Pedro Sánchez persiste en agotar la legislatura hasta 2027 a pesar de la pérdida de apoyos en el parlamento y el rechazo de Junts a los Presupuestos y otras leyes clave.
El presidente del Gobierno solicita la convocatoria de elecciones en la Comunidad Valenciana tras la renuncia de Carlos Mazón, alegando su preocupación por la gestión del PP y Vox.
La carencia de mayoría dificulta la aprobación de normativas como la ‘ley Bolaños’ y la ‘ley Begoña’, que se suman a la lista de leyes bloqueadas por Junts.
El intento de avanzar en el reconocimiento de la cooficialidad del catalán en la Unión Europea enfrenta la oposición de países miembros como Alemania y Finlandia, complicando la promesa hecha por el Gobierno.
Tras el rechazo de Junts, Moncloa ha revelado su plan B, que resulta ser exactamente igual que el plan A: mantenerse hasta 2027 sin importar las circunstancias.
Ante esta nueva vuelta de tuerca de su «manual de resistencia», Pedro Sánchez respondía este viernes solicitando la convocatoria de elecciones en la Comunidad Valenciana para frenar a la «mayoría negacionista» conformada por PP y Vox.
El presidente del Gobierno continúa en una huida hacia adelante, aunque Carles Puigdemont y sus representantes le han dejado claro que presentarán enmiendas a la totalidad a todas las iniciativas legislativas que el Ejecutivo proponga, incluidos los Presupuestos.
Desde Brasil, donde participaba en la COP 2025, Sánchez pronosticaba que «su hoja de ruta» consiste en resistir «con Presupuestos o sin ellos».
Se trata de una versión actualizada de una frase que ya pronunció en septiembre de 2024 ante el Comité Federal del PSOE, cuando adelantó que gobernaría, «con o sin el apoyo del Poder Legislativo».
Desde el inicio de esta legislatura, el Gobierno no ha logrado presentar unas nuevas cuentas y mantiene una prórroga heredada de la anterior legislatura.
Además de los Presupuestos, en Moncloa hay preocupación por otras normas como la conocida «ley Bolaños» para reformar el acceso a la carrera judicial y la «ley Begoña», orientada a limitar las acusaciones populares. Todas ellas forman parte de la lista de normas bloqueadas por Junts.
Sánchez no se muestra afectado y promete «esforzarse con más diálogo», aunque las posibilidades son limitadas debido a la compleja aritmética parlamentaria.
Este mismo viernes, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, desbloqueó la tramitación de la ley propuesta por Junts contra la multirreincidencia, que llevaba paralizada desde febrero.
El obstáculo sigue siendo el mismo: la correlación de fuerzas entre partidos con intereses opuestos.
La normativa es bien recibida por el PNV, pero Podemos, BNG y EH Bildu ya han anticipado que votarán en contra.
Este panorama genera un efecto de déjà vu en Waterloo. Sucedió algo similar con la ley para ceder competencias en materia de inmigración que pactaron con el PSOE. Durante el debate para su toma en consideración, Podemos la rechazó acusándolos de «racistas» y ni siquiera llegó a comisión.
Este lunes pasado, el negociador del Gobierno con Puigdemont, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, anticipaba que era necesario esforzarse para lograr la cooficialidad del catalán dentro de la Unión Europea.
Es un objetivo que sobrepasa lo que Moncloa puede garantizar. El Gobierno ya confirmó que ha iniciado un diálogo con Berlín.
Sin embargo, pocas horas después, la cancillería de Merz expresó que Alemania mantiene su postura contraria respecto a la cooficialidad de las lenguas minoritarias en la UE.
Para aprobarse, se requiere unanimidad entre los países miembros, y otros, como Finlandia, ya han dejado claro que no la respaldarán.
Elecciones, únicamente en Valencia
Casi al mismo tiempo que Sánchez proclamaba un nuevo «resistiré», rompía la neutralidad que debe mantener desde la presidencia y solicitaba «elecciones» en la Comunidad Valenciana.
Ese mismo viernes, el BOE publicó la renuncia de Carlos Mazón sin el habitual agradecimiento «por los servicios prestados». Un suceso poco común que solo ha ocurrido con Artur Mas y tras la destitución de Carles Puigdemont luego del referéndum ilegal del 1-O.
Sánchez reconocía que está «preocupado» porque teme que un nuevo Ejecutivo de derechas «desmonte toda la estructura institucional y presupuestaria destinada a afrontar la emergencia climática», que considera la causa de la dana.
Dicho de otro modo, pide elecciones en la Comunidad Valenciana, aunque exista una mayoría sólida, simplemente porque no coincide con el programa vigente.
Por el contrario, aboga por seguir adelante en España bajo el argumento de que «se está viviendo uno de los mejores momentos de su historia» a pesar de no existir un programa definido ni una mayoría consolidada. Es la «resiliencia» llevada al extremo.