo implica la pérdida del cargo de fiscal general para García Ortiz, aunque su círculo cercano estima que esta condena no conllevará necesariamente la expulsión de la carrera fiscal.
Muchos fiscales presentes en la sede de la Fiscalía General al conocerse la sentencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo, alrededor de las dos de la tarde, se dirigieron al despacho de García Ortiz, donde lo encontraron «incrédulo» y «abatido».
«Se mostró sorprendido, no podía creer lo sucedido, no esperaba este desenlace», manifestaron varias personas que han conversado con García Ortiz en las últimas horas.
El fiscal general salió satisfecho del juicio el día 13, tras escuchar un sólido informe de su defensor, el abogado del Estado Ignacio Ocio, quien argumentó que «no existen pruebas contra él porque no pueden existir».
La Abogacía del Estado presentará un incidente de nulidad de actuaciones previo al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, no solicitarán la suspensión cautelar de la inhabilitación especial, pues el Gobierno anunció ayer que ya comenzó los trámites para designar un nuevo fiscal general.
No se descarta que García Ortiz deje la Fiscalía General antes de que se nombre a su sucesor. «Esa decisión depende de él», aseguran fuentes gubernamentales, que han defendido con firmeza, aunque sin éxito, la inocencia del condenado.