La familia dejó de abonar la hipoteca tras la incapacidad del padre y el despido de la madre, ocurrido meses antes del inicio de la pandemia. Existe la posibilidad de que los menores sean enviados a un centro de acogida.
La organización Derecho al Techo de Canarias ha alertado sobre el desahucio inminente de una familia con seis hijos en Ingenio (Gran Canaria), previsto para este jueves, tras la reactivación del proceso judicial que permanecía paralizado desde septiembre al no reconocer el juzgado su situación de vulnerabilidad.
Isabel Saavedra, abogada de la plataforma, ha indicado que el juez considera que la familia no cumple con los criterios de vulnerabilidad porque el padre está empleado y percibe un sueldo. Sin embargo, ella cuestiona este criterio, señalando que, en Canarias, «con los precios disparados, un salario mínimo no es suficiente para cubrir un alquiler de 800, 900 o 1.000 euros y alimentar a seis hijos» con edades comprendidas entre los 3 y 14 años.
El padre, Moisés Macías, recibe un salario mínimo como reponedor, puesto que consiguió tras renunciar a la incapacidad absoluta para poder trabajar, pasando a una incapacidad total, según ha especificado Saavedra.
El desalojo estaba previsto inicialmente para el 9 de septiembre, aunque se suspendió debido a que el juzgado no había resuelto un recurso presentado por la abogada solicitando el reconocimiento de la vulnerabilidad. Sin embargo, el tribunal ha rechazado este recurso y ha fijado de nuevo la fecha del lanzamiento para el próximo jueves.
Macías adquirió la vivienda en 2006 y mantuvo el pago de la hipoteca durante 14 años, hasta que su esposa perdió el empleo poco antes de la pandemia, momento en que las restricciones dificultaron en gran medida la búsqueda de otro trabajo.
Con ingresos limitados a una pensión de incapacidad y un subsidio por desempleo, dejaron de abonar la hipoteca, pero a pesar de que ahora ambos trabajan y pueden hacer frente a la deuda, el fondo que compró su crédito hipotecario exige por la vivienda el 86 % del valor que pagaron hace casi veinte años, sin descuentos por las cuotas pagadas durante 14 años.
La abogada ha interpuesto un nuevo recurso con la expectativa de que se pueda posponer nuevamente el desahucio si no se resuelve antes del día señalado. Además, existe una preocupación añadida respecto a que, en caso de consumarse el desalojo, los niños podrían ser trasladados a un centro de menores.