El Ejecutivo ha manifestado su respaldo al fiscal general Álvaro García Ortiz tras la sentencia emitida por el Tribunal Supremo, mostrando su consternación y desacuerdo con el fallo.
Diversos ministros y miembros del Gobierno han expresado su intención de impulsar un indulto para el fiscal general, aunque este procedimiento implica varios meses de tramitación y no implicaría su reincorporación al cargo.
El portavoz del PSOE junto con otros representantes de la coalición y aliados parlamentarios han calificado la sentencia como una «vergüenza» y han denunciado una posible persecución política por parte del sistema judicial contra el Ejecutivo.
Varios partidos del bloque de investidura han intensificado sus críticas hacia el poder judicial, interpretando la condena como parte de un ataque por parte de sectores políticos y judiciales de derecha contra el Gobierno de Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez mantiene la convicción de que la alta jerarquía judicial, es decir, el Tribunal Supremo, mantiene un enfrentamiento contra el Gobierno, dentro del cual se encuadra la condena conocida este jueves del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Por ello, fuentes de la Moncloa reflejan su profunda indignación ante la resolución, aunque públicamente el Ejecutivo opta por una reacción más comedida.
De este modo, la declaración institucional leída por el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, dejó patente su desacuerdo con el fallo y mostró su respaldo al fiscal general, incluyendo a la vez un llamado a confiar en la Justicia.
En privado, no obstante, la postura del Gobierno es mucho más tajante.
La tesis defendida es que no se trata de una persecución dirigida personalmente contra García Ortiz, sino contra el Gobierno y particularmente contra Sánchez, calificándolo como la «persecución de la derecha política, mediática y judicial» que se ha venido denunciando durante casi dos años.
Fuentes del Ejecutivo descartan que Sánchez contemple renunciar, convocar elecciones anticipadas o adoptar medidas similares, pues entienden que eso significaría una señal de debilidad y una entrega en ese pulso.
De hecho, sostienen que quienes promueven esas ideas «se equivocarán gravemente». «La indignación masiva generada por esta injusticia flagrante es considerable, y los que atacan a Pedro desde hace nueve años no han aprendido nada», añaden, en referencia a la movilización que prevén en la izquierda como respuesta.
«La avalancha de solidaridad que provoca la injusticia y la maldad siempre se dirige hacia él», explica un alto cargo del Gobierno.
En el seno del Ejecutivo, esta acusación se extiende a otros procesos judiciales que afectan directamente al presidente, como aquellos contra su esposa y su hermano, los cuales en abril de 2024 lo llevaron a dedicar un fin de semana a reflexionar sobre su permanencia.
Ese episodio sirvió para fortalecer el discurso y el mensaje electoral sobre la persecución y la injusticia.
No consideran viable aplicar esa sospecha a los casos de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, dado que, según reconoció el propio Bolaños, las pruebas expuestas en el informe de la UCO son contundentes.
El indulto
En medio de la indignación por la sentencia del Supremo, algunos miembros del Gobierno se pronuncian a favor de solicitar un indulto que reafirme la postura del Ejecutivo y, aunque sea inviable la reposición de Álvaro García Ortiz en su cargo, que al menos permita su retorno a la carrera judicial.
No obstante, dicho indulto debe ser solicitado y tramitado con informes consultivos del tribunal sentenciador, es decir, del Supremo y la Fiscalía. El plazo medio para la tramitación de esta medida de gracia es de aproximadamente seis meses.
La solicitud y el proceso, así como un eventual recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, no suspenden la ejecución de la sentencia, salvo que se adopte una medida excepcional.
Fuentes gubernamentales también hacen referencia a la existencia de dos votos particulares, pendientes de conocer su contenido, y expresarán ese hecho de manera pública.
Sánchez actuó de forma similar respecto al voto particular de un magistrado sobre la resolución que autorizó que Álvaro García fuera juzgado.
Las críticas provenientes de sus socios de coalición y parlamentarios han sido mucho más ásperas, presentando claramente el caso como una persecución política por parte del Tribunal Supremo.
Efectivamente, esta postura por parte de los aliados puede servir, tal como en casos parecidos, para fortalecer la cohesión del bloque de investidura, que actualmente mostraba fisuras provocadas por temas como el informe de la UCO sobre Santos Cerdán.
Algunas especulaciones sugieren que Sánchez podría buscar un relevo con un perfil firme para afrontar la complicada situación que afronta la Fiscalía General del Estado.
Reacciones
Las respuestas dentro del partido en el poder y entre sus aliados parlamentarios han sido muy críticas frente a la Justicia.
El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, calificó la sentencia del Supremo como una «auténtica vergüenza». «Después de lo que hemos visto y vivido, esto es una auténtica vergüenza», afirmó ante los periodistas.
La eurodiputada y secretaria de Política Internacional del PSOE, Hana Jalloul, expresó la misma opinión en redes sociales: «Qué vergüenza».
En tanto, la ministra de Juventud, Sira Rego, de Izquierda Unida, calificó la condena emitida por el tribunal como un «mensaje de poder» al país «por parte de quienes visten toga», enmarcando la sentencia dentro de la «ofensiva ultra» contra el Gobierno.
La también ministra Mónica García, de Sumar, publicó en X: «La condena contra el FGE es una humillación para toda la ciudadanía frente al Estado de derecho, la exigencia de pruebas incriminatorias y la presunción de inocencia, criterios que han recibido un golpe fatal. 50 años de democracia merecían algo distinto a dejar todo atado y bien atado».
Por su parte, el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, habló directamente de «golpismo». «Una parte del poder judicial practica golpismo desde hace mucho, pues los golpes de Estado se ejecutan desde platós y tribunales, es una realidad cruda», indicó. «Más allá de condenar al fiscal general del Estado, el mensaje es claro: Ayuso no se toca», añadió.
La portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, definió la condena al fiscal como «asesinato civil». «La derecha judicial y mediática asesina civilmente al fiscal general para ocultar la corrupción de Ayuso y su pareja. Puro golpismo judicial. Bastante ya. ¿Qué más debe ocurrir para que el PSOE renueve el CGPJ con la mayoría democrática y plurinacional?», escribió en redes sociales.
La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, comentó en Twitter: «La condena al fiscal general es un claro golpismo que envía un mensaje a la ciudadanía: ellos mandan y la democracia les da igual. El fascismo es el disfraz de la derecha para frenar las transformaciones. Se necesita una izquierda valiente para enfrentarles».
Por otro lado, Pablo Iglesias afirmó: «Después de lo ocurrido al fiscal general, ¿qué juez o fiscal se atreverá a investigar a los líderes del PP o sus familiares? Ahora es el gobierno quien debe actuar. ¿Tendrá Pedro Sánchez el coraje para hacerlo? Ojalá me equivoque, pero lo dudo».
El líder de Bildu, Arnaldo Otegi, se limitó a recordar una frase del expresidente del Gobierno Jose María Aznar: «El que pueda hacer, que haga».