En los últimos años, ha existido un debate latente tanto en la sociedad como dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: la conexión entre ciertos tipos de delitos y la proporción de extranjeros implicados en ellos.
El miedo a asociar esta cuestión con racismo o xenofobia ha provocado que ni el Ministerio del Interior ni las policías autonómicas incluyeran en sus informes anuales sobre criminalidad el origen de las personas responsables de delitos en España.
No obstante, esta norma tácita ha sido superada esta semana. El miércoles, la Ertzaintza, siguiendo instrucciones del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria (PNV), difundió el primer informe estadístico que revela la procedencia geográfica de quienes cometen delitos en el País Vasco.
Los datos se han integrado dentro del balance de criminalidad correspondiente a los primeros nueve meses de 2025.
Este informe aparece justo en un momento en que la sensación de inseguridad en el País Vasco ha aumentado, constituyendo una de las preocupaciones principales; en localidades como Bilbao, es ya la preocupación número uno.
Diversos representantes del PNV, entre ellos Iñigo Ansola, presidente de la ejecutiva territorial en Vizcaya, respaldan la publicación de estos datos y la califican como «adecuada».
El dato más destacable del informe es que el 64% de los 5.230 arrestados en 2025 son extranjeros, mientras que el 36% restante son españoles.
En términos absolutos, la Policía vasca detuvo en los primeros nueve meses del año a 3.358 personas de origen extranjero por haber cometido algún delito.
En cuanto a los delitos contra la libertad sexual, la Ertzaintza registró 172 arrestos por agresiones sexuales durante el año, de los cuales 117 fueron extranjeros (49 procedentes del Magreb y 47 de Latinoamérica) y 55 españoles.
En la categoría de homicidios, los 23 extranjeros detenidos representaban el 60% del total de arrestados.
Los delitos de hurtos y robos también reflejan una notable presencia de extranjeros. En hurtos, la Ertzaintza arrestó a 414 personas entre enero y septiembre, siendo 341 extranjeros y 73 españoles. En esta categoría, se investigan 5.645 individuos (2.718 españoles y 2.927 extranjeros).
Respecto a robos con fuerza en bienes —como domicilios, empresas o comercios— los detenidos alcanzaron 460 (317 extranjeros y 145 españoles), y los investigados sumaron 917 (470 extranjeros y 447 españoles).
Por origen, la mayoría de los nacidos fuera del país provienen del Magreb (251 detenidos y 344 investigados), seguidos por personas de Latinoamérica.
En cuanto a los robos con violencia e intimidación, uno de los crímenes que más alarma genera, la Ertzaintza reportó 437 arrestos, de los cuales 358 eran extranjeros y 79 españoles. Esto representa un 74% de detenciones de personas extranjeras.
En esta categoría, la procedencia extranjera predominante sigue siendo el Magreb (293 detenidos y 230 investigados), seguido por Latinoamérica (35 detenidos y 47 investigados).
Debate policial
La divulgación de estos datos ha desencadenado una controversia.
La Confederación Española de Policía (CEP) apoya esta nueva línea informativa y la considera un acto de transparencia que las Administraciones deben garantizar: «El dato en sí es una descripción objetiva de un aspecto más del perfil del delincuente», afirman desde el sindicato.
Indican además que revelar la nacionalidad no vulnera derechos como la imagen o la intimidad, y respeta la presunción de inocencia.
«La estadística de criminalidad es un proceso exclusivamente técnico. Que en cada detención se incluya la nacionalidad del presunto autor no implica estigmatizar a nadie, más aún cuando el Gobierno sostiene que no existe un vínculo causal entre ambos elementos«, añaden.
Jupol también valora positivamente el informe, considerándolo un avance en transparencia, «madurez institucional» y responsabilidad, siempre que se gestione con rigor, en un contexto adecuado y respetando los derechos fundamentales. «La información es conocimiento, y el conocimiento permite tomar mejores decisiones públicas», afirma el sindicato.
«Cada publicación de datos de seguridad debe ir acompañada de análisis comparativos, contexto social y criterios técnicos claros, para que la información sea realmente útil para la sociedad y evite interpretaciones equivocadas», alertan.
Una idea similar expone el Sindicato Profesional de la Ertzaintza (SiPE): «Ocultar estos datos tras categorías ambiguas no contribuye ni a la prevención del delito ni a un debate sincero. Todo apunta a un intento de maquillar unas cifras que evidencian un problema estructural desde hace años».
Informes de Interior
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, siempre ha negado públicamente la vinculación entre inmigración y delincuencia.
«Los datos oficiales muestran que, pese al constante incremento de la población inmigrante en los últimos años, la tasa de criminalidad convencional mantiene una tendencia a la baja», declaró el miércoles en el Congreso.
Sin embargo, según informó EL ESPAÑOL, cinco informes del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) elaborados en los últimos seis años advierten que las migraciones masivas pueden originar problemas relacionados con delincuencia y seguridad.
Estos documentos, basados en cifras del Ministerio del Interior, Exteriores, el CNI y otros organismos, señalaban la posibilidad de que estructuras delictivas o dinámicas procedentes de las zonas de origen se reproduzcan en los países de destino, sin criminalizar la migración en sí.
También se destacaba la conexión entre inmigración y delincuencia en la llamada Estrategia Nacional de Seguridad Marítima 2024. Este informe