En España, la MGF se encuentra tipificada como delito de lesiones desde 2003 en el Código Penal. Los hijos de las supervivientes conforman redes para aumentar la sensibilización
Ayan (nombre ficticio) tenía ocho años cuando su tía le solicitó que fuera al salón. Allí se encontraban varias mujeres sentadas en círculo, aguardándola. Era apenas una niña y «no entendía qué iban a hacerme», relata. «Me indicaron que me sentara, y después mis tías se sentaron detrás de mí», recuerda. La sostuvieron por la cabeza, los hombros y el cuello mientras «otras dos mujeres sujetaban mis piernas». Sin anestesia ni medicación, Ayan fue sometida a una forma grave de mutilación genital femenina (MGF). «Recuerdo que vomité», añade.
Después de la agresión, las mujeres ataron las piernas de Ayan. La niña permaneció con las piernas atadas en casa de su tía durante una semana. En ese período, solo pudo beber pequeños sorbos de agua. Posteriormente, una mujer examinó la herida y le informó a su tía que algunos puntos no estaban bien y debían corregirse. El procedimiento se tuvo que repetir. «Mi tía me dijo que lo hacía por mi bien, pensando en mi futuro: ‘Si no, nadie se casaría conmigo’», recuerda. La segunda vez le causó un dolor aún mayor. Afirma que es un sufrimiento que nunca olvidará.
En la actualidad, Ayan tiene 23 años y es refugiada somalí en Irlanda, donde llegó en febrero de 2025 solicitando protección internacional. Tras experimentar MGF, fue forzada a casarse con un hombre mayor y sufrió violencia y abusos. Huye de Somalia pasando por Grecia hasta llegar a Irlanda. Presenta la forma más grave de MGF y padece infecciones urinarias frecuentes; aunque ha recibido tratamiento antibiótico y psicoterapia, requiere cirugía. Actualmente, en Irlanda solo existe una clínica especializada en MGF, con largas listas de espera.
«El tiempo de espera se ha incrementado a más de 12 meses, cuando antes eran solo semanas», comenta Wigdan Gasmalla, oficial de salud de mujeres migrantes del proyecto AkiDwA en Dublín. En Irlanda, existen alrededor de 5.277 mujeres y niñas que han sufrido mutilación genital femenina (MGF), según la Asociación Irlandesa de Planificación Familiar (IFPA), y solo una clínica en toda la nación para su tratamiento.
La activista somalí-irlandesa Ifrah Ahmed, quien lleva dos décadas luchando contra la MGF, relata el caso de una mujer migrante embarazada que reside fuera de la capital irlandesa y le comunicaron que no podía dar a luz en su hospital local debido a la falta de experiencia del personal en casos de MGF. «Esto debería haber mejorado», asegura la activista, quien con 17 años huyó de Somalia tras el estallido de la guerra civil (2006-2007) y, tras un largo trayecto, escapó de traficantes y obtuvo asilo en Irlanda.
Hace dos décadas, cuando Ifrah Ahmed comenzó su campaña contra la MGF, comenta que el principal obstáculo era que las mujeres no creían que pudieran expresarse: «Muchas pensaban que hablar de su intimidad estaba mal», destaca. Ahora, eso ha cambiado y «muchas jóvenes acuden para solicitar ayuda, tratamiento médico y cirugía». Sin embargo, aún existen grandes carencias, «especialmente en traducción y en las listas de espera para el tratamiento».
Más de 600.000 mujeres en Europa
La mutilación genital femenina, que consiste en la extirpación total o parcial de los genitales externos femeninos, generalmente se practica en niñas de entre 5 y 8 años en alrededor de 30 países africanos y del Medio Oriente, además de ciertas comunidades en Asia y América Latina. Esta práctica es reconocida internacionalmente como una violación a los derechos humanos. No obstante, Bruselas calcula que, al menos, hay 600.000 mujeres en Europa que la han sufrido y miles de niñas se encuentran en riesgo.
Solo en Francia, aproximadamente 139.000 mujeres han padecido mutilaciones sexuales, según informó la ministra francesa de Igualdad, Aurore Bergé. Además, unas 28.521 niñas en Francia se encuentran en riesgo, de las cuales unas 7.000 están en la región de París. En febrero, Bergé presentó el primer plan en Île-de-France para combatir la mutilación genital femenina.
De las 76.040 niñas residentes en Italia procedentes de países donde esta práctica es habitual, entre el 15% y el 24% se encontraban en riesgo de MGF, según una investigación del Instituto Europeo para la Igualdad de Género en 2017. En Bélgica, esta cifra es entre el 16% y el 27% de 22.544 niñas. En Grecia, entre el 25% y el 42% de 1.787 niñas. Y en Malta, entre el 39% y el 57% de 486 niñas.
En España, no existe un registro exacto de mujeres afectadas, según explica la Fundación Wassu, pero en 2018 se estimaba que de las 39.734 niñas originarias de países donde esta práctica es común –como Guinea Bissau, Mali, Gambia y algunos grupos de Egipto, Mauritania y Nigeria–, entre el 9% y el 15% estaban en riesgo, según el Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE).
La Generación Z se moviliza contra la MGF
«Mi tía, mi madre, mis primas han vivido la mutilación genital femenina«, afirma sin reservas Amal Hussein, refugiada política somalí en España, y referente de Médicos del Mundo en el abordaje de la MGF en España. Proviene de una familia con una larga trayectoria de supervivientes de esta práctica, «y lamentablemente, muchas de ellas murieron durante el proceso», relata a El Confidencial.
Cuando Hussein nació en 1996, en Somalia, su madre tomó la decisión de que su hija viviría diferente. Esta determinación «llevó a mi madre a emigrar y cortar lazos con su familia», admite. Así, rompió una cadena generacional. Su madre y tías fundaron la ONG Save a Girl, Save a Generation, y ahora la Generación Z continúa esta lucha.
Las trabajadoras de Médicos del Mundo en Navarra conformaron una asociación juvenil, llamada ‘Black Power’, compuesta por una treintena de integrantes de entre 13 y 22 años, incluidos los primeros nacidos de supervivientes de violencia de género, incluida la mutilación genital femenina. Son hijas de mujeres de Guinea Bissau, Mali o Somalia, comprometidas con la prevención. «Es vital que esta nueva generación conozca su identidad, de dónde provienen y también dónde están», expresa a El Confidencial Fátima Djarra Sani, mediadora intercultural y activista contra la MGF originaria de Guinea-Bisáu, que trabaja para Médicos del Mundo.
Hussein señala que cuando realizan talleres de sensibilización con mediación intercultural —es decir, con facilitadores formados provenientes de las comunidades afectadas— los resultados mejoran: «Al ver a una mujer de su propia comunidad, que a veces se comunica en su idioma natal, existe mayor interés por escuchar y entender y no perciben la intervención como externa».
Médicos del Mundo desarrolla varios proyectos en España que buscan, por un lado, formar y sensibilizar a las posibles afectadas provenientes de países como Somalia, incluso Gambia y Senegal, «pues en muchas comunidades sigue siendo un tabú». Por otro, capacitan a ‘agentes de cambio’. A veces organizan una «hora del té», un espacio seguro para intercambiar, tomando té o zumos, donde se detectan inquietudes sobre sexualidad, la maternidad o aspectos legales.
Señala que es necesario un abordaje integral, «no solo con las supervivientes», sino también fortaleciendo el liderazgo interno y otros agentes como los adolescentes. Inclusive el lenguaje utilizado, afirma Hussein, tiene importancia.
La Red Europea para acabar con la MGF ha creado herramientas con información, mapas interactivos y campañas. Uno de sus materiales explica cómo ‘hablar de la MGF’, advirtiendo que es fundamental reconocerla como una violación de derechos humanos y no una práctica cultural, además de comprender que su mantenimiento implica tanto a hombres como a mujeres.
Un protocolo pionero, pero «a veces se activa antes»
En España, la MGF se tipifica como delito de lesiones en el Código Penal desde 2003, tras la reforma de la Ley Orgánica II/2003, con penas de prisión de 6 a 12 años, según lo establecido en el Artículo 149.2 del Código Penal. En 2005 se aprobó una norma que facilitó la persecución extraterritorial de la MGF, y aunque fue modificada en 2014, sigue persiguiendo estos delitos cuando la víctima tiene nacionalidad española o reside en España.
En el ámbito legal, Hussein señala que «España cuenta con un protocolo pionero», vigente desde 2005, para perseguir extraterritorialmente la práctica de la mutilación genital femenina. Resalta la importancia de penalizarla, pero también de disponer de una clasificación que reconozca las distintas formas y, por tanto, las sancione de manera diferenciada». La mutilación genital femenina se divide en cuatro tipos, según la extensión del daño causado.
Otra barrera, según Hussein, es la «revictimización de la infancia». Explica que, pese a que resulta difícil de comprender, muchas familias piensan que lo hacen para proteger a sus hijas, «para que no se vuelvan promiscuas o para evitar fracturas en las relaciones familiares», dice. Son convicciones tan profundas que cuando hay denuncias y los niños son separados, las familias no entienden la razón. «Por eso consideramos esencial que exista un apoyo constante y capacitación de todos los actores involucrados, desde policías hasta personal sanitario, porque la revisión médica para comprobar la práctica a veces es traumática también.
Desde 1993 se han documentado casos de mutilación genital femenina en España, aunque la primera condena ocurrió en 2011 en Teruel, por la extirpación del clítoris a una niña de Gambia, y los padres fueron sentenciados a prisión. Posteriormente, ha habido más sentencias, incluyendo en 2013 la de un padre gambiano residente en Cataluña desde 1991 y su esposa, quienes fueron condenados a 12 años de cárcel luego de que se comprobara que la mutilación se realizó en España entre 2010 y 2011.
Suecia y Reino Unido, pioneros en legislación
El Parlamento Europeo aprobó su primera resolución en el tema en 2001 y, en 2009, una resolución específica contra la MGF en la UE. A nivel nacional, Suecia fue el primer país europeo en legislar contra la MGF en 1982, seguida por Reino Unido en 1985. Actualmente, varios países de la UE –incluido España– cuentan con legislaciones específicas contra la MGF, entre ellos Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Irlanda, Italia y Suecia. Además, Irlanda y Croacia han implementado disposiciones específicas. A pesar de leyes más estrictas, las supervivientes siguen esperando atención médica, apoyo y justicia en varios países de la UE.
El convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres, conocido como Convenio de Estambul, exige la criminalización de la mutilación genital femenina. En octubre de 2023, la UE se adhirió a este convenio, aunque algunos países, como Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Lituania y República Checa, aún no lo han ratificado.
En el ámbito sanitario en España, la Fundación Dexeus Mujer fue pionera en lanzar un Programa asistencial que ofrece reconstrucción genital gratuita a mujeres víctimas de MGF desde 2007, liderado por el doctor Pere Barri. Informan que la consulta se realiza con rapidez y no hay lista de espera para la cirugía, aunque se evalúa la lesión. Además, brindan apoyo psicológico. Desde su inicio hasta el 30 de enero de 2025, habían atendido a 225 pacientes y realizado 157 reconstrucciones.
Las mujeres que han sufrido MGF lo recordarán siempre, afirma Ifrah Ahmed: «Aún pueden escuchar las tijeras, aún recuerdan a sus hermanas gritando y la sangre; es como una escena de terror».