El PP califica al ministro de Justicia como un «vendedor de crecepelo» y le critica la «anomalía democrática» que representa un Gobierno «sin contrapesos», «sin Presupuestos» y «sin apoyos parlamentarios».
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha evitado confirmar la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, procesado por el Tribunal Supremo por presunta revelación de secretos en perjuicio de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Además, ha reafirmado que España, contrariamente a la opinión del PP, se encuentra en una situación de plena normalidad democrática.
Bolaños se ha referido con sorna a la «terrible autocracia» que supuestamente afecta al país, subrayando que los tres poderes del Estado «funcionan correctamente»; que España ostenta el mayor crecimiento entre las economías de la eurozona; que el Gobierno ha aprobado un catálogo de vestigios franquistas para su eliminación y que ha impulsado 48 leyes en lo que va de legislatura. «Lo anormal», afirmó, «es que exista un partido como el PP dispuesto a aliarse con un grupo ultra, machista y xenófobo como Vox».
Para el ministro de Justicia, la corrupción resulta «repulsiva» y ha solicitado «permitir que la Justicia actúe» sin «ensuciar» el proceso, algo que, según su criterio, hace el PP. «Yo no imagino acusar a todos ustedes de corruptos. Esa mezquindad se la dejo a ustedes», declaró.
Bolaños respondió así a la pregunta de la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, quien quería saber si el ministro comparte la declaración del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que proclamó la inocencia del fiscal general antes del fallo del Supremo. «¿Es esto normalidad democrática?», preguntó la portavoz popular.
García insistió en que «cuando el presidente decide quién es inocente, culpable o quién obtiene un indulto», no se trata de una democracia plena sino de «un poder sin contrapesos», una «autocracia». Según ella, «declarar inocente al Fiscal general sin que los jueces se pronuncien es un abuso de poder».
Desde la perspectiva popular, España «experimenta una anomalía democrática aunque el Gobierno etiquete como normalidad lo que en realidad es un deterioro institucional». Para fundamentar esta afirmación mencionan la intención declarada de Sánchez de gobernar con o sin respaldo del Parlamento; los casos de corrupción que afectan al Ejecutivo; la ausencia de Presupuestos durante la actual legislatura y la falta de «votos y apoyos» para aprobar un techo de gasto con vistas a una incierta presentación de las cuentas estatales para 2026.
La portavoz del PP reprochó a Bolaños que, en lugar de actuar como ministro, parezca un «vendedor oficial de crecepelo» y subrayó que «no es normal perder unas elecciones y luego negociar la investidura en Waterloo con el reo Santos Cerdán«, ni «menospreciar al Senado afirmando que no representa a nadie ni bloquear más de 30 leyes solo por miedo a derrotas parlamentarias».
A esto añadió la anomalía que implica que «la mujer y el hermano del presidente del Gobierno estén imputados», que de los dos ex secretarios de Organización del PSOE «uno esté en prisión y el otro a punto de entrar», y que el propio presidente «ordene una limpieza sin límites». Tampoco es admisible, según García, que una vicepresidenta del Gobierno, refiriéndose a Nadia Calviño, «manipule datos del INE»; que ministros candidatos autonómicos «declararen la guerra política a las CCAA»; que se «insulte a los jueces» cuando no gustan sus resoluciones e incluso que «no se condene la dictadura de Venezuela».