El experto en Derecho Laboral expone los riesgos legales de forzar un despido y alerta sobre “las tres peores consecuencias” de intentar cobrar el subsidio por desempleo de manera fraudulenta
Aquí se explica qué es el despido procedente
Cuando un trabajador ya no se siente a gusto en su puesto y desea terminar la relación laboral, pierde el derecho a la prestación por desempleo si decide renunciar voluntariamente. Por ello, en ocasiones se recurre a métodos cuestionables para forzar un despido y dejar la empresa con la posibilidad de cobrar el paro. Sin embargo, esta táctica aparentemente sencilla conlleva diversos riesgos que pueden agravar aún más la situación del empleado.
En esta línea, el abogado laboralista Juanma Lorente ha utilizado sus redes sociales para advertir sobre esta conducta. En particular, señala que quienes optan por esta estrategia y faltan al trabajo buscando provocar un despido y así obtener el subsidio por desempleo podrían enfrentar un escenario financiero mucho más delicado que el problema inicial.
“No imagináis lo peligroso que puede resultar esto”, lamenta el letrado en un video compartido en su perfil de TikTok (@juanmalorentelaboralista). El especialista indica que muchas personas asumen esta decisión sin entender a fondo las repercusiones legales y económicas, lo que los expone a riesgos específicos y comprobados.
Las consecuencias de esta estrategia
El experto describe tres posibles escenarios que el trabajador puede enfrentar si intenta forzar un despido. El primero, considerado el “menos perjudicial”, sucede cuando la empresa decide formalizar una baja voluntaria y no un despido. Esta opción frustraría la intención de cobrar el paro, ya que la baja voluntaria imposibilita acceder a dicha prestación y elimina cualquier opción a indemnización.
No obstante, una segunda opción puede acarrear consecuencias mucho más graves. Esta se da si el empleador lleva a cabo el despido, el trabajador consigue percibir la prestación y, meses después, la Inspección de Trabajo detecta irregularidades. La autoridad podría concluir que las ausencias no se deben a un despido genuino, sino a una baja voluntaria enmascarada para lograr un cobro indebido del subsidio. Lorente advierte una de las consecuencias más severas: “Puede llegar un día en que recibas una notificación de la Inspección de Trabajo preguntando: ‘¿Por qué faltaste al trabajo?’”. Si la justificación no convence, “la Inspección podría interpretar que en realidad fue una baja voluntaria y que faltaste con la finalidad de obtener el paro”. Como resultado, el SEPE podría solicitar la devolución total de las prestaciones ya recibidas, dejando al afectado con una deuda y sin ingresos asegurados.
Qué sucede con el dinero invertido en otro negocio
El tercer escenario es el más delicado. Cuando el trabajador, tras obtener el paro, solicita la capitalización del subsidio para invertirlo en un negocio propio y luego la Inspección de Trabajo comprueba el fraude, la obligación de reembolsar la suma completa puede causar un daño económico irreparable. “Imaginen que fuerzas el despido, sales de la empresa, recibes el paro, solicitas el paro capitalizado, es decir, que te lo den en un solo pago, lo inviertes en un negocio (…) Y a los seis meses, recibes esa carta de la Inspección de Trabajo exigiendo que devuelvas esos 20.000 euros que ya gastaste en el emprendimiento. Para mí, esta es la situación más grave posible”, asegura Lorente.
El Supremo establece límites para los despidos disciplinarios: no pueden aplicarse sin que el trabajador tenga la oportunidad de defenderse.
Según el abogado, en cualquiera de estos casos el desenlace es desfavorable, y resalta el desconocimiento extendido que lleva a muchos a recurrir a estas maniobras. “Muchos intentan hacerlo sin entender las consecuencias”, afirma antes de advertir a sus seguidores que “no falten al trabajo para lograr el paro, es una temeridad”